El ministerio de agricultura publicó un proyecto de decreto para promover “la movilización y organización campesina por la reforma agraria”. Este decreto se suma a varios intentos del gobierno de suplantar las vías democráticas constitucionales por instancias paralelas: así lo hizo el presidente cuando le habló al pueblo de levantarse, de organizarse en una “asamblea popular”, y, llegado el caso, de pasar por encima de las instituciones para forzar la aprobación de las reformas en el Congreso. Así lo hizo el gobierno al inventarse unos supuestos “diálogos regionales vinculantes” para el Plan Nacional de Desarrollo, y así se planea darles legitimidad a las opacas negociaciones de paz con el ELN (o, como dejan ver las reiteradas violaciones al cese al fuego, con una parte del ELN).
El gobierno, que en más de una ocasión ha dejado ver su escepticismo frente a las reglas de juego y a la democracia liberal, está intentando crear instancias de participación ciudadana paralelas, normalmente seleccionadas de las propias bases que lo apoyan, y, por lo tanto, dejando de lado personas o grupos de personas que podrían oponerse a sus reformas.
Estas instancias, con decretos como el de la movilización campesina o con lo que parece que va a ocurrir con las negociaciones con el ELN durante el próximo año y medio, no sólo reflejan la participación de cierta parte de la sociedad (que auténticamente apoya al gobierno), sino que legitiman y le dan fuerza normativa a reclamos particulares sin que estos pasen por los filtros institucionales que la Constitución ha dispuesto. El presidente, al que le gusta hablar de “su pueblo” desde hace rato, ya no sólo está hablando por él sino que está usando al Estado para organizarlo a la medida de las necesidades de su programa.
Esto, que sería previsible en un proyecto político corporativista como el del peronismo, no sólo es raro en Colombia (a pesar de que se intentó, sin muchos éxitos, en el gobierno del presidente Lleras Restrepo), sino que implica una invasión del Estado a un espacio político propio de los individuos.
El decreto hace un “llamado a la movilización y organización campesina” e “insta” al “establecimiento y fomento” de Comités Municipales para la Reforma Agraria. Estos comités, según el decreto, serán mecanismos “de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria”. Los comités serán “espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria”, y se organizarán en unas “Asambleas Campesinas por la Tierra”, instituciones que el decreto no desarrolla, pero que deberán ser promovidas por “todos los sectores administrativos de la administración pública”.
Más allá de si con este decreto se está invitando a la ocupación ilegal de tierras (cosa que no es clara), y de su improbable constitucionalidad, el decreto muestra que el gobierno está tratando no sólo que la gente apoye sus reformas (un afán legítimo de todos los gobiernos), sino que también está tratando de organizar la vida social de las personas de tal forma que tales organizaciones sociales no sólo no sean espontáneas e independientes del Estado, sino que sean dependientes de las instituciones públicas. Esto implica una invasión del Estado a lo que Hannah Arendt llamó “lo social”, el espacio entre lo público y lo privado donde los seres humanos se organizan en grupos y asociaciones, ejerciendo de forma libre y sin injerencia del poder político su derecho a la asociación.
Se podría argumentar que el gobierno, con este decreto, sólo está motivando la organización social. Sin embargo, al componer y establecerles una misión a estos comités municipales (la defensa de un proyecto de reforma agraria que impulsa el mismo gobierno), y al imponerle de forma probablemente inconstitucional un mecanismo particular a la democracia participativa directa, obediente de los intereses del gobierno, y dependiente de la colaboración de la administración pública, el gobierno está tratando de darle forma al espacio político, espontáneo y libre en que las personas se organizan de forma independiente al Estado.
Es probable que, si el gobierno decide expedir el decreto, y si el Consejo de Estado no lo tumba, veamos más intentos de intervenir en el ámbito social. El gobierno, que ya no tiene una coalición funcional en el gabinete, y que está sufriendo la elasticidad de la oferta en sus negociaciones con el Congreso, va a intentar darles forma a las organizaciones sociales para ganar una legitimidad que poco a poco ha ido perdiendo.
Mientras tanto, las comunidades campesinas se van a organizar, sin necesidad de llamados del presidente o de decretos, para protestar ante la incapacidad del gobierno de cumplir con las promesas que hizo sobre la reforma agraria.
Nota: hay que agradecer que Fernando Botero, acaso el último modernista, fue colombiano. Una tarde lo vi pasar al lado del magnolio del Museo Botero, acompañado únicamente por su esposa, visitando la colección inmensa que le regaló a Bogotá. Hay que agradecer su generosidad, su extraordinaria pero callada ambición, y, como dijo el New York Times, su “fantástica y caprichosa rotundidad”.
