No hay sector de la economía colombiana que goce de tantas prerrogativas, fuera del agrícola, como el de transportes. Cuando las autoridades de tránsito le imponen una multa que no se hace efectiva, el acto administrativo caduca a los tres años y no a los cinco como en todos los demás sectores.
No hay sector de la economía colombiana que goce de tantas prerrogativas, fuera del agrícola, como el de transportes. Cuando las autoridades de tránsito le imponen una multa que no se hace efectiva, el acto administrativo caduca a los tres años y no a los cinco como en todos los demás sectores. Les autorizan incrementos exorbitantes en las tarifas que, como en el caso de Bogotá, superaron los 8 puntos por encima del costo de vida, cosa que además, y curiosamente, sucede un 31 de diciembre. Y cuando las autoridades quieren, o dicen querer, hacer efectivo el cobro de los cientos de miles de millones de pesos que le adeudan los transportadores por el no pago de multas, éstos amenazan con un bloqueo a la ciudad, y santo remedio. Es la estrategia que siempre utilizan y que les funciona una y otra vez. Como en un juego: ellos bravos y las autoridades tímidas. Al final, una mesa de diálogo, acuerdos sobre el desacuerdo y nada de pago.¿Envidiable tratamiento? Bueno, similar al que le dieron a los Nule por el incumplimiento de sus trabajos en la calle 26.
Así que es esa la razón del caos vehicular de la ciudad: además del caro y pésimo servicio, el incumplimiento de todas las normas y la desidia de las autoridades para hacer efectivos los castigos previstos. Y ellos, los trasportadores lo saben. Así que de nada servirá la cultura ciudadana, ni un incremento del número de agentes de policía y de comparendos, ni la sincronización de semáforos.
Será por eso que aún no se conoce el texto del reciente acuerdo al que llegaron los trasportadores de la ciudad con las autoridades locales. Lo que se lee en su página web hace referencia a que todos ganaron y que se respetó la ley. ¿Cuál, la de los trasportadores de nuevo? Seguramente.
