El Procurador presentó un concepto ante la Corte Constitucional que abrió de nuevo el debate sobre el marco jurídico para la paz como preámbulo de lo que será la jurisprudencia de transición de la Corte (ver ). 
La demanda de inconstitucionalidad contra el marco jurídico para la paz fue presentada por la , una de las más tradicionales organizaciones de derechos humanos del país y que ha jugado un rol fundamental en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por militares y paramilitares (ver ).
El Procurador y los demandantes, que regularmente están en desacuerdo en otros temas, en este caso piden al unísono la inconstitucionalidad de unos apartes del marco jurídico relacionados con la selección y priorización de los crímenes.
Pronto saldrán a decir que esto demuestra que el gobierno de Santos es de centro y liberal, porque la izquierda y la derecha se unen en su contra. Pero esta tesis oculta lo más importante del debate. La discusión sobre los crímenes de las FARC tiene un componente jurídico y uno político que las partes en la Habana tendrán que encarar en los diálogos y que todos tendremos que asumir con responsabilidad por muchos años.
El destino de las FARC se juega en tres cortes: la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Algunos sueñan que estas cortes pueden ser obviadas por una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual es política y jurídicamente imposible. El derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional tienen una fuerza expansiva que tarde o temprano alcanzará a las FARC. De hecho, una mala transición nos llevaría a abrir juicios en las próximas décadas.
Las tres cortes tienen una práctica judicial robusta contra la impunidad y en defensa de los derechos de las víctimas. También es cierto que la finalización del conflicto y el propósito de una paz duradera serían argumentos válidos para que estas Cortes aprueben mecanismos de justicia transicional (ver ).
Sin embargo, las FARC parecen no tomarse en serio a estas cortes. Ellos siguen actuando con la arrogancia del guerrero, la misma arrogancia con la que hablaba Carlos Castaño por la televisión y los dictadores latinoamericanos cuando aún estaban en el trono. Las FARC no entienden que las tres cortes no responden a sus discursos políticos ni a sus arengas anticapitalistas. Por el contrario, las cortes tienen el deber de mantener la coherencia en el derecho internacional de los derechos humanos y el juzgamiento de los criminales sin importar su ideología o sus motivaciones.
Las FARC se equivocan al despreciar el debate legal. Eso no es nuevo viniendo de un grupo político que cree que las armas y las acciones terroristas son la única opción de participación política. Pero si las FARC quieren hacer política tienen que aprender una lección de la Colombia contemporánea: el derecho si importa y el derecho constitucional importa mucho más. A las FARC les hace falta todavía mucho músculo técnico e inteligencia política para asumir el reto.
La guerrilla parece despreciar también la lucha contra la impunidad y por los derechos de las víctimas que han dado los movimientos progresistas y de izquierda en todo el mundo. En el escenario colombiano el espectro político está unido alrededor de estos principios y valores. Incluso la derecha que regularmente busca la impunidad para su propia gente está tomando un rumbo diferente: Álvaro Uribe y sus aliados son los nuevos abanderados de la verdad, justicia y reparación.
Por su parte, el Gobierno Nacional comparte los mismos principios sobre los derechos de las víctimas. Uribe, el Procurador y sus aliados sólo buscan crear agitación política para debilitar al gobierno en la Habana, ellos también juegan a “agudizar las contradicciones”. Humberto de la Calle sabe mejor que nadie que los derechos de las víctimas no son negociables porque las tres cortes los harán valer, al margen de cualquier consideración política. 
Las FARC deberían tener el valor de verse en el espejo de otros criminales de guerra. Su camino democrático es abandonar la arrogancia del guerrero y darle la cara a las víctimas con humildad y pidiendo perdón por sus atrocidades. Esta es otra lección política que la guerrilla debe entender bien: las víctimas si importan y su protección está en el corazón de nuestra institucionalidad y de los movimientos democráticos.
Las tres cortes serán esenciales para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. También lo serán para ajustar y mejorar los acuerdos sobre justicia transicional que surjan de las negociaciones de la Habana.
Por su parte las FARC deberían asumir seriamente el reto de estudiar y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En otras palabras, deberán someterse al imperio de los derechos humanos. También tendrán que reconocer que su peor derrota moral y política fue cometer atrocidades contra el pueblo, algo que será difícil de olvidar. (ver de Julieta Lemaitre).