El pasado martes un grupo de enfurecidos manifestantes lograron derribar la primera barrera protectora e irrumpieron sobre el altozano del Capitolio Nacional. Blandían banderas y pancartas con slogans y coreaban sus demandas ante la vista preocupada de algunos policías que custodiaban el edificio. Pronto empezaron a armar cambuches y se asentaron en el piso frío de piedra a la sombra de la estatua de Tomás Cipriano de Mosquera. La cosa parecía ir para largo.
Las primeras noticias de la irrupción hablaron de un acto fomentado por comunidades indígenas, pero luego se supo que la minga tenía un origen diferente. Se trataba de una movilización promovida por la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca–ASOINCA, una organización sindical de maestros.
Su petición: acabar con la intermediación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para acceder a servicios médicos.
“Queremos que por fin Colombia tenga un modelo de salud que ponga como principal la vida y no el negocio”, le dijo un vocero de la agremiación al diario El País América. “Nosotros estamos cansados de enterrar a nuestros compañeros y a nuestras familias”, insistió, y culpó específicamente a Cosmitet, una empresa de medicina privada encargada de la salud de los docentes en el Cauca de ser “unos mercaderes de la muerte”.
Este columnista debe confesar que está completamente de acuerdo con las demandas (más no con los métodos) de los manifestantes: la salud de los docentes debe dejar de ser un negocio.
Echemos para atrás treinta años. Cuando se propuso el actual modelo de salud en lo que sería la Ley 100, cuatro poderosos grupos de interés expresaron su rechazo absoluto a la inclusión en la nueva iniciativa: Ecopetrol, el magisterio, la fuerza pública y el congreso.
La razón de la objeción era muy simple. Todos ellos tenían lo que en ese entonces eran sistemas privilegiados de salubridad, si se comparaban con la insuficiencia y mala calidad del Seguro Social –que cobijaba de manera limitada a una quinta parte de la población– o los servicios de caridad que intentaban aliviar en algo los padecimientos de los más pobres.
Así fue como los miembros de Fecode quedaron por fuera de la Ley 100 en materia de salud, lejos de cualquier tema relacionado con EPS, unidades de pago por capitación, copagos, planes obligatorios de salud y todas esas arandelas neoliberales.
En su reemplazo se quedaron con el Fomag, un fondo público administrado por una entidad pública, la Fiduprevisora, que manejaría los recursos públicos de la seguridad social de los maestros públicos y que sería supervisado por un Consejo Directivo conformado por tres funcionarios públicos –los ministros de educación, hacienda y trabajo– y dos representantes de Fecode. Todo más público imposible.
Ahora volvamos al presente. El sistema de salud de la Ley 100 cubre a cerca del 100% de la población con el 98% de los procedimientos médicos aprobados. El gasto de bolsillo, es decir lo que la gente tiene que sacar de su dinero para cubrir tratamientos, es el más bajo del continente. Indicadores elaborados por The Economist, la Universidad Johns Hopkins o datos del World Health Care Index confirman que nuestro sistema sanitario es de los mejores del planeta, por encima inclusive de países como Estados Unidos, Italia, China o Brasil y, por supuesto, de Cuba. Entre los primeros diez hospitales y clínicas de Latinoamérica, la mitad están en Colombia.
La opinión de los colombianos coincide con estas mediciones. La reciente encuesta de la Andi así lo confirma. El 73% consideran que los servicios de salud son excelentes o, por lo menos, aceptables. En materia de consultas médicas, exámenes diagnósticos, asignación de citas, prevención, urgencias, procedimientos y dispensación de medicamentos en promedio dos terceras partes de los encuestados consideran excelentes o aceptables los servicios. Solo el 32% de los colombianos quieren que las EPS se acaben, un numero parecido a quienes quisieran ver un sistema totalmente público.
Los maestros del Fomag no parecen compartir estas opiniones sobre su sistema, como lo indica la asonada sobre el Capitolio. Ese de pagador único administrado por políticos y sindicalistas, que según dicen ahora, los tiene cansados de enterrar compañeros y familiares. Porque la verdad del asunto es que, salvo Ecopetrol, los regímenes especiales excluidos de la Ley 100 son un verdadero desastre.
Están plagados de corrupción y de politiquería, son ineficientes, no tienen acceso a tecnología de punta, pagan mal a sus médicos y enfermeras y están carcomidos por el desgreño. Además, son costosísimos. Mientras que en el régimen contributivo de la Ley 100 el Estado invierte cerca de un millón de pesos por año por cada usuario, en el régimen del magisterio se invierten (¿gastan?) dos millones cien mil pesos, más del doble. Y tienen tres veces más tutelas.
La salud de los maestros acabó siendo un negocio, sí. Pero no para una EPS, como alegan equivocadamente los manifestantes caucanos y el mismo presidente de la República a través de su cuenta de Twitter, sino para quienes tienen la potestad de asignar las contrataciones de los prestadores de salud. O sea, para los que mueven los hilos en el Fomag. Estos suelen contratar con IPS –públicas y privadas– de dudosa calidad, pero con buenas conexiones políticas.
Hasta el anuncio de última hora del gobierno reculando en su propuesta de aniquilar a las EPS, lo que se conocía de la reforma a la salud propuesta por la ministra Corcho era casi idéntico al cuestionado esquema del Fomag, pero peor. Se hubiera tratado de un esquema de pagador único estatal, con empadronamiento en los hospitales públicos de la localidad respectiva y con unos comités regionales encargados de la administración del sistema de manera descentralizada. Acabaríamos con docenas de fomagcitos, sin ningún control de costos, contratando con los compadres la prestación del servicio de salubridad para cincuenta millones de personas. Todo muy público y todo muy politizado: el carné de la EPS reemplazado por la palanca del parlamentario amigo.
Por ahora los maestros caucanos siguen sin una solución definitiva sus problemas de servicio de salud. Quizás lo que el ministro de educación les debería recomendar es que se salgan del embeleco del Fomag y se inscriban en una EPS, de esas que hay muy buenas.
