Quienes trataron de impedir que se suscribiera el acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de las Farc ahora promueven un mecanismo de desmovilización individual en el que no habrá justicia, ni verdad, ni reparación.
Quienes trataron de impedir que se suscribiera el acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de las Farc porque lo calificaban como un acuerdo que garantizaba la impunidad, ahora promueven un mecanismo de desmovilización individual en el que no habrá justicia, ni verdad, ni reparación.
Ese es un método que se ha usado en Colombia durante décadas a través del cual se han “reintegrado” a la vida civil más de 70 mil integrantes de grupos armados a los que el Estado recibe con bombos y platillos en las guarniciones militares, les entrega beneficios económicos y les ofrece beneficios jurídicos que, en la práctica, son una especie de amnistía disfrazada porque no hay noticia de los delitos que han cometido y el Estado, en realidad, desiste de adelantar investigación alguna en contra de quien recibe esos beneficios.
La inmensa mayoría de quienes se desmovilizan por esa vía nunca van a la cárcel porque la justicia no los está investigando o no tiene noticia de que hayan cometido un delito. Reconocen el delito menor, el de pertenencia a un grupo armado ilegal, pero callan sobre las acciones en las que participaron mientras estaban en el grupo y el Estado no tiene cómo probarles si la bomba que pusieron en tal o cual parte, que causó la muerte de soldados policías o civiles, las pusieron los que vienen a entregarse o no.
El desmovilizado respecto del que la justicia no le siga un proceso individual, que es más del 90 por ciento de los que acuden a ese mecanismo, nunca tiene que ir donde un juez, nadie le exige que aporte verdad y mucho menos que repare a las víctimas de sus acciones. Exactamente lo contrario de los desmovilizados de las Farc que, a pesar de que la mayoría de ellos no tenían procesos individuales en su contra, tienen que acudir a la Jurisdicción Especial de Paz y cumplir con los compromisos derivados de su sometimiento, ese sí a la justicia.
Hace tres días se desmovilizaron en Timbiquí, por ejemplo, cinco personas que dijeron ser integrantes del ELN, entregaron armas y municiones. Nadie pregunta nada más. No van a la cárcel. El Comisionado Miguel Ceballos, que lleva años reclamando que los ex Farc entreguen rutas de narcotráfico y reparen a las víctimas, no les pregunta por eso; al contrario, los saluda, apenas pueda se tomará fotos con ellos y les entregará el cheque de 8 millones que les ofreció a cada uno, empezará a girarles los $480.000 pesos mensuales.
Nunca nadie les va a pedir que aporten verdad y Ceballos se olvidará de hacerles los reclamos, algunos justificados, que le hace a quienes suscribieron el acuerdo de La Habana para que entreguen los bienes ilícitos que adquirieron como consecuencia de sus actividades criminales.
El Gobierno aspira por este camino a debilitar al ELN, como, en efecto, se hizo durante el gobierno del ex presidente Uribe con las Farc. En esos ocho años, recibieron beneficios más ex integrantes de las Farc que los que se desarmaron en el marco del acuerdo de La Habana. La diferencia entre unos y otros es que los primeros recibieron todos los beneficios del Estado exclusivamente a cambio de la desmovilización y a los segundos se les impuso una serie de condiciones entre las que está la de someterse verdaderamente a la justicia, ofrecer verdad y reparar a sus víctimas, condiciones que no se les imponen a los que acuden a la desmovilización individual.
Ninguno de los más de 20 mil ex integrantes de las guerrillas que se desmovilizaron entre 2002 y 2010 entregó un solo peso para reparar a sus víctimas, ninguno aportó información alguna para desmantelar organizaciones de narcotráfico, ninguno entregó información adicional a la que ya tenía el Estado sobre sus acciones delincuenciales y las de sus socios en la empresa criminal. Ese es el esquema que ahora el Gobierno anuncia, con bombos y platillos, que repetirá, mientras le exige a grito herido a los ex miembros de las Farc que, como están obligados y es su deber, acudan a las citaciones de la JEP, entreguen los bienes que tengan en su poder, aporten verdad y reparen a las víctimas.
Los procesos de desmovilizaciones individuales han sido útiles en el marco de una política contra-insurgente en el pasado, pero no por ser el resultado de procesos de negociación que se enmarquen en tareas de desarme, desmovilización y reintegración propiamente dichas, sino porque son usadas como estrategias para mejorar la información para combatir, por la vía militar, a esas organizaciones. Pero en ese camino, los afectados son las víctimas, que pierden cualquier expectativa de que sus victimarios acudan a la justicia, ofrezcan verdad o reparen material o simbólicamente el daño que cometieron.
Ese borrón de las víctimas de la ecuación de la desmovilización ya es grave, pero resulta incomprensible promovido por quienes se opusieron a un acuerdo que, con imperfecciones o no, adoptó un mecanismo de sometimiento a la justicia que le abre a las víctimas la esperanza de que podrán acceder a la verdad de los crímenes que los afectaron y de que, con beneficios jurídicos, los victimarios serán condenados por la justicia y tendrán que cumplir alguna sanción, por mínima que sea, la misma que los desmovilizados individuales saben que nunca tendrán.
El Gobierno ha publicado un proyecto de decreto en el que traza la ruta de este viejo mecanismo y ha pedido comentarios antes de expedirlo. Basta con hacer un ejercicio con las herramientas de cualquier computador: buscar en el proyecto las palabras víctimas, verdad y reparación. Habrá 0 resultados para esa búsqueda, ¿es mucho pedirles a los redactores del decreto que se oponen al acuerdo con la Farc pretextando que no reconoce los derechos de las víctimas y que el sistema de justicia transicional no garantiza la verdad, ni la reparación, que consideren incluir esas tres palabritas?
Cínicos.
