Mientras tanto el Presidente Duque insiste en poner trampas a la implementación y sigue juiciosamente el libreto de no citar el acuerdo y de hacer propuestas dirigidas a incumplir lo pactado.
El Ministro de Defensa reveló ayer al entregar el balance de su sector durante 2019 que hubo una importante disminución en los delitos en los que tenía una mayor incidencia el conflicto con las Farc y en cambio un incremento en aquellos asociados a la delincuencia común.
Claro, el ministro cumplió disciplinadamente, como lo hace el Presidente, la consigna de no mencionar el acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de esa guerrilla para no reconocerle legitimidad. La asociación, sin embargo, resulta inevitable: si Holmes Trujillo e Iván Duque hubieran logrado su propósito de impedir la suscripción del acuerdo no podrían estar celebrando los resultados que ahora celebran.
El gobierno le apuesta a que la cifra de homicidios al final del año sea la más baja en los últimos 35 años. Está cerca de lograrlo. Hasta la semana pasada había una disminución del 2% en relación con la cifra del 2018. La lupa al dato revela que esa reducción se explica por la desaparición de las Farc. La cifra no cede, en cambio, en la mayoría de las ciudades, salvo Bogotá y Barranquilla.
El Presidente Duque siempre menciona como uno de los grandes logros en materia de seguridad la reducción de los secuestros en casi un 50% en el 2019, que es otra cifra que se explica por la desmovilización de las Farc que efectivamente era quien más aportaba a ese terrible crimen.
El Gobierno dice que alcanzó la cifra de 86.000 hectáreas de coca erradicadas y que seguramente, cuando se revele la cifra de área cultivada se consolidará la tendencia de reducción que inició el año pasado. Ahí sí que la explicación es casi exclusivamente la desmovilización de las Farc.
Una de las principales razones de la oposición del uribismo al acuerdo con esa guerrilla era precisamente que se había convertido en el principal soporte logístico de los cultivos ilícitos en Colombia y que ese “ejercito” de más de 10.000 hombres armados resultaban determinantes para explicar el crecimiento del fenómeno. Desconfiaban de que fuesen a abandonar el negocio. Aún repiten que no han entregado rutas ni otra información que puede resultar importante para combatir el narcotráfico, pero ocurrió lo más importante y es que abandonaron su participación en ese hecho y esa es la principal razón de porque ahora tanto la erradicación manual, como la sustitución voluntaria son más eficientes que antes de que esa guerrilla se hubiera desarmado.
El ministro también destacó como uno de los grandes resultados del año el aumento del área desminada, que claro que es un resultado casi obvio derivado de la desmovilización de las Farc. Según Trujillo en el 2019 hubo un aumento “del 12 % de m2 despejados por técnicas de desminado humanitario respecto al mismo periodo de 2018″.
Los resultados negativos, en cambio, como el aumento del delito de hurto y la incapacidad de controlar algunas zonas de las que salieron las Farc y que han sido tomadas por organizaciones criminales son todos atribuidos a la mala y tardía gestión del Gobierno en materia de seguridad, tanto que solo ayer -¡17 meses después de posesionarse!- presentó una política de seguridad ciudadana, en la que otra vez se niega el acuerdo, no se reconocen sus avances y por tanto, no se asume que es hora de cambiar las prioridades de seguridad y tener una política para el posconflicto palabra proscrita en éste gobierno.
Un par de días antes el Viceministro de turismo celebró otro logro íntimamente ligado a la suscripción del acuerdo de paz, claro también sin mencionarlo, que es el record de visitantes no residentes que en este año será superior a los cuatro millones y medio de personas, que se refleja en las tasas más altas de ocupación hotelera en la historia y un incremento de ingresos del sector casi del doble del crecimiento global de la economía.
El consejero Emilio Archila, que ha hecho una gestión que fue reconocida por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y Democracia, ha empezado a mostrar y entregar con orgullo las obras derivadas de la ejecución de los Programas de desarrollo territorial que se pactaron en el acuerdo con las Farc.
Cuando le preguntaron, hace tres semanas, sobre su balance de la implementación del acuerdo de paz contestó: “Es fenomenal. Si uno mira la forma como ha decaído el número de homicidios, de secuestros, de personas afectadas por minas, el balance es increíble. Cambiamos nuestra Constitución para que la antigua guerrilla participara en las elecciones a Congreso y en las primeras elecciones locales, que fueron las más pacíficas en 50 años. Cambiamos nuestra Constitución para implementar una justicia transicional, con sus tres entidades, que son un ejemplo para el mundo. Tenemos el proceso de reincorporación más ambicioso, con el mayor número de garantías que se han ofrecido a un grupo armado en el mundo. De los 13.000 excombatientes que están acreditados, casi la totalidad sigue en reincorporación. Con razón Eamon Gilmore, enviado de la Unión Europea para el proceso de paz, dice que seguimos siendo un caso de éxito en el mundo”.
Archila, a diferencia de Trujillo y el Presidente, no tiene ningún recato en reconocer que las mejoras en materia de seguridad son atribuibles, como era lógico que ocurriese, al desarme de las Farc.
Mientras tanto el Presidente Duque insiste en poner trampas a la implementación y sigue juiciosamente el libreto de no citar el acuerdo y de hacer propuestas dirigidas a incumplir lo pactado como la que sacó del cubilete esta semana relacionada con la representación política de las víctimas y de las zonas más afectadas por el conflicto a las que como acto de generosidad les ofreció disminuirles su representación en vez de aumentarla como se convino en el acuerdo que afortunadamente se firmó y puso en marcha a pesar de su radical oposición.
