Con su habitual gusto por la teatralidad, el domingo 26 de febrero, el Secretariado de las FARC se tomó las primeras páginas de la prensa colombiana con el anuncio de la liberación de todos los miembros de la Fuerza Pública en su poder y una pomposa renuncia a lo que la organización califica como “la retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil […] con fines financieros” y que el resto de los mortales llamamos secuestro extorsivo.  

Como era de esperar, todos aquellos que por convicción humanitaria o interés político habían proclamado la voluntad de las FARC de buscar una negociación se sintieron reivindicados por este gesto y alzaron sus voces para pedir al gobierno que responda con generosidad y comience a dar pasos para aproximarse a la negociación.

Entre tanto entusiasmo, no resulta fácil hacer una valoración desapasionada de la oferta del grupo terrorista. Sin embargo, antes de apresurarse a dar por terminados los secuestros y comenzadas las negociaciones, aquí van cinco razones para controlar la euforia y valorar la promesa de las FARC en lo que vale:

– Como siempre que las guerrillas han prometido renunciar a un cierto tipo de actividad criminal, se trata de una oferta imposible de verificar. Las FARC están demandando a los colombianos que confíen en su palabra. Un asunto complicado si se tiene en cuenta que se trata de una organización con un triste historial de mentiras y fiascos en todo lo relativo a los gestos de paz y las negociaciones.

El asunto de confiar que las FARC van a cumplir su promesa de no secuestrar se hace todavía más difícil si se tiene en cuenta que la guerrilla lleva tiempo recurriendo a subterfugios para ocultar su participación en plagios. De hecho, en un número de casos, ha recurrido a “subcontratar” la operación a bandas de delincuentes comunes que toman los riesgos y enmascaran la participación del grupo armado a cambio de una parte del botín.

En otras ocasiones, las estructuras de la guerrilla ejecutan el plagio; pero se presentan como delincuentes comunes y así son reportados por las víctimas. Tal es el caso de secuestros en ciertas regiones del Meta o Huila donde las FARC cuentan con redes tan densas de cómplices como para que resulte difícil de imaginar un rapto que no haya sido ejecutado directamente por sus militantes.

– En el mejor de los casos, las FARC están renunciando a un negocio en declive. La efectividad de la estrategia antisecuestro del Estado y las medidas de autoprotección de ciudadanos y empresas han hecho mucho más riesgoso el negocio del secuestro. Todo ello sin olvidar que la condena pública de gobiernos y ONGs ha incrementado los costos políticos de esta actividad delictiva.

Como alternativa, las FARC pueden estarle apostando a la extorsión. Después de la promesa incluida en el comunicado del Secretariado, un ciudadano al que exijan un pago podría descartar el riesgo de ser secuestrado; pero tendrá que considerar que sus bienes y su vida corren el peligro de sufrir un ataque terrorista si no cede al chantaje.

Bajo estas circunstancias, la extorsión resulta un crimen menos peligroso e igualmente rentable que el secuestro. La guerrilla puede recibir el mismo pago y no tienen que asumir los riesgos y los costos de mantener en cautiverio a la víctima.

– Por otra parte, la renuncia de las FARC al secuestro no es completa. Después de prometer solemnemente no secuestrar a más civiles, el comunicado deja caer que parece inevitable una “prolongación indefinida de la guerra” que traerá consigo “más prisioneros de guerra”. En otras palabras, las FARC todavía le apuestan al plagio de miembros de la Fuerza Pública.

Visto así, la liberación de los 10 miembros de la Fuerza Pública en poder de la organización resultaría un ejercicio de cinismo. Después de conseguir la visibilidad política proporcionada por la entrega de rehenes, la guerrilla correría a llenar sus mazmorras con nuevos secuestrados para volver a empezar el juego otra vez.

– Además, el comunicado de la guerrilla no hace referencia alguna al destino de las decenas de secuestrados por las FARC de los que no se sabe nada desde hace años.  

Durante los pasados años, mientras los medios de comunicación centraban su atención en la suerte de los secuestrados de la Fuerza Pública y la clase política, muchas familias han vivido en silencio el drama de no tener noticia de seres queridos arrebatados por las FARC para exigir un rescate económico.

Ahora que parece cercano a concluir el cautiverio de los últimos miembros de la Fuerza Pública en manos de las FARC, resulta necesario exigir a la organización una explicación de cuál ha sido el destino de esas otras víctimas.

– Finalmente, se debe recordar que esta no es la primera vez que las FARC renuncian a la práctica del secuestro. La guerrilla realizó una promesa similar durante las conversaciones con la administración Betancur que culminaron con el acuerdo de cese el fuego firmado en La Uribe en 1984.

Dos años antes, durante su Séptima Conferencia,  las FARC habían aprobado el Plan Estratégico para la Toma del Poder que preveía una expansión de la capacidad armada de la organización y la continuación de la lucha armada hasta la destrucción del Estado.

El freno a las operaciones de la Fuerza Pública como resultado de los acuerdos de La Uribe fue aprovechado por la guerrilla para avanzar en la ejecución de su Plan Estratégico. En particular, las estructuras de las FARC ignoraron su promesa al presidente Betancur e intensificaron la extorsión y el secuestro para financiar su expansión militar.

El resultado fue el crecimiento de la guerrilla que luego se traduciría en la escalada armada de los años 90.

Definitivamente, no es oro todo lo que reluce en las promesas de las FARC.

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