El Presidente ordenó la reapertura de Chirajara unas horas después tras recibir ese pedido del concesionario, empresa de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El Presidente Santos desautorizó al Ministro de Transporte que había ordenado el cierre de la carretera Bogotá – Villavicencio por el riesgo de que el posible desplome de lo que quedó del puente de Chirajara causara daños. Era lo que le tocaba hacer, aunque pareciera exagerada la medida. Sin embargo, el Presidente ordenó su reapertura unas horas después tras recibir ese pedido del concesionario, empresa de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Todo indica que medió incluso una conversación personal entre el Presidente y el ingeniero Sarmiento. Sea lo que fuere, sería un buen capítulo de ese libro que varios quisiéramos escribir sobre cómo toma las decisiones Santos.
En general, el tratamiento que el Gobierno ha dado al caso muestra una especie de condescendencia con el contratista que solo se explica porque es Sarmiento. Se cayó un puente y en vez de salir a decir que los constructores tienen que responder por la obra y que habrá sanciones y etc como hubiese sido en cualquier otro caso de colapso de una obra, el Presidente dice que “esas cosas suceden” y los demás funcionarios se escudan diciendo: “esperemos la investigación”.
Desde el punto de vista jurídico el caso es simple. Un contratista se obliga a realizar una obra, obviamente en condiciones técnicas adecuadas, y a entregarla en un plazo determinado. Durante el proceso de construcción la obra colapsa, es decir el contratista se pone en situación de incumplimiento salvo que hubiese ocurrido una causa de fuerza mayor o caso fortuito. El hecho obliga a la entidad contratante a abrir un proceso sancionatorio tal como lo anunció desde el primer día el gerente de la Agencia de Infraestructura, proceso que no se ha iniciado porque el gobierno se ha puesto del lado del contratista.
Desde la perspectiva contractual la investigación solo interesa al contratista. Es digamos su medio de defensa, podría encontrar una razón para no asumir la responsabilidad y está bien, tiene derecho a ello, pero a los demás colombianos que somos los contratantes solo nos corresponde exigir el cumplimiento del contrato y la indemnización por los perjuicios que ese hecho haya generado cosa que hasta ahora nadie ha hecho.
Salvo fuerza mayor, todas las demás posibles causas de colapso del puente son “culpa” del contratista. A los ciudadanos de Villavicencio les da lo mismo que el puente se haya caído como consecuencia de un mal diseño, como dijeron, o por fallas constructivas.
Alguien que tiene porque saberlo me escribió: “el problema fue la licitación para la construcción del puente. Coviandes ahogó a los contratistas en la licitación privada y escogió el precio más barato”. Yo no sé si será así o no, pero no he oído a ninguno de los solícitos titulares de los organismos de control que lo vaya a averiguar.
Lo cierto es que no habrá puente en los próximos años porque hay que rehacerlo y ese es el pulso en el que intervino el Presidente. El asunto para el constructor no es si la vía está abierta o cerrada como si lo es para los demás ciudadanos, sino si puede remendar el puente y salvar la parte que quedó en pie o si tiene que derrumbarla y hacerlo desde cero.
La decisión del Ministro, con base en información técnica que recibió sobre los peligros que representaba permitir el libre paso de personas por la zona aledaña a la obra con el riesgo de colapso de lo que quedó del puente a lo que obligaba era a demoler el pedazo que está en pie, así como la Fiscalía ordenó que se hiciera rápidamente con los edificios de Cartagena que han descubierto que se construyeron sin las condiciones técnicas requeridas.
Por eso Sarmiento se movió, porque están en juego miles de millones de pesos y por eso el Presidente desautorizó al Ministro que había actuado con la diligencia que le han pedido hace poco al propio Alcalde de Cartagena que en sus narices construyeron edificios mal hechos y más aún a la gobernadora del Putumayo a la que responsabilizan por no tomar medidas para evitar la pérdida de vidas humanas.
La diferencia de tratamiento entre esos casos y el del puente de Chirajara solo se explica porque median intereses de un hombre poderoso como Sarmiento.
Que Coviandes ha sido un buen constructor hasta ahora y que lo que se ha construido es de buena calidad, con seguridad. Que por ser de Sarmiento no hay que presumir la mala fe por supuesto. Incluso, al contrario, el Ingeniero quiere que esa obra sea un ejemplo, pero es que eso no es lo que está en discusión. Por la razón que sea, la obra colapsó y eso lo convierte en un contratista incumplido. Al constructor lo tienen que defender sus abogados no los funcionarios públicos, quien claro tampoco tienen que perseguirlo per se pero sí exigirle que cumpla.
Ya había pasado lo mismo en el caso de la Ruta del Sol en el que una empresa de Sarmiento, Corficolombiana, era socia de Odebrecht y todo el estado se dedicó a protegerla. Buscaron la manera jurídica para que se perjudicara lo menos posible para lo cual ordenaron la liquidación del contrato que es un procedimiento que no implica sanciones como han debido imponerse. Corficolombiana participó de un consorcio que defraudó al Estado y la Fiscalía dice que con conocimiento de quien era entonces representante legal de esa empresa y aun así el camino que se adopta es el que menos consecuencias le traiga.
Otra vez, el caso podría compararse con otros y se podrían evidenciar las diferencias de reacción de los órganos de control y del gobierno que actúa como contratante. Nuevamente el factor diferenciador es la presencia de Sarmiento.
Cardona, que es un gran funcionario, no calculó que Luis Carlos mata ministro.
