El Congreso tendrá un enorme poder en los meses que vienen, pues la Constitución le da la facultad de modificar los decretos que ha emitido el Gobierno por el coronavirus. El resultado es incierto dado que el Gobierno no ha conformado una coalición sólida.
Los congresistas han enviado decenas de comunicaciones a la Presidencia de la República con propuestas sobre las medidas que se deben adoptar para mitigar los múltiples efectos que ha causado la pandemia del Covid 19 y las decisiones que se han adoptado para evitar su difusión. Ahora las podrán convertir en proyectos de ley y hacerlas aprobar aún sin el aval del Gobierno.
Esa es la facultad que le otorga la Constitución al Congreso para que ejerza un control efectivo sobre las atribuciones que le confiere al Presidente en estado de emergencia económica y social, en las que le traspasa, en forma transitoria y limitada a los temas de la crisis, facultades legislativas que tienen efectos permanentes.
El resultado de ese paso de los decretos por el Congreso es incierto dado que el Gobierno no ha conformado una coalición sólida y que aparentemente la visión sobre cómo enfrentar los efectos económicos y sociales de la situación de una buena parte de los congresistas es distinta a la del Presidente.
La discusión se va a concentrar en las medidas dirigidas a proteger el empleo y a quienes queden cesantes o vean disminuidos sus ingresos, así como en la manera de remediar los efectos que la situación tiene en determinadas obligaciones como los arrendamientos, los créditos, los tributos o las derivadas de los servicios públicos. En estos casos, por ejemplo, una buena parte de los congresistas se habían manifestado en favor de una moratoria general, el Gobierno se negó y se decidió por plazos de gracia y por diferir los pagos de estos meses. Ahora son los congresistas los que tienen la última palabra.
También serán ellos los que definirán las modificaciones a los aportes al sistema de seguridad social y las condiciones para acceder a los beneficios del fondo de protección al cesante, para citar otros dos ejemplos.
Varios han propuesto que se decrete una especie de renta básica universal y eventualmente podrían adoptarla, sin el aval gubernamental, modificando el decreto que creo el subsidio de ingreso solidario.
Casi todos, incluido el propio Gobierno, hicieron declaraciones pidiendo que el sector financiero modificara las condiciones de los créditos ya otorgados y de los que entregue a los afectados en materia de tasas de interés, plazos, condiciones. Todo ello ahora lo definirá el Congreso por mayoría.
Si se echa mano de los ahorros de los fondos de pensiones y no solo de los que están en los fondos de cesantía, como lo han propuesto en la Cámara de Representantes, será una cuestión que decidirá el Congreso.
En suma, a la oficina de correspondencia de la Presidencia dejarán de llegar las centenares de cartas que están llegando diariamente de congresistas, gremios económicos, empresarios y un largo etc y el debate se trasladará ahora al Congreso en el que el Gobierno tendrá que batirse porque nunca antes las competencias de los legisladores habían sido tan amplias como lo serán en los próximos meses en los cuales podrán aprobar normas que cubren prácticamente todas las actividades económicas.
Será un pulso político muy interesante. En estos temas la visión del Gobierno parece no tener el apoyo de la mayoría de los congresistas. Los conservadores, que son de la coalición de gobierno, estarán al menos divididos. Una parte de los de Cambio Radical que coquetea con el gobierno se quedará allá, pero otra seguramente agenciará pretensiones de sectores económicos y gremiales, así como lo hará la bancada de la U. Los liberales probablemente lideren propuestas progresistas como la de la renta básica universal y los verdes, así como sectores de izquierda estarán por la idea de subsidiar salarios y otras similares.
¿Qué le queda entonces al Gobierno? Muy poco porque seguramente la bancada del Centro Democrático, también estará por la adopción de medidas más, llamémoslas, generosas que las que adoptó el Gobierno. La moratoria general de créditos bancarios y del pago de servicios públicos seguramente contaría con el apoyo de al menos un grupo de los congresistas del partido del Presidente.
Normalmente las discusiones sobre estos temas se resuelven en reuniones a puerta cerrada entre ponentes y Ministro de Hacienda en las que el último cede a algunas de las peticiones de los congresistas a cambio de su apoyo por las líneas gruesas de los proyectos. El Gobierno tiene finalmente la llave porque las materias están reservadas a su iniciativa y las modificaciones a los proyectos requieren su aval, esa llave es la que, después de la emergencia, pasa a manos del Congreso.
En estos casi dos años del período de Gobierno, ni aún con esa llave el Presidente ha podido hacer aprobar los proyectos económicos en los términos en los que los propuso por lo que ahora, ya sin ese seguro, la situación la tendrá sin duda más compleja.
La percepción es que el Gobierno ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la epidemia en términos de prevención y de fortalecimiento de la capacidad de gestión del sector salud, con todas las debilidades que subsisten, así como de atención a la población más vulnerable frente a la cual reaccionó muy rápidamente con el giro de millones de subsidios en dinero a través de los canales asistenciales ya existentes, pero que, en cambio, en materia de protección de la actividad económica ha sido más “tacaño” y lento y que la ortodoxia del Ministro de Hacienda se ha impuesto para confiar en que las leyes del mercado reacomodarán las cargas y, claro, que ello es absolutamente insuficiente en estas circunstancias.
Seguramente el martes llegarán al Congreso los primeros proyectos de ley que abrirán esta enorme caja de pandora en la que se convirtieron los decretos que por decenas y a las volandas expidió el Presidente.
