Por Darwin Cortés
Hoy en la mañana la Comisión sexta de la Cámara de representantes hundió la reforma a la Educación Superior. Se abre un espacio para construir una reforma discutida con la sociedad civil y, en particular, con los estudiantes. Aún no sabemos cuál será la propuesta del gobierno, pero ya sabemos cuáles son los lineamientos generales de la posición de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Aunque es una propuesta que es imposible discutir por completo en este espacio, quisiera llamar la atención sobre dos puntos:
En primer lugar, supongamos por un momento que los problemas de financiación se resuelven completamente a satisfacción de los estudiantes. ¿Esto resuelve todo el problema de la educación superior? Yo creo que no. Tampoco basta con descongelar la planta docente. Creo que se necesita discutir a fondo el régimen de contratación de los docentes de las universidades públicas. Por más recursos que tengan estas universidades si el salario de enganche es muy bajo, la mayor parte de los mejores profesores se van a ir a otras universidades. Al comparar la escala salarial de los docentes de las universidades públicas con el de las privadas, en promedio, los salarios de enganche son más bajos y los salarios de salida son más altos en las primeras que en las segundas. ¿Cómo pueden competir las universidades públicas con las privadas por los docentes? ¿Un esquema completamente centralizado como el vigente es el más apropiado?
En segundo lugar, supongamos que los problemas de financiación no se resuelven del todo y que los recursos no alcanzan para financiar todo lo que se pide. En este escenario (más probable), se añaden otros problemas. Quiero llamar la atención sobre los problemas de distribución ¿Cómo distribuimos esos recursos escasos? Nótese que la pregunta es relevante en varias dimensiones. Por ejemplo, ¿Dividimos esos recursos por partes iguales entre todos los estudiantes y que los estudiantes asuman lo que les corresponda por partes iguales? ¿Adoptamos un esquema distributivo á là Rawls en la que cubrimos más a los más desfavorecidos (pobres, minorías, discapacitados)? Esas preguntas también son interesantes en otras dimensiones, ¿financiamos por igual a los docentes y a la planta administrativa? ¿Es mejor financiar el bienestar universitario o la investigación?
En mi opinión las respuestas a esas preguntas no son únicas y pasan por una reflexión local o regional. Esto a su vez exige un esquema de manejo de la educación superior menos centralizado al actual, y a su vez, una supervisión más cercana por parte del Ministerio.
