Nada provoca más urticaria del estilo de gobierno de Petro que cuando apela al pueblo y lo convoca a las calles. Para muchos analistas e incluso para honorables congresistas esta es la prueba reina de la deriva autoritaria del presidente. No sé quién se inventó la teoría de que la calle es solo para hacer oposición. En Colombia, donde las reformas se quedan a medio camino, se echan para atrás con pactos de elites, o se frustran en el Congreso, muchos presidentes han apelado al pueblo para construir la voluntad de los políticos.
La Revolución en Marcha requirió de la movilización de los sindicatos, y ni así se pudo consolidar. Carlos Lleras Restrepo lo tuvo más claro aún: para sacar la reforma agraria adelante recorrió el país animando a los campesinos a organizarse en asociaciones porque calculaba, con buen tino, que los gamonales-congresistas no dejarían hacer la reforma. Finalmente la frustraron a mitad de su camino con el Pacto de Chicoral.
Belisario Betancur promovió marchas a favor de su audaz proceso de paz al que se oponían con pies y manos muchos poderosos del país. Los gobiernos de Barco y Gaviria apoyaron las movilizaciones de la séptima papeleta cuando ya el Congreso había hundido una reforma constitucional con más micos que un zoológico. Y Santos, cuando lanzó la ley de víctimas se fue a Necoclí, en el Urabá antioqueño, a sentir el calor de las masas, a quienes impelió a no dejarse quitar sus derechos. Les mandó un mensaje a los empresarios justamente de esa región de que se venía la restitución de tierras, punto que ellos entendieron como una traición de clase.
Tan duro será sacar las reformas en el Congreso que el propio presidente Álvaro Uribe, un verdadero líder carismático, rozagante de popularidad y mayorías, se jugó todo su capital político en un referendo contra la corrupción en octubre de 2003, que incluía varios puntos de reforma política que por supuesto el Congreso, a pesar de estar mayoritariamente a su favor, jamás aprobaría. Pero no tuvo suficientes votos. Así que lo que ha hecho Petro es tradición y no disrupción.
Pero una cosa son los rituales de respaldo u oposición a un gobierno y sus políticas y otra un tantico diferente los ejercicios de participación ciudadana y más aún de democracia directa. Colombia ya ha probado varios de ellos, que se quedan cortos porque como dicen muchos líderes sociales “yo participo, tu participas, nosotros participamos y ellos deciden”. Con notables excepciones, como los presupuestos participativos que han aplicado con éxito algunas alcaldías y las consultas para frenar la minería. Ah, por cierto, las constituyentes regionales y consultas por la paz que se hicieron en la década de los noventa, y que fueron aplastadas con violencia porque la extrema derecha las consideró demasiado subversivas.
Petro prometió profundizar la democracia participativa y hasta ahora solo hemos visto la convocatoria masiva que se hizo en las regiones para el diseño del plan de desarrollo. Loable que se quieran legitimar los contenidos del plan con asambleas populares, pero tal como se desarrollaron están lejos de ser un método juicioso de participación ciudadana. Hay que tener cuidado con “hacer como sí” se estuviera escuchando al pueblo.
Personalmente, creo que la crisis del modelo liberal exige que a la democracia representativa —cuyo presupuesto es que las instituciones son legítimas porque actúan limpiamente y en favor del interés público— se le combinen formas más profundas de participación, incluso en las calles. Ese es el anhelo que siempre pone el ELN en la mesa pero que en 30 años de diálogos de paz no se ha podido aterrizar en propuestas concretas.
Otros países están probando fórmulas para oxigenar la democracia representativa con relativo éxito. En Irlanda —país que vivió un conflicto incluso más largo que el nuestro— existe desde 2011 una Asamblea Ciudadana que se reúne periódicamente a discutir temas de alta sensibilidad política. Este año, por ejemplo, deliberará sobre la política frente al consumo de drogas. La Asamblea reúne a cien personas escogidas de manera aleatoria de acuerdo con el censo y tomando en cuenta coeficientes de representación acordes con la realidad demográfica del país.
Los elegidos escuchan a expertos y comunidades durante varios días y luego dan un concepto que contribuya a la toma de decisiones políticas. Es por tanto un método informado e ilustrado de deliberación. En toda Europa esta práctica se extiende. La aplicó Macron para conjurar las revueltas en 2020; en 2004 la uso Canadá para la reforma electoral; sigue la lista que incluye a países como Bélgica e Islandia.
A muy pocos se les ha ocurrido decir que este mecanismo opaca el brillo del parlamento dado que finalmente las decisiones siguen estando en él o en referendos. Es un método ordenado de escuchar a una sociedad plural y diversa, mucho más influyente que las audiencias que hacen el Congreso o las Cortes en Colombia cuando se trata de temas que dividen a la sociedad. La Asamblea en sí misma se convierte en un espacio de construcción de consensos entre comunidades diferentes.
No hay que tenerle miedo al pueblo. Pero hay que organizar la vaina y tomársela en serio.
