La mesa directiva del Congreso se anticipó a abrir el proceso de elección del nuevo Contralor General de la República que se debe realizar dentro de siete meses para dejar amarrado al nuevo Congreso con una lista de candidatos que éste le entregará.
A mi juicio esa decisión vulnera el espíritu constitucional que diseñó un mecanismo que expresamente ordena que el período de ese funcionario debe coincidir con el del Presidente y que la elección la haga el Congreso entrante en la medida que históricamente la Contraloría es tenida como un instrumento técnico del legislativo para hacer control al ejecutivo dentro del complejo sistema de pesos y contrapesos de nuestra Carta.
Esa intención constitucional ha sido la causante de la perversión, también histórica, de convertir a la Contraloría en el principal eslabón de los arreglos clientelistas entre el Congreso y el ejecutivo.
Increíblemente la elección de Contralor se ha convertido en un nudo constitucional. Los abusos ocurridos antes de 1991, de los que fue protagonista, entre otros el abuelo del actual Ministro del Interior, llevó a que la Constituyente buscara un método para restringir los incentivos clientelistas provenientes de la elección libre por parte del Congreso.
Decidió, entonces, que las Cortes postularan una terna de candidatos y el remedio llevó a un contubernio con el Poder Judicial que unánimemente se evaluó como perjudicial y ello llevó a que se devolviera la elección al Congreso con la condición de que se hiciera previo un proceso de selección que busca que el criterio de elección no sea meramente político, sino que tenga un componente meritocrático.
Lo cierto es que antes, durante y después la Contraloría ha sido el elemento central de los acuerdos políticos y de la conformación de mayorías en el Congreso, no solo para la elección del Contralor sino para la integración de la coalición de gobierno, de la elección de mesas directivas en el legislativo, así como para todas las decisiones en materia de control político, incluyendo las de moción de censura, y las elecciones que tiene que hacen Senado y Cámara.
Hace cuatro años, en el estrene del nuevo proceso de elección, el congreso elegido en ese marzo y posesionado en Julio, abrió el proceso que ordena la Constitución y la ley y eligió al Contralor Córdoba. Ahora ese mismo Congreso quiere atribuirse la parte definitiva de la elección del sucesor, quizás previendo que las mayorías congresionales en el próximo período sean muy distintas a las del actual período y que eventualmente se elija un Presidente totalmente opuesto al actual gobierno y su coalición.
Las mayorías actuales quieren conservar la Contraloría y para ello acuden a un procedimiento inconstitucional.
El sistema de controles es un mecanismo equivalente al del funcionamiento de un reloj suizo. Los períodos de los distintos funcionarios están pensados con diversos y esenciales propósitos constitucionales: en unos para preservar la independencia en relación con el ejecutivo, en otros, como en este caso, para reflejar la composición de un organismo en un determinado momento y respetar el principio democrático expresado en las elecciones populares, por eso está previsto que el Contralor lo elija el congreso entrante y no el saliente y que su período coincida con el del Presidente.
En los casos en que el valor fundamental es la independencia, el propio diseño constitucional garantiza que las elecciones no coincidan con los períodos presidenciales como ocurre en la conformación del Banco de la República por ejemplo y, por eso, cuando estuvo vigente la reelección el reloj funcionaba mal. El período presidencial de ocho años no coincidía con los otros períodos y terminaba haciendo inocuo tanto el sistema de controles como el complejo y detallado sistema de distribución de competencias y poderes.
Esta es la discusión que debería hacerse cuando se resuelve si los períodos son institucionales o personales en casos de renuncia de los funcionarios que termina alterando todo el funcionamiento del mecanismo. Lastimosamente esa discusión, cuando se ha presentado, ha estado mediada de intereses políticos y personales y se ha limitado a una supuesta interpretación literal de los textos sin reparar porqué es que una elección debe hacerse en un determinado momento y eso como aporta a la independencia de los poderes, a la eficacia de los controles inter orgánicos y al respeto de las mayorías que ampara el principio democrático.
En la semana que empieza deberán inscribirse los candidatos, solo dos días estarán abiertas las inscripciones lo que devela que todo está “conversado” que ya las mayorías del actual Congreso tienen sus escogidos y que las eventuales mayorías del nuevo serán meras espectadoras.
La decisión de la apertura del proceso de elección se tomó, como no, de primera, es la Resolución No. 001 de este año, está firmada por el Presidente del Senado y la Presidenta de la Cámara y parece que ha tomado distraídos a los eventuales perjudicados, que son los que aspiren a conformar una nueva mayoría en el Congreso, porque nadie ha dicho nada.
El Pacto Histórico que confía en multiplicar por tres su representación en el Congreso no parece haberse percatado y, pues la Coalición de la Esperanza está tan aturdida con la toma, llena de amenazas y ultimátum como son las tomas, protagonizada por Ingrid Betancur que a ninguno de sus muchos candidatos le ha quedado un minuto para preguntar por qué el actual Congreso quiere dejar amarrada la elección del nuevo Contralor.
El partido Conservador, partido del Presidente del Senado, en los 80s y 90s del siglo pasado, cuando era minoría reclamaba que la Contraloría debería ser elegida por la oposición, ahora junto con los compañeros de coalición, prefiere asegurarse sin esperar si estarán en la coalición mayoritaria o no.
