Después del terremoto nacional que causó al pagarle un soborno al corrupto fiscal anticorruptor Gustavo Moreno, en coordinación con la DEA, el exgobernador Alejandro Lyons logró darle un golpe de credibilidad a la Fiscalía, y allanó el camino para una posible petición de asilo en los Estados Unidos y de paso seguir evadiendo a la Justicia, que lo requiere en Colombia por delitos relacionados con corrupción.
Mientras Lyons continúa en Miami haciéndole el quite a la Fiscalía colombiana -aún no está claro si volverá al país-, varios de los recursos desembolsados durante su mandato están embolatados y en algunos la Contraloría ya tiene evidencias de que los objetos de esos contratos no se van a cumplir.
Veinte de los hechos delictivos por los que la Fiscalía investiga a Lyons se deben, en parte, a cinco contratos que firmó, financiados con plata de Regalías, y a una serie de pagos por supuestos pacientes hemofílicos, con recursos del Sistema General de Participaciones, autorizados por los distintos secretarios de Salud de su administración.
Otros cuatro casos, en los que Lyons también tuvo algún tipo de incidencia, están bajo la lupa de la Contraloría y la Fiscalía, y podrían generarle a corto plazo más cuentas pendientes con la Justicia porque ya hay indicios de que hubo irregularidades en la adjudicación o en la ejecución. Especialmente, porque en mayo pasado el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció desde Montería que los próximos meses habría resultados como parte de la segunda fase de su estrategia contra la corrupción llamada Bolsillos de cristal.
Entre las investigaciones en curso en la Fiscalía están tres de esos cuatro casos: la construcción del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora -por el que el consejero para las regiones Carlos Correa y el alcalde de Montería Marcos Pineda fueron capturados y una semana después dejados en libertad-, la terminación del puente Valencia y los pagos por terapias de neurodesarrollo a pacientes con síndrome de Down, firmados por el exsecretario de Salud Edwin Preciado Lorduy, miembro del grupo político de Lyons.
De hecho, por esos pagos la Contraloría le inició proceso de responsabilidad fiscal a Lyons, al igual que por los de los supuestos pacientes hemofílicos.
Hasta ahora, hay 10 contratos de la era Lyons que están en la mira de las autoridades y suman $198.676 millones. Estos son:
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