La detención del ex presidente Álvaro Uribe produjo pocas consecuencias institucionales y políticas, su liberación, en cambio, generará efectos importantes en la confianza en las instituciones.

La detención del ex presidente Álvaro Uribe produjo pocas consecuencias institucionales y políticas, su liberación, en cambio, generará efectos importantes en la confianza en las instituciones, seguramente profundizará la enorme polarización que hay en la sociedad y, si cabe, el nivel de virulencia del debate aumentará.

El primer y mayor afectado será, por supuesto, el poder judicial, en este caso por partida doble, porque el uribismo ratifica su posición de que la justicia está politizada y, especialmente que la Corte Suprema de Justicia está integrada por magistrados que anteponen sus posturas políticas a los fundamentos jurídicos y que lo lleva haciendo más de diez años para perseguirlo.

A esa afirmación probablemente se sumen algunos visto que, ahora, después de que la Fiscalía, la Procuraduría y una jueza evalúan las decisiones de la Corte y, aunque técnicamente no es así, para la percepción ciudadana sí lo será, corrigen la arbitrariedad que se había cometido con el ex presidente.

Otro alto porcentaje que suponía que por el hecho de que el fiscal Francisco Barbosa sea amigo personal del presidente Iván Duque iba a poner la entidad al servicio de ese sector político seguramente ahora lo que hace es ratificar esa percepción. Si antes de decretarse la libertad de Uribe mucha gente pensaba que había una Fiscalía sesgada ahora, para ese sector, no habrá razón que valga para sostener lo contrario.

Hoy casi literalmente nadie creerá en la justicia. Los unos porque creen que probaron y lograron enfrentar una arbitrariedad y los otros porque confirman que el poder judicial se pone al servicio de intereses políticos o de los poderosos.

La percepción puede ser injusta pero inevitable y muy grave en términos institucionales porque además de los efectos demoledores de que una sociedad no confíe en su aparato judicial se crea un ambiente favorable a una reforma que, ahora sí, produce el efecto de una toma del poder judicial por parte de sectores políticos como ocurrió en Venezuela, por ejemplo, hace unos años, y que permitió la entronización de una dictadura que es muy difícil de derrocar mientras no haya siquiera un atisbo de un sistema de controles eficaz.

Claro que la propuesta de una corte única, cuya motivación no es la eficacia sino la sumisión de la justicia puede ahora tener mucho más posibilidades que antes. Lo que verdaderamente se pone ahora en juego es la independencia de la justicia, así quien le haya “reestablecido” los derechos a Uribe haya sido una jueza independiente y seguramente recta.

La decisión de la liberación que en realidad ha sido promovida por la propia Fiscalía, que para muchos ha hecho más de defensor que de acusador, favorece, de otra parte, la idea, desproporcionada, de que en Colombia se abre paso a una dictadura que comienza precisamente con el uso de instrumentos tan poderosos como la Fiscalía General de la Nación para favorecer amigos y perseguir contradictores.

La ilegitimidad ya no es solo del poder judicial sino de todo el sistema.

El Presidente Iván Duque se ha sumado al linchamiento del poder judicial con el propósito de tranquilizar a los miembros de su partido que le exigían una posición dura en defensa de su mentor político, que de no asumir lo graduaría de traidor, posición que claramente él ha decidido no asumir nunca. Su lealtad parece a toda prueba.

Además de cuestionar a la Corte Suprema de Justicia, él o miembros importantes de su gobierno, lo han hecho con otros miembros del poder judicial que han producido decisiones que controlan actuaciones del ejecutivo, es decir que cumplen, bien o mal, con su deber.

Lo que viene es un tono elevado de acusaciones, cada vez más altisonantes entre los actores políticos de los extremos del espectro, que son reproducidas y amplificadas por los medios de comunicación y las redes sociales, que terminarán tomándose el escenario y excluyendo del mismo al “centro” cuyas voces a respetar la institucionalidad y etc serán cada vez más ignoradas y despreciadas.

Es curioso como la orden de detención del ex Presidente Uribe que se presentó como un terremoto no hubiese generado mayores efectos ni en la opinión, ni en el sistema institucional y, en cambio, la orden de libertad, afecte tanto la confianza ciudadana y profundice la división política.

Mientras tanto el ex Presidente da una pelea no tanto por las “verdades judiciales” que ya están suficientemente deslegitimadas como para ser importantes, sino por el juicio en la historia que parece resuelto e inmodificable: en un amplio sector de la población lo tiene perdido porque cree que mientras estuvo en el Gobierno, el nacional y el de Antioquia, permitió o propició innumerables violaciones a los derechos humanos que deberían ser castigadas, mientras que en otro está exonerado, como las disculpas del Ministro de Defensa, por lo que haya podido hacer antes, ahora o después.

Aparentemente en ese juicio, el de la historia, el centro tiene un papel más decisivo como fiel de la balanza que el que pueda jugar en la competencia política electoral.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...