Si los niños (y sobre todo, las niñas) colombianos tuvieran derecho a dejar en público su voz, muchos adultos con los que conviven a diario estarían pagando cárcel (o cuando menos, escondederos). Pero los niños y adolescentes colombianos no tienen voz ni voto ni columna semanal ni programa de radio. Dependen de quienes eventualmente hablan por ellos: ONG, trabajadores sociales, periodistas, expertos forenses y analistas de datos.
De entrada, estos dejan muy mal parada a una de las instituciones más idealizadas del país, la familia colombiana. Los datos, que son apenas la punta del iceberg (pues la mayoría de las denuncias no llegan a oídos de quienes pueden tramitarlas) no pueden dejar indiferente a nadie. Los guarismos que doy son del año 2018 (pero esto tiende a agravarse año tras año, por lo que posiblemente las cosas son aun peores hoy).
En Colombia, en el año 2018, Medicina Legal realizó once mil informes periciales concernientes a violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes (excluyendo violencia sexual). Esto significa que treinta niños fueron golpeados cada día de tal forma que tuvieron que ser evaluados en Medicina Legal.
Insisto en decir que esto es lo que se sabe, pues el subregistro es grande: ¿quién va a ir a autodenunciarse frente a las autoridades? Nadie, sobre todo porque sabemos que la vivienda es el escenario más frecuente en la violencia contra menores, con el 76 % del total de casos. Es decir que los niños pueden estar sometidos a tortura dentro de sus casas, sin que esto llegue a oídos de las autoridades. De hecho, los casos que llegan a conocimiento público son aquellos donde, por fortuna, hay testigos, allegados, o un cónyuge que se inquieta por el menor.
¿Quiénes son los autores de estas violencias? Según los informes de esta entidad, son los papás y las mamás (cada uno con un buen 30%), además de los padrastros (con un 8%). Es decir que en la absoluta mayoría de los casos, la violencia es ejercida por quienes tienen a su cargo a estos menores. El informe dice también que, en este nivel, las víctimas son tanto niñas (52%), como niños (48%). Y da detalles sobre el tipo de violencias: son realizadas con armas (domésticas o no, contundentes, corto punzantes, etc).
Pero hay más. El capítulo colombiano relativo a las violencias sexuales contra menores de edad es espeluznante. Cuesta creer que en los campos y ciudades de este país de fama alegre y tropical existan unos niveles tan deprimentes de abuso sexual sobre menores. El subregistro, de nuevo, es muy alto (por razones similares a las anteriores, y aun más, porque a menudo no hay huellas físicas que personas exteriores al hogar puedan detectar, y porque las víctimas de estas violencias viven amedrentadas y suelen callar con sentimiento de culpa).
En el año 2018, se practicaron 71 valoraciones diarias de violencias sexuales. La edad media de las víctimas fue de 12 años, y el grupo más afectado, de 10 a 14 años. Pero como la ignominia no tiene límites, el 11 % de las valoraciones se realizaron a niños entre los 0 y los 4 años de edad.
Las niñas fueron particularmente objeto de este tipo de violencias: las menores de 10 a 13 años representan el 42 % del total de valoraciones por delito sexual practicadas en mujeres. Es decir que en Colombia, casi la mitad de los delitos sexuales son cometidos contra menores de 13 años. Adicionalmente, como resultado de la violencia sexual se encontraron en este mismo rango de edad 5 713 niñas embarazadas. ¿Y los agresores? Esencialmente, son los miembros varones de la familia (papá, abuelo, hermano, tío).
La familia colombiana está enferma. Muchas niñas y niños padecen en silencio múltiples formas de tortura, golpes, violaciones, abusos, asesinato. Son, evidentemente, mucho más indefensos que cualquiera, pues viven condenados a convivir con sus protectores/abusadores, y porque no tienen forma de hacer las denuncias correspondientes.
Siendo alcalde, Gustavo Petro afirmaba que una sociedad vale por como trata a su niñez. Hoy, el gobierno colombiano dice ser una “potencia mundial de la vida”, y pone a niños sonrientes en sus publicidades oficiales. A la par, el gobierno Petro nombra a una persona fuertemente cuestionada por las asociaciones que conocen del tema en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Esta es una de las instituciones más importantes para hacer cumplir los derechos de los niños, consagrados constitucionalmente. En particular, el ICBF tiene como misión detectar, prevenir y atender la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la explotación sexual en la prostitución, el abandono, y otras terribles realidades que viven cientos de miles de menores en el territorio colombiano. Con sus más de 8 billones de presupuesto al año y 33 sedes regionales y 215 centros zonales, el ICBF no puede seguir siendo una cuota para amigos o para pagar favores políticos.
