Tanto la Ley 100, que montó la reforma de salud, como el Ministerio de Protección Social, fueron proyectos de Juan Luis Londoño, uno de los mejores economistas sociales de América Latina. Pero mientras la Ley es un acierto que logró mejorar sustancialmente la cobertura de salud para los más pobres, el Ministerio es un desacierto por su desbordante tamaño, y la consecuente agilidad que tiene, propia de un dinosaurio rex, como para instalarlo en el parque de Villa de Leyva.  Y paro aquí, en  el análisis de las instituciones, para no entrar en los ingredientes que aportan las personas.
No podemos confundir la reforma de salud con el Ministerio, pues son dos cosas distintas. La Ley 100 ha logrado que los pobres (que son la mayoría en Colombia) tengan mayor acceso a la salud. Por ejemplo, los asegurados al régimen subsidiado tienen un 40% más de probabilidad de tener consultas externas que los no asegurados. Mientras que el 24% de los asegurados reporta problemas de plata relacionados con la salud, el 57% de los no asegurados reporta ese tipo de problemas. Los niños asegurados, cuando tienen problemas tos o diarrea, tienen más chances de ser llevados a una institución de salud que los no asegurados. Estos son datos tomados de Glassman y otros (2009)*, libro apasionante que recomiendo, con la evaluación de la Ley 100. Mi punto es que hay que proteger la Ley 100, y desproteger el Ministerio: necesitamos de regreso el Ministerio de Salud, y crear el Ministerio de Desarrollo Social. 
Al retal .-¡Que talento el de nuestros bancos para ser detestables! Los cajeros electrónicos no suministran el costo de la transacción cuando ésta se hace, sino que le preguntan al usuario si quiere conocerlo, imponiendo costos de tiempo a la operación. Es como si fuéramos al supermercado y, en vez del precio del producto, encontráramos una marquilla con la invitación a consultarlo “al reverso” “en caso de estar interesados”.
*Datos tomados de Glassman, et al (2009) “From Few to many”, Brookings. Lo recomiendo