Poco después de definida la segunda vuelta presidencial, los gobiernos de Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela se pronunciaron sobre la victoria de Juan Manuel Santos. Todos felicitaron al candidato oficialista, le desearon éxitos en su gestión e hicieron diferentes gestos para dar a entender que extendían la mano a Bogotá, con miras a construir una nueva dinámica de relaciones vecinales. En los últimos días, en contravía de lo que se creía posible hasta hace unos meses, ha trascendido que los Presidentes Correa y Chávez planean asistir a la posesión del nuevo mandatario.
La velocidad con la cual los mandatarios vecinos han cambiado de parecer sobre el nuevo Presidente colombiano ha sorprendido a más de uno. Antes de ingresar al Gobierno, Santos se había posicionado como un férreo crítico de Chávez y la Revolución Bolivariana. De hecho, fue el primero en advertir sobre el ambicioso plan de rearme venezolano, al revelar en el 2004 la intención de Chávez de adquirir cazabombarderos rusos de última generación, una afirmación que pocos creyeron en su momento. Pero sus diferencias con el Socialismo del Siglo XXI no se limitaban a aspectos militares. Santos es un creyente en la libre empresa y la economía de mercado, y el modelo de estatización bolivariana le resulta, cuándo mínimo, indigesto.
Ya en el Ministerio de Defensa, Santos fue determinante en algunos de los aspectos más espinosos de la implementación de la Seguridad Democrática. Tramitó la aprobación de un impuesto al patrimonio que permitió a las FFMM realizar inversiones medianamente significativas en armamento convencional. Apoyó el fortalecimiento de la inteligencia y las Fuerzas Especiales, poniendo a Colombia muy por encima de sus vecinos en cuanto a operaciones encubiertas se refiere. Estrechó las relaciones militares con Estados Unidos y las potencias europeas. Aún más controversial, aprobó la realización de operaciones extraterritoriales, como el bombardeo al campamento de Raúl Reyes.
¿Cómo se explica, entonces, que los gobiernos del ALBA hayan pasado de tildar a Santos de “mafioso” y “peligro para la estabilidad regional”, a reservarse el cupo para asistir a la posesión? A mi manera de ver, el cambio en el ambiente vecinal obedece a tres razones principales, sin detrimento de las peculiaridades políticas de cada uno de los países involucrados.
Primero: apariencias. Aún en momentos de marcada polarización regional, nadie quiere ser visto como la fuente el problema, sino parte de la solución. En otras palabras, aún cuando persistan diferencias “de fondo” en las relaciones bilaterales, como lo manifestó el Canciller, para ninguno de los países del ALBA es diplomáticamente rentable dar la impresión de no estar dispuesto a mejorar las relaciones con Bogotá, aprovechando el cambio de gobierno. Ello no quiere decir, claro está, que exista una real intención de mejorar las relaciones, ni que ésta perdure. Pero no asistir a la posesión de nuevo gobierno es quedar mal. Y nadie quiere ser maleducado.
Segundo: necesidad. Salvo cortos momentos de entusiasmo patriotero, lo cierto es que todos los involucrados saben que la confrontación con Colombia les ha resultado costosa. Venezuela ha tenido que sustituir productos colombianos con importaciones de otras latitudes, a precios menos favorables. Ecuador ha sentido el freno de la inversión colombiana y la contracción del mercado “del norte” para sus productos. Y ninguno de los dos ha logrado un retorno electoral duradero a sus consignas anti-colombianas. Incluso en los momentos más álgidos de la crisis colombo-venezolana, por ejemplo, la mayoría de los conciudadanos de Chávez se opuso a la idea de una guerra. En pocas palabras, el cálculo costo-beneficio no cuadra.
Tercero: tiempo. Va quedando claro que el gobierno de Santos no va a ser una prolongación del gobierno de Uribe. El gradual retorno de la tecnocracia al alto gobierno y una visión diferente del sistema internacional parecen dar cuenta de ello. Pero a pesar de los cambios, sí es claro que los cuatro años de Santos se parecerán mucho más a los ocho de Uribe que a los 3 de Correa o los 11 de Chávez. Por ello, los inquilinos de Carondelet y Miraflores entienden que es preferible reducir su desgaste al inicio del Gobierno Santos, con miras a sobrevivir al cuatrienio que viene. Y, quién sabe, hasta de pronto logran convivir.
