El 5 de agosto el ministro Carlos Rodado divulgó la presentación Minería para la prosperidad – Reforma institucional y política minera[1]. Allí se manifiesta que este motor del crecimiento económico debe realizarse con los mejores estándares para ser social y ambientalmente sustentable. Dice también que, de acuerdo con información del Instituto Fraser, Colombia es uno de los cuatro países con mayor potencial minero a nivel mundial. Y que esta posición le permitiría pasar de alrededor de 5 mil millones de dólares que aporta actualmente al PIB, a cerca de 13 mil millones anuales en el 2020. Lo que representaría pasar, en diez años, de aportar 600 millones de dólares anuales como lo hace actualmente, a cerca de 1,600 millones de dólares por año.
El ministro identifica obstáculos a superar para cumplir con estas metas. Presenta evidencias de que el catastro minero no tiene información actualizada y veraz, resultando ineficaz para impedir la titulación de áreas excluidas. Señala la ausencia de mecanismos para garantizar que las zonas con mayor potencial sean otorgadas de manera efectiva, porque los requisitos no se aplican de manera estricta. No se verifica la información del proponente, ni se tiene en cuenta su capacidad operativa; y los planes de trabajo y obras (POT) se aprueban de manera deficiente y discrecional. Todo lo cual conduce a una gran congestión y represamiento de las solicitudes de titulación, en un sistema de contratación que favorece la especulación y la inactividad. Señala que la fiscalización no garantiza el cumplimiento de estándares y compromisos adquiridos. Las normas mineras y ambientales son laxas, como laxa es la interpretación de las mismas. Señala además que las autoridades no cuentan con recursos humanos y económicos adecuados para superar estos obstáculos.
¿No tiene recursos el Estado para vigilar a los mineros? En la rueda de prensa del pasado 30 de mayo, el ministro informó que existen 4.8 millones de hectáreas tituladas para minería[2]. Efectivamente esta área aparece reportada en las bases del Catastro Minero; pero allí no se contabilizan 3.7 millones de hectáreas adicionales reportadas por Ingeominas como solicitudes ya aprobadas y que están para la firma del titular. Esto arroja cerca de ocho y medio millones de hectáreas. Según el Código de Minas del 2001, por cada hectárea titulada se debe pagar anualmente por canon superficiario entre uno y tres salarios mínimos diarios legales vigentes. Esto daría entre 150 y 450 mil millones de pesos anuales. Sin embargo Ingeominas solo reporta, en el mejor de los casos, 35 mil millones de pesos por ese concepto. ¿Dónde está el resto de recursos? ¿No alcanzarían para fortalecer la capacidad de fiscalización por arte del Estado? Si el titular minero no paga este canon ¿no debería ser anulado el título?
[1] Ver la presentación en http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/7655.pptx
[2] Ver Irregularidades encontradas en la titulación minera del país, por Carlos Rodado y Oscar Paredes.
