Un par de personas, que por sus cargos o su cercanía con el Presidente, podrían tener una conversación con él a propósito de la conformación de la terna que debe enviar al Senado para la elección del magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a Alejandro Linares, generosamente me preguntaron si podían proponerle mi nombre para ser incluido en esa lista, a ambos les agradecí de veras pero les pedí que no lo hicieran. Por lo mucho que valoro tanto a la Corte Constitucional como mi participación en el debate público me parecería altamente inconveniente que el Presidente me postulara a ese cargo que públicamente he dicho que quisiera ocupar algún día.
Hace algo más de año y medio el Consejo de Estado me dispensó el inmenso honor de postularme como uno de sus tres candidatos, luego de un proceso de selección en el que participamos varias decenas. La mayoría de los senadores eligieron a una persona de altísimas calidades como la magistrada Natalia Ángel. Yo también habría votado por ella.
Agradecí mucho que el Consejo de Estado hubiese valorado la importancia de la deliberación democrática y a pesar de mi postura, no pocas veces polémica, sobre asuntos públicos, hubiese creído que yo tenía las calidades y la ponderación para ser un buen magistrado. Seguramente algunos senadores consideraron que precisamente por esas posiciones preferían escoger a una persona distinta. Ese es el juego democrático que respeto profundamente y para eso interviene el Senado en la elección de los magistrados de la Corte.
Aunque no voté por él y en el pasado y ahora lo he criticado abiertamente, creo firmemente que el gobierno del Presidente Gustavo Petro es un hito histórico que pone a prueba la fortaleza del sistema institucional democrático del que tanto nos ufanamos. Petro y todos los sectores sociales que sienten que, por fin, llegaron con él al gobierno tienen derecho a desarrollar su agenda y ellos a su turno tienen que hacerlo en el marco de la Constitución.
Oponerse férreamente a la agenda gubernamental y usar para ello falacias o exageraciones solo con el propósito de debilitar al gobierno es una postura desleal con la deliberación pública que no comparto. Creo que en esta coyuntura hay que oponerse a esa actitud para ser consecuente con los principios y valores democráticos que todos decimos defender.
Comparto buena parte de la agenda del gobierno. La lucha contra el cambio climático, el afán de cerrar el larguísimo capítulo de nuestras violencias y la necesidad de promover y ejecutar reformas sociales que desde hace décadas decimos que son inaplazables. Difiero de algunos de sus diagnósticos y de sus métodos.
Mis coincidencias temáticas y mis permanentes reclamos y llamados para que se permita con lealtad el desarrollo del gobierno me han valido el calificativo de “petrista” y, no pocos, incluso algunos que me aprecian y respetan mis opiniones, insinúan en conversaciones informales que tengo esa postura para que se me facilite lograr, como quisiera, ser elegido magistrado de la Corte Constitucional.
Los que me conocen y lo dicen me conocen menos de lo que yo creía.
Nunca tuve ni interés, ni expectativa de ser postulado para la Corte por el Presidente Petro. Siendo senador, hace relativamente pocos meses, no solo no votó por mí, sino que, a petición del entonces Senador Luis Fernando Velasco, les pidió a los miembros de la bancada de lo que hoy es el Pacto Histórico votar por un excelente candidato como el magistrado Luis Manuel Lasso.
Con el Presidente Petro he tenido, desde hace treinta años, una relación cordial, de mutuo respeto y nunca cercana. En esa condición busqué y tuve una grata conversación con él en la que me ofreció votar por mí aunque después cambió de opinión, posición que, por supuesto, también respeté y no cambió en nada mi opinión sobre él.
Respeto tanto la importancia y el valor del debate público que nunca usaría los espacios que generosamente y con toda libertad se me han abierto con un propósito distinto al de expresar francamente mis opiniones. Conozco el riesgo de opinar y se los pros y contras que eso tiene para mi deseo de ser magistrado.
Valoro tanto el rol de la Corte Constitucional que entiendo perfectamente el daño que haría si permitiera que se ataran cabos para explicar la toma de una posición pública con el gobierno con el ánimo de conseguir una postulación, por eso contesté, sin dudarlo: no, gracias.
Valoro tanto la libertad y el afecto con el que me permiten expresar mis opiniones, con frecuencia polémicas, en Blu Radio y aquí en La Silla Vacía que la sola posibilidad de que oyentes o lectores puedan sospechar de un interés subrepticio al cumplir con mi tarea sería una deslealtad con quienes permanente me expresan su respeto y aprecio.
Entiendo perfectamente cuales son las responsabilidades en un papel y en el otro, por ejemplo, si fuera magistrado de la Corte estaría con la posición, probablemente mayoritaria, de quienes creen que la declaratoria de emergencia económica por la situación de La Guajira no cumple con los requisitos constitucionales para optar por ese camino y que por tanto debe declararse inconstitucional y exigirle al gobierno que use, sin dilaciones, las vías ordinarias para conseguir el propósito que, aparentemente y por fortuna, tiene de atender semejante situación éticamente inaceptable. En la democracia muchas veces las formas son la esencia.
Al comienzo del gobierno, los representantes a la Cámara del Partido Liberal presentaron mi nombre para ser considerado para ser nombrado como Ministro en nombre de ese Partido. Valoré mucho y agradecí, pero, por razones distintas, dije que no. Llamé al Ministro del Interior y le pedí que no me tuviera en cuenta a pesar de la insistencia de los congresistas. Varios meses después, a través de un funcionario del gobierno, me pidieron asumir un cargo de rango ministerial. Nuevamente dije no, gracias.
El Presidente Petro sabe que conmigo cuenta con una posición respetuosa, que tenemos coincidencias en relación con las prioridades de esta sociedad y que cada vez que no esté de acuerdo lo diré y, especialmente, que en la defensa de las instituciones y de los principios constitucionales soy terco y dogmático.
Pensé mucho si escribir o no esta columna tan personal, pero decidí hacerlo porque creo que quienes participamos en los debates públicos tenemos el deber de ser totalmente transparentes, incluso haciendo públicas nuestras propias cavilaciones.
