En la Plaza de Bolívar, al norte, sobre la carrera octava, al final del corredor peatonal de las Galerías del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, hay una placa de piedra sobre la última columna que dice lo siguiente:
“XXIV. Holocausto del Palacio de Justicia. 1985. Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia: el sacrificio trágico por fuerzas de la subversión de un grupo de magistrados de la Cortes Suprema y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley. El palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes.”
.jpg)
Esta era la última de 24 placas de granito en las que están grabados en mayúscula hechos que marcaron la historia de Bogotá. Un serie de lápidas que fueron adosadas al Palacio Liévano en 1988, durante la alcaldía de Andrés Pastrana, para la celebración de los 450 años de la ciudad.
El último sábado de noviembre del año pasado, en una ceremonia a la que asistieron algunos de los familiares de personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, una nueva placa fue instalada. Dice lo siguiente:
“Desaparecidos del Palacio de Justicia. XXV. 2012. Finalizada la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 fueron desaparecidas las siguientes personas: Empleados de la cafetería: Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Ana Rosa Castiblanco Torres, Cristina Guarín Cortes, Luz Mary Portela León, Gloria Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis. Visitantes ocasionales: Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo. Guerrillera del Movimiento 19 de abril, M-19: Irma Franco Pineda. 27 años después del crimen de lesa humanidad sus familiares siguen exigiendo verdad, justicia y reparación integral. La administración de justicia del estado colombiano tiene actualmente, condenados a 35 y 30 años de prisión respectivamente al exgeneral Jesús Armando Arias Cabrales y al excoronel Luis Alfonso Plazas Vega como responsables de este crimen de lesa humanidad.”
Al evento de instalación también asistieron un delegado del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es posible que el Alcalde Petro, ex militante del M-19, haya tenido que ver con esta decisión. La iniciativa de poner esta nueva placa surgió hace varios años pero hasta ahora ninguna instancia judicial y ninguna de las alcaldías anteriores había mostrado interés por ejecutar o facilitar esta acción.
.jpg)
Lo interesante de lo hecho en el Palacio Liévano es que se mantuvo la placa XXIV, esa versión anterior de la historia, con su redacción extraña que califica el hecho de la toma como “audaz” y que luego afirma, sin la menor duda, que todos los magistrados fueron sacrificados por “fuerzas de la subversión”. Una versión que además atribuye como una única motivación al M-19 para la toma la de destruir los expedientes judiciales que, aunque no lo dice la placa, incriminaban al narcotráfico. Un relato histórico apretado, sesgado y además peligroso, pues es el Estado el que la escribió bajo la administración Pastrana y si algo ha mostrado cada nueva revelación sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia es que la verdad es mucho más compleja. Por ejemplo, no está probado que todos los magistrados hayan sido asesinados por “fuerzas de la subversión”, es más, en el caso del Magistrado Carlos Horacio Urán, es claro que él fue sacado con vida del Palacio de Justicia por el mismo ejército y que luego su cadáver fue encontrado incinerado en el edificio, con un tiro de gracia en el cráneo, y su billetera permaneció por años en instalaciones de inteligencia del Estado hasta que en un rastreo judicial apareció. Y si se trata de quemar expedientes, los expedientes de casos contra militares, con copia única, superaban en número a los folios relacionados con narcotráfico.
.jpg)
Aunque esta pieza de historia oficial no ha sido demolida, sigue ahí, ahora tiene en contraste la nueva placa, la XXV, que nombra a un grupo de civiles y a una guerrillera que fueron desaparecidos en la “retoma” brutal del Palacio de Justicia por parte del ejército y menciona la condena judicial, con penas y nombre propio, de dos militares “responsables de este crimen de lesa humanidad”. Una nueva pieza de historia oficial, que lee los hechos a la luz de otro problema, el de las víctimas. Pero que también se queda corta y pétrea para contar lo que pasó. Por ejemplo, ¿no podría ser el Coronel Plazas Vega, además de victimario, una nueva víctima? un bobo útil, un alma en pena hija del espíritu de cuerpo, un contentillo judicial para ocultar la participación culposa de otros militares y políticos implicados como el Ex Presidente Belisario Betancur.
Tal vez este gesto de las placas sirva para mirar lo que está pasando en Bogotá bajo el Gobierno Petro: la revisión de contratos antiguos, que parecían intocables, escritos sobre piedra; la enunciación y contraposición de otras alternativas formuladas por otros grupos sociales de políticos —otras piezas de escultura social—; la tormenta política que trae cualquier proceso de revisión y modificación de la economía, de la historia y la cultura; la convivencia entre sistemas divergentes de interpretación. En fin, la redacción torpe o la implementación de algunas propuestas, la gestualidad lúcida de otras, el afán agonístico de un alcalde urgido por ejecutar y la presión mediática y social por ejecutarlo.
Ver lo que pasa en Bogotá como la alcaldada de una administración improvisada o como la victimización y/o autovictimización de un crítico que ahora es criticado o alabado por ser un ejecutor temerario, es un acto facilista, parcial, un prejucio ideológico que solo quiere ver una parte de la realidad para eliminar la otra —una de las dos placas—. Y ese sesgo impide habitar las galerías de la política y contemplar la vista amplia, compleja y etérea que se logra percibir desde sus arcadas.
