Pocos temas requieren mayor ponderación que las relativas a la expedición de leyes en materia criminal. Definir cómo se castiga al delincuente, se le brinda una oportunidad de rehabilitarse y, al mismo tiempo, se protege la seguridad colectiva, son materias complejas que no pueden afrontarse a la ligera y sin un análisis riguroso de causas y consecuencias.

En los países que manejan con seriedad estas materias se procura legislar de manera integral; es decir, teniendo en cuenta tanto victimarios como víctimas, que unos y otros requieren atención cuidadosa; y la gravedad relativa de cada tipo delictual en el conjunto de las conductas que la sociedad considera criminales. Por eso no deben expedirse normas de manera fragmentaria o coyuntural. Cuando se decida hacerlo, hay que tener en cuenta el conjunto.

Por supuesto, pocas conductas criminales ofenden más que los delitos que implican violación y otras formas de abuso sexual cometidas contra los niños; y cuando esas conductas son reiteradas, y van acompañadas del asesinato y desaparición de las víctimas, el horror e indignación de la sociedad llegan a extremos por entero comprensibles.

La actitud de la Senadora Gilma Jiménez, impulsora del referendo de cadena perpetua a los violadores, es ejemplo paradigmático del clima de exaltación emocional que hace imposible un debate sereno sobre una problemática de innegable importancia. Es lo que se aprecia del reportaje que concediera recientemente a El Espectador. Cuando el entrevistador le pregunta por las posibles causas de la patología que es causa eficiente de la conducta criminal, su respuesta, que a mí me escandaliza, fue esta:

“En todos estos años me he concentrado en las víctimas y no en los victimarios. Poco y nada me interesan. Obviamente soy profesional de áreas sociales, soy trabajadora social y tengo claro un escenario de causalidades múltiples. Pero me da temor caer en ese escenario y justificar lo injustificable. La otra excusa perfecta es que están enfermos. Pues seguramente tendrán alguna cosa, pero cuando se los gradúa de enfermos de entrada los están justificando”.

De sus palabras se deduce que un fuego interior la impulsa, de manera obsesiva,  hacia el castigo, ignorando la prevención del delito y la recuperación de los delincuentes, que son también elementos centrales de cualquier estrategia bien concebida. Por eso rehúsa analizar las causas del fenómeno, o, como ella misma lo dice: le “da temor caer en ese escenario y justificar lo injustificable”. Es obvio que quien así “razona” está dominado por el fanatismo.

De otro lado, le bastaría leer las disposiciones generales del Código Penal para advertir que quienes padecen patologías mentales graves que los hacen inimputables no por ello dejan de ser responsables ante la Ley. Solo que en tal caso no  se les aplican las penas  previstas para los delitos que hayan cometido, sino medidas de seguridad que cumplen el doble propósito de proteger a la sociedad y rehabilitar a la persona que delinque como consecuencia de severas anomalías en su relación con los demás.

Así mismo, se equivoca al decir que “cuando se los gradúa de enfermos de entrada los están justificando”. Si los justificara, la ley ordenaría dejarlos libres en lugar de mandarlos a un centro psiquiátrico, que es lo que ella ordena. Estos aspectos centrales del asunto se le escapan porque su cruzada- son sus palabras-: “no es un tema de loquitos”. Por eso no ha escrito su ley “en función de ellos, sino de los niños”.

Cualquiera que analice de manera desprevenida el contexto en que ocurre el abuso sexual contra niños descubre ciertas constancias: pobreza, hogares destruidos, carencias educativas graves, desarraigo, promiscuidad… En el medio social en el que vivimos la Senadora Jiménez, usted y yo, esta anomalía es rara. Infortunadamente, ella ha decidido ignorar sus causas.

La iniciativa de la Senadora Jiménez establece la posibilidad de cadena perpetua para cuatro modalidades de crimen: homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometidos contra menor de 14 años o menor de edad con discapacidad física o mental. Como esa pena no está prevista para ningún otro delito del amplio catálogo contenido en el Código Penal, podríamos llegar a situaciones tan absurdas como la de aplicar cadena perpetua a quien secuestre un niño sin hacerle daño alguno, mientras que tendría que aplicarse una pena menor a quien sea reo de masacres, actos terroristas, desplazamiento de comunidades y otros delitos de gravedad semejante. ¿Tendrá esto algún sentido?

Censurable, por las consideraciones que preceden, la iniciativa de la señora congresista,  debo decir que no es menos preocupante el camino del referendo popular. Llevar a consideración directa de la ciudadanía un tema tan complejo y que suscita tantas pasiones cierra cualquier posibilidad de diálogo razonable. Nadie -ni siquiera quien aquí escribe- tendrá el coraje  de  oponerse: automáticamente quedaría colocado en el bando de los violadores de niños. 

Además, el referendo, forma encomiable de democracia directa y participación ciudadana, adolece de una limitación severa. Admite únicamente posiciones extremas: si o no. Todas las opciones de política pública que permitirían arribar a formulaciones consensuadas sobre cualquier problema, por ejemplo, el muy complejo de los delitos cometidos contra niños, están excluidas. Ningún texto sometido a referendo constitucional puede ser modificado una vez se ha iniciado el proceso que conduce a su presentación ante los electores.

Una última cuestión: ¿Por qué la Senadora ha elegido el camino difícil del referendo, en vez de impulsar su reforma por la vía del Congreso? Mi impresión es que por razones de rentabilidad electoral. Acudir directamente al “constituyente primario” con una causa popular puede traducirse en votos en las próximas elecciones. Si así fuera no hay por qué culparla; es normal cuidar la fuente de la que derivamos el sustento.

[i] Con algunas diferencias,  esta columna aparece de manera simultánea en “Ámbito Jurídico” y “La Silla Vacía”. La duplico porque el tema tratado me parece de singular importancia;  y porque creo que los lectores de una y otra publicación son diferentes.  Pido excusas a quienes por error inducido me lean dos veces; sé que tienen mejores cosas que hacer.