A medida que se conocen las noticias sobre lo ocurrido en Cali con los candidatos a la alcaldía, Susana Correa y Rodrigo Guerrero, y que empiezan a llegar denuncias y rumores de otras ciudades, municipios y candidaturas, crece la desconfianza de los electores en el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y el Registrador Nacional del Estado Civil.

Grave. Muy grave porque a dos meses largos de las elecciones, el Estado no parece tener mucha capacidad de maniobra para evitar que sobre sus resultados se extienda una negra nube de dudas que les reste legitimidad. 

Las denuncias llegan de todas partes y sobre toda clase de trampas. La periodista María Jimena Dussán denunció en el programa Hora 20 de Caracol Radio el caso de un candidato a quien su partido le negó el aval y en apenas dos semanas reunió más de 150 mil firmas (¡Toda una hazaña !) que fueron validadas casi de inmediato por la Registraduría cuando en casos similares el proceso duró meses.

El candidato caleño dijo haber recibido amenazas de que si no pagaba una alta suma de dinero sus firmas serían anuladas como en efecto ocurrió.

La Fundación Nuevo Arco Iris, contratada por el Ministerio del Interior para verificar el pasado de los aspirantes a ser elegidos el próximo 30 de octubre reportó que cientos de ellos tenían antecedentes penales y/o disciplinarios, estaban inhabilitados o impedidos para desempeñar cargos públicos.

La columnista Claudia López, quien participó en el estudio contratado por el Gobierno, dice que “Hay casos para todo. Viejas mafias con nuevos políticos o nuevas mafias con viejos políticos”. Y agrega: “A pesar del voto de confianza que se les ha dado a los partidos con la nueva reforma política, siguen teniendo una actitud muy cómoda: con tal de ganar no les importa juntarse hasta con el diablo. Los partidos no aprenden la lección y se limitan a hacer minipurgas con la esperanza de que no los cojan.”

Senadores, periodistas, analistas e investigadores aseguran tener datos según los cuales en algunas registradurías departamentales y municipales ya hay tarifas establecidas para “garantizar” la elección de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos. Alguno se atrevió a decir que salir ganador en la Alcaldía de un ciudad importante cuesta tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).

De la cárcel, con permiso oficial, salió un exsenador comprometido en delitos diversos para ir hasta su región a organizar la etapa final de campaña y garantizar el triunfo de los candidatos de su movimiento político.

¡Y los datos que harán falta! Las próximas serán unas elecciones marcadas por la desconfianza, cosa que no parece preocuparle al Registrador Nacional del Estado Civil quien por la Constitución y la Ley debe organizar unas elecciones cuya legitimidad esté por encima de toda duda.

Sé que la idea parece loca o exagerada, pero como están las cosas, ¿no valdría la pena pensar en un aplazamiento de las elecciones y una depuración a fondo de todo el sistema electoral para evitarnos el bochorno de tener que responder por unos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados cuya elección van a cuestionar hasta ellos mismos?