El miércoles de la semana pasada murió en el Congreso el proyecto de ley mediante el cual se buscaba liquidar el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia civil. Poca atención prestaron los medios al entierro, cuya mención en un par de escuetas notas no corresponde a la importancia de lo sucedido. Resignado, el Director del organismo se limitó a decir que buscaría hablar con los ganadores de la primera vuelta, para exponer las virtudes del proyecto y buscar su apoyo al mismo. Incluso con el apoyo de éstos, cosa improbable en medio del agite de campaña, el resultado del miércoles pasado se mantendría: la reforma del DAS será tarea para el próximo gobierno.
Hay quienes opinan que, en medio de la coyuntura electoral, la suerte de la iniciativa era apenas previsible. Hace unas semanas, Yamid Amat había cuestionado la capacidad del Gobierno y del Congreso para tramitar un proyecto tan sensible en las actuales circunstancias. El escepticismo del periodista hacía eco en círculos informados: reformar el DAS no hacía parte de las prioridades de ninguno de los candidatos, y el gobierno saliente no estaba dispuesto a cerrar su mandato rodeado de temas espinosos. Palabras más, palabras menos, el único defensor de la reforma parecía ser el propio Director del organismo, Felipe Muñoz.
Muñoz hizo varias cosas para impulsar el proyecto, comenzando con su presentación al Congreso en Septiembre del año pasado. A finales de Abril, organizó un seminario internacional sobre “Controles a las agencias de inteligencia”. Más recientemente, buscó aprovechar un debate de control político para crear consensos sobre la necesidad de desmantelar la entidad y crear una nueva agencia. Nada funcionó. El Congreso se demoró en meses en debatir el proyecto, al seminario internacional no asistió ningún candidato, y en la sesión plenaria poco se habló sobre el futuro de la entidad.
El fracaso de la iniciativa tiene varias explicaciones. A más de un miembro de la oposición no le interesa debatir sobre el futuro cuando criticar el pasado es electoralmente rentable. Otros tantos tienen aún menor interés en escudriñar el pasado, por temor a ver sus partidos involucrados en abusos del organismo de inteligencia. El mismo Gobierno, por su parte, tampoco se jugó sus cartas para salvar la reforma, manteniendo un prudente silencio sobre la muerte de un proyecto que, en su momento, el mismo Presidente consideró oportuno.
Más allá de la coyuntura electoral y de los rabos de paja, sin embargo, surgió una objeción de fondo al proyecto de liquidación del DAS: el temor a que, una vez acabada la entidad, los procesos penales por las chuzadas y otros delitos queden en la impunidad. De todas las razones esgrimidas, es la única que, a primera vista, parece legítima. En un país con reconocidas dificultades para preservar la memoria institucional y los archivos públicos, el desmonte de una entidad como el DAS puede llevar al “extravío” de más de un expediente y la “desaparición” de más de una prueba. Se trata, por lo tanto, de un riesgo real.
Pero por real que sea el riesgo, no es cierto que la solución sea preservar al DAS. De hecho, mantener la actual estructura puede generar mayores obstáculos a las investigaciones que su disolución. Así, más allá de la cooperación de los altos directivos de la entidad con las autoridades judiciales, los presuntos implicados en los procesos mantienen conexiones personales y profesionales con funcionarios que aún se encuentran en la institución, lo cual incrementa sus oportunidades para descarrilar las investigaciones. De esta forma, mientras exista la estructura cuyos recursos y facultades fueron claves para cometer los delitos de los que se les acusa, los presuntos responsables tendrán mayores posibilidades de burlar la justicia.
Sostener al DAS para proteger las investigaciones es, por lo tanto, una solución simplista a un problema complejo. Si de garantizar el curso de los procesos se trata, existen múltiples alternativas para asegurar las pruebas y testigos con una cadena de custodia adecuada. Los archivos se pueden trasladar a la Fiscalía o la Procuraduría, y los testigos claves pueden ser protegidos e impedidos de salir del país.
Entretanto, con la demora en aprobar la reforma del DAS pierden todos. Pierden los funcionarios del DAS, cuya incertidumbre laboral resulta indeseable a injusta. Pierden los partidos de oposición, que al verse ante una oportunidad histórica para reformar el principal organismo de inteligencia del país, prefieren dedicarse a socavar la imagen del gobierno saliente. Y pierde el país, cuyo próximo gobierno se verá obligado a asumir la difícil tarea de liquidar el DAS y crear una nueva agencia. Como si no tuviera suficientes tareas.
