La objeción presidencial al proyecto de ley que reduce los aportes en salud de los pensionados, un caso interesante en términos de equilibrio de poderes.
Si la objeción presidencial al proyecto de ley que reduce los aportes en salud a los pensionados tiene éxito quedará seriamente lesionado el papel del Congreso en la definición de las prioridades del gasto público y el diseño de las políticas públicas. Se consolidaría una especie de fast-track reforzado, no en favor del Gobierno en general, sino del Ministerio de Hacienda en particular.
El legislativo, en cumplimiento de una promesa electoral hecha por el Presidente Juan Manuel Santos, ratificada por los Ministros de Trabajo decidió disminuir del 12 al 4% la cotización en salud que deben pagar los pensionados. El Ministro de Hacienda nunca compartió esa propuesta porque estima que los pensionados son un grupo privilegiado de colombianos que ya reciben cuantiosos subsidios estatales y no encuentra apropiado otorgarles un “beneficio” adicional.
Los economistas ortodoxos califican la propuesta de populista y simplemente la desprecian. El Ministro Cárdenas nunca estuvo dispuesto a estudiar alternativas, ni a reconocer que quien accede a una pensión de jubilación ve disminuido su ingreso, por ese solo hecho, en aproximadamente un 25% y que a ello se le suma el hecho de que debe asumir el aporte que el patrono hacía para financiar su seguridad social en salud equivalente a otro 8%.
Una persona que, por ejemplo, recibe un salario de 2.5 millones de pesos se pensionará, si bien le va, con una asignación de 2 millones y además deberá asumir el pago de unos 160 mil pesos adicionales que mientras está activo es asumido por el patrono. Su pensión, que se reajusta con base en la inflación, se deteriorará si se compara con el salario mínimo que suele reajustarse en algo más que el IPC. Eso al Ministerio de Hacienda no le merece ningún comentario. Cárdenas mandaba cartas displicentemente, casi siempre firmadas por el Viceministro, confiado en que cree tener la última palabra y, en este tema, no “le perdía tiempo” al debate con los congresistas.
La mayoría de los congresistas resolvió desafiar las indicaciones del Ministro de Hacienda, cosa poco usual porque el Ministro es quien administra la “mermelada”, en forma discrecional y eso le da una capacidad de manejo enorme en el Congreso.
Los Ministros de Hacienda suelen ser funcionarios con gran poder: normalmente tienen un conocimiento técnico sobresaliente y eso les da una autoridad especial; en ocasiones son políticamente importantes (fueron Ministros Gaviria, Santos y Oscar Iván Zuluaga); manejan la chequera y tienen información sobre las finanzas públicas que no comparten abiertamente con el resto del gobierno. En este período el Ministro no solo es de la absoluta confianza del Presidente, sino que varios Ministros dicen que a Cárdenas es al único miembro del gabinete que Santos atiende, en todas las acepciones de la palabra (en el sentido de recibir, escuchar y acatar).
Los funcionarios saben que durante estos años los pulsos con el Ministro se pierden. Quizás solo Gina Parody le ganó alguno e incluso Germán Vargas tuvo que manotear y gritar mucho para compensar el poder de Hacienda.
Por todo eso no había duda que, a pesar de que el propio Presidente decía que estaban estudiando el tema, el Gobierno objetaría el proyecto de los aportes en salud para los pensionados. Ya Cárdenas lo había anunciado y el Presidente no le llevaría la contraria como no lo ha hecho en todos estos años. El propio Santos empezó a cambiar su lenguaje para justificar la objeción de una propuesta suya que defendía hasta hacía pocos meses.
El escrito de objeciones presentado por el Gobierno está lleno de sofismas, pero sobretodo de arrogancia: i) dice que no hubo aval del Gobierno y que la opinión del Ministro de Hacienda es para estos efectos la única relevante; ii) equipara la reducción de una tarifa a una exención como si todos los demás fueramos absolutamente ignorantes; iii) afirma que dejar una misma tarifa para todos los pensionados sin importar su nivel de ingreso viola el principio de progresividad como si no se supiera que hoy la tarifa no es progresiva; iv) exagera el impacto fiscal de la decisión como si nadie más supiera sumar y v) se vale de leguleyadas para cuestionar el trámite legislativo.
Al menos no se atrevieron a sostener la falacia que repiten en los medios de comunicación: que cuando se hizo la promesa el petróleo se vendía a 100 dólares el barril y ahora se vende a la mitad de ese valor. Nadie puede sostener seriamente que un gasto recurrente como el propuesto se financia con base en un precio tan volátil como el de los hidrocarburos.
En las 39 páginas tampoco hay una línea para referirse a lo que está verdaderamente en juego que es quién define sobre las prioridades del gasto público.
Dos billones largos de pesos no ponen en riesgo la estabilidad fiscal de un país que distribuye más de 70 billones en subsidios cada año. Cuando hay crisis cafetera, el Ministro saca del sombrero una cantidad similar a esa para paliar la situación. Todos los años se les gira subsidios a los productores de etanol, que son los grandes ingenios azucareros, un cheque por esa cifra sin que nadie diga que el país se va a quebrar por eso. Lo que realmente ocurre es que esas decisiones se toman sin un debate democrático y al Congreso se le excluye totalmente de ellas.
El caso es súper interesante en términos de equilibrio de poderes. Veremos si el Congreso vuelve a desafiar al Ministro todo poderoso y si la Corte restringe hasta hacer casi inexistente el poder del legislativo.
Santos sacrificará lo poco que le queda de popularidad antes que llevarle la contraria a Cárdenas. El Presidente seguirá sin darse cuenta que lo que quita el apoyo ciudadano no es haber logrado acabar con las Farc como él cree, sino reforzar su imagen de persona poco confiable con el incumplimiento de promesas electorales como no subir impuestos y aliviarles la situación a los pensionados.
