Los decretos de Petro y otras imprecisiones jurídicas

Puede sonar trasnochado, pero no he podido olvidar el debate de Citytv. Desde Mockus lanzando un conjuro sobre billetes imaginarios con un lápiz como varita mágica hasta Noemí posesionándose como presidenta, algunos apartes fueron perturbadores.

Sin embargo, entre tanta locura, Petro y Pardo me pusieron a pensar en serio. Petro manifestó que su primer acto de gobierno consistiría en la expedición de cuatro decretos para: 1) volver empleo el oficio de madre comunitaria, 2) garantizar que la jornada laboral no se extienda más allá de las 6 p.m., 3) acabar con las cooperativas de trabajo asociado como intermediarias del empleo en Colombia y 4) hacer gratuitas las escuelas de cadetes de la Policía Nacional. Pardo advirtió que nada de eso podía hacer por decreto, arrancándole al propio Petro una sonrisilla de inocente vergüenza. Un economista diciéndole a otro que no puede hacer lo que quiere por decreto…

No quiero decir con esto que la administración pública deba restringirse a los abogados -no lo quiera Dios- o que los economistas u otros profesionales no sepan nada de derecho en ningún caso, pero sí que quienes pretendan dedicarse al servicio público deberían asegurarse de saber siempre lo que están diciendo, así les represente una asesoría jurídica (incluso para los que sean abogados), sobre todo en medio de una campaña presidencial.

En el ejemplo de Pardo y Petro, ambos tenían un poco de razón y a la vez estaban un tanto equivocados. El primer decreto -para no entrar mucho en detalle- sí es jurídicamente viable, porque según la Constitución (artículo 189, numeral 14) el presidente de la República puede crear y suprimir empleos; pero, también por mandato constitucional (artículos 122, 339 y 345), es cierto que antes necesitaría meter el tema en su plan nacional de desarrollo, esperar la ley que se lo apruebe y, además, que la plata correspondiente quede incorporada en la primera ley de presupuesto que expida el Congreso en su gobierno.

A mi, que soy abogada, me llevó poco menos de quince minutos verificarlo en los textos jurídicos. Esta tarea, de identificar la forma en que las normas permiten materializar las propuestas, es crucial en un Estado de Derecho (pues recordemos que no existe tal cosa como el “estado de opinión”). El electorado es bien diverso y la desinformación jurídica es alarmante, por eso es irresponsable y aprovechado que los candidatos transmitan a los hogares colombianos el mensaje de que van a cambiar el país el mismo día que lleguen a la Casa de Nariño.

Entonces, así como lo están de escoltas, los candidatos deberían rodearse de asesores jurídicos competentes, que desde sus especialidades les expliquen con plastilina las reglas y procedimientos que para bien o para mal tienen que seguir en orden a realizar su programa de gobierno. Y, naturalmente, conservarlos en el gabinete una vez sean elegidos.

Ana Osorio