Es muy probable que la reforma a la salud termine en un articulado mucho menos ambicioso. Las EPS seguirán funcionando más o menos como las conocemos con algunas reglas nuevas, como la limitación a la integración vertical y, quizá, un tarifario de procedimientos y tratamientos. Sumémosle a eso la construcción de los centros de atención primaria.
Es el estilo Petro. La negociación de las reformas con la clase política y los sectores económicamente poderosos comienza con propuestas ‘radicales’ y ‘maximalistas’ (a los ojos del sentido común colombiano tan derechizado), con la idea de obtener algún cambio sustancial como resultado del toma y dame.
La estrategia parece buena, y lo fue con la tributaria. Comenzamos con 50 billones para terminar en 20, cuando casi que cualquier otro gobierno se hubiese quedado en una cifra de entre 10 y 15. Pero la estrategia fue mal aplicada en la reforma a la salud.
A pesar de que el resultado pueda ser el esperado –una propuesta moderada con alguno que otro cambio sustancial–, el costo de la aplicación de la estrategia ha sido innecesariamente alto: un costo que podría haberse evitado haciendo las cosas de otra manera.
Todo comienza porque el proceso de negociación se hizo esta vez al revés: primero la radicación, después la socialización y luego la concertación, cuando en la tributaria hubo primero socialización, seguida de una concertación previa, la radicación y una negociación final en el congreso.
El orden de los factores sí altera en este caso el resultado. Después de radicar, las concesiones se ven como derrotas y los desacuerdos en el gabinete, como señales de un ejecutivo desbarajustado. En un proceso de socialización antes de radicar, las concesiones son sinónimo de escucha y apertura y lo mismo pasa con las discusiones dentro del gabinete. Los mismos acontecimientos –la reunión del presidente con los partidos, las diferencias de opiniones entre los ministros– habrían significado una cosa muy distinta si estuviésemos hoy en un proceso de socialización que nunca existió con la reforma a la salud.
Es que radicar antes de socializar impone un camino muchísimo más difícil para el ejecutivo a la hora de negociar con los partidos. Después de radicar el ejecutivo tiene más que perder que durante el proceso de socialización: en el primer caso, se corre el riesgo de que la iniciativa se caiga en el congreso, en el segundo no. Eso implica más presión para el ejecutivo: está obligado a ceder y a entregar mucho más en el contenido del articulado y en cuotas burocráticas para lograr su cometido, sobre todo cuando la propuesta de base es percibida por los partidos tradicionales como ‘radical’ y ‘maximalista’.
Estos problemas se acentúan aun más porque la propuesta de salud del gobierno Petro había sido opaca hasta el día en que se radicó la reforma en el congreso. Incluso durante la campaña, sólo fue claro lo que no quería el gobierno, nunca lo que quería. El único borrador que se conoció fue una filtración y no un documento presentado como tal a la opinión pública. La ministra de salud cometió el error de pensar y decir que el hecho de tener un libro publicado sobre el tema significaba que el país y los agentes con los que había que negociar la reforma estaban lo suficientemente enterados de su contenido. Las reformas se negocian sobre articulados legales precisos con sus endiablados detalles jurídicos y técnicos y no tanto sobre las concepciones políticas generales que las animan. Sin un texto sobre el que discutir, toda socialización es imaginaria.
Radicar antes de socializar puso al gobierno en una paradoja estratégica. Gaviria fue excluido del gabinete porque sus desacuerdos con el presidente y la ministra de salud son quizá irreconciliables. Petro quiere un ejecutivo que cierre filas con la reforma. Eso no lo convierte ni en dictador, ni autoritario como lo suponen muchos despistados. El control no es función de los ministros, sino del congreso y de los jueces. El problema no es jurídico, sino estratégico porque al final todo apunta a que el texto de la reforma que se armará con los aportes de todos los partidos podría estar mucho más cerca de la opinión de Gaviria que de Corcho. Sacar a Gaviria para terminar en una reforma más cercana a sus opiniones es un desgaste absolutamente inútil.
