Si el dilema que nos iba a presentar el Presidente de la República desde el balcón del Palacio de Nariño era que si no se aprobaban sus reformas habría violencia, mejor se hubiera preocupado por preparar buenas reformas.
Lo que dijo, al cumplirse el séptimo mes de su gobierno, era que o lo dejamos cambiar todo a su acomodo, o si no vaya usted a saber quién va a empezar a disparar, asolar, quemar, destruir, perseguir, violar, purgar, como se hizo en los años posteriores a 1948 a lo largo y ancho de Colombia. Si ese es el predicamento él y sus ministras han debido dedicar más tiempo a hacer unas reformas sólidas y sesudas y no los reformazos que proponen.
Elegimos a los presidentes para que nos protejan y defiendan. No para que nos amenacen bajo la consigna de “reformazos o balazos”. El presidente de México, AMLO por sus iniciales, propuso cambiar balazos por abrazos. No fuimos tan afortunados en Colombia.
Los reformazos con que evitaríamos que nos agredan son, a hoy, la pensional, la de salud, la compra de tierras y la agraria, la Paz Total, la laboral y la política.
Quien desee conocerlas a fondo debe leer los textos que ha producido el gobierno y lo que escriben los analistas. En lo que sigue presento una apretada síntesis, solo para abrir el apetito.
La reforma pensional no es una reforma a las pensiones. Consiste en quitarle a Pedro para darle a Juan. Se podría usar la plata que se les quitó a los contribuyentes con la tributaria (Pedro), para darle a 3 millones de viejecitos pobres, de los cuales hoy sólo un millón recibe magros giros mensuales de 80 mil pesos. Buscan girar 500 mil pesos al mes a los tres millones de viejecitos. Es un fin noble que se podría hacer gradualmente y sin afectar al sistema de ahorro individual de pensiones.
Pero los progresistas sueñan con quitarle ahorros a quienes optaron por cuentas individuales, y, sobre todo, quitarle la administración de las AFP. No importa arrasar con la confianza de más de 7 millones de cotizantes de todas las clases sociales, que tienen un ahorro pensional individual. Tampoco importa pasarlos a un sistema público desfinanciado, que debe recibir cada año más de 30 billones de pesos del presupuesto nacional para tapar su hueco.
Tarde o temprano cubriremos la ampliación de ese hueco pagando más impuestos y endeudando más al Estado. Como apropiadamente dijo alguien: en lugar de invertir en el futuro, le pediremos que nos preste.
De paso, se secaría el pozo que el propio gobierno usa cada año para saciar su sed de deuda. Esa es la razón por la cual el ministro Ocampo y su director de crédito público ven un gran riesgo en que esa reforma se apruebe.
Aparte, el reformazo pensional no busca cambiar ningún parámetro del sistema pensional, como la edad de jubilación, la diferencia por género, el número de semanas de cotización, el porcentaje cotización o los beneficios para los pensionados. Simplemente se crean unos nuevos beneficiarios y se les entrega la plata que otros ahorran. Con esa jugada evitan que el gobierno incurra en el costo político de buscar plata en otro lado. De nuevo, eso no es una reforma pensional. Es una chambonada.
La reforma de Salud consiste en estatizar el recaudo y el uso de los aportes de salud, en parte por revancha contra las EPS. Hay unas EPS malas pero otras muy buenas. ¿Por qué tienen que pagar justos por pecadores? Además reemplaza a unos intermediarios y aseguradores que funcionan por unos que sabemos que no van a funcionar: el gobierno, los departamentos y municipios y ¡deja en cabeza de ellos al sistema de salud!.
Ni el gobierno nacional ni los departamentos y municipios saben de epidemiología, cálculo actuarial, administración de recursos, logística de pacientes, médicos, medicinas o tratamientos, y sobre todo, de mantener bajo la lupa el costo de tratamientos, especialistas, medicinas y pagar a tiempo a enfermeras y médicos.
Lo más grave del reformazo de salud es que enferma a la gente. Parece mentira que una reforma pueda tener tal efecto. Un estudio riguroso del Banco de la República demostró que cuando la Salud se paga “por servicios prestados”, como quiere la ministra Corcho, en lugar de “por contratos de capitación”, las EPS e IPS atienden menos bien a los pacientes, lo cual conduce a más sufrimiento, mayores urgencias, demandar más servicios y mayor cobro por paciente.
Concluye el Banco de la República: “los pacientes diagnosticados bajo contratos de pagos por servicios no solo tuvieron resultados de salud menos favorables y tuvieron que ir en más oportunidades a urgencias, sino que resultaron más costosos que los pacientes diagnosticados bajo pagos de capitación en términos de los recursos que demandaron del sistema.”
Las entidades estatales manejarían 40 billones de pesos anuales, que a la vuelta de seis meses estaría carcomidos por la corrupción, la inflación de costos, la ineficiencia y el desorden. Darían al traste con la salud de los colombianos y la sostenibilidad del Estado. Todo porque la ministra cree saber más de lo que sabe y finge creer en el género humano más de lo que cabe. De nuevo, eso no es una reforma de salud, sino otra chambonada.
La siguiente reforma es agraria. La tierra como causa del conflicto, según cree el gobierno, me parece un anacronismo de cuando el país vivía en los campos y la riqueza eran las fincas. En el mundo actual la población está urbanizada en un 80%, los jóvenes abandonan campos, veredas y pueblos en pos de las ciudades y ven su futuro en los sectores de servicios. Creer que repartir tierras es la clave de la paz es desconocer que la esencia del conflicto actual son los territorios para sembrar coca, administrar laboratorios, dominar la minería ilegal y las rutas para movilizar cocaína.
Creo que la logística de comprar 100 mil hectáreas será heroica; y ni qué decir comprar 3 millones de hectáreas. Esa es una cifra arbitraria que salió del sombrero de la paz firmada en La Habana, tan inexacta como inalcanzable.
No hay que gastar mucha tinta en criticar la llamada Paz Total pues ya empezó a ser despedazada por el ELN y la propia izquierda. Es una propuesta que les gusta mucho a los narcos, pues les dejaría el 7% de su riqueza. Dado que nadie sabe cuánto es el 100%, inventarán un número para quedarse con todo y decir que era el 7%. Ellos no son oligarcas en la nomenclatura oficial. Solo adelantan unas actividades que hasta hoy se consideraban como crimen, pero ya no lo serán más. Esa fórmula acabará con ese crimen y blanqueará las fortunas. Como en el caso de las FARC, los beneficiarios de la paz total tampoco pagarán cárcel, pues ya no será crimen lo que hicieron, ni sus masacres, violaciones, desplazamientos o reclutamiento de menores.
La laboral busca reestablecer el pago de horas extras y dominicales que se eliminó hace 20 años para aumentar el empleo en sectores como el comercio y la hotelería, donde la jornada la boral no es necesariamente entre-semana y de 8 a.m. a 5 p.m.. Si ha servido o no para crear empleo o mantener el que hay, es debatible. Aquí no hay una revancha contra AFP, EPS o terratenientes, pues todos los empresarios formales se benefician. Los empleados que conserven sus puestos, verán subir sus remuneraciones si trabajan en esos horarios.
Nunca he creído que el trabajo sea caro en Colombia, ni que nos quite competitividad. Con la actual tasa de cambio nuestro problema no son los costos laborales sino la confianza. Este paquete de reformas deteriora la confianza y aumentará los costos laborales.
El reformazo político apunta a crear un gran partido único, a la manera de Morena en México, el Peronismo en Argentina o el PT en Brasil, que eternice una visión y aglutine unas mayorías populares. Va a tener en contra a las mayorías del congreso, como ha sucedido en el pasado cuando se quiso revivir el bolígrafo y la omnipotencia de los grandes caciques nacionales.
Esos son los reformazos que debemos aceptar (hasta hoy al menos) para que no nos echen encima los perros de la guerra por 70 años más.
Parece que el Chamboneo no fuera aleatorio sino parte de la estrategia. Cómo si no importara que los reformazos fueran a crear caos. Como si eso fuera parte del diseño. Como si estos análisis y críticas que hacemos, de los cuales ya debe estar exhausto todo el mundo, fueran parte de la ofuscación que se quiere producir. Qué placer debe producir en La Habana y Caracas ver a Colombia ofuscada y confundida de esta manera.
Contrario sensu, ante este panorama soy optimista pues creo que “las instituciones” van a reaccionar, justamente como resultado de la ofuscación, la incertidumbre y la confusión y van a demostrar que existen y a limitar la discrecionalidad del ejecutivo.
Descubriremos quiénes somos, qué valoramos, recordaremos qué hemos logrado a través de los años y qué queremos conservar y defender. Los jueces, el congreso, los analistas, los medios, los trabajadores y emprendedores, las pequeñas empresas y las grandes, las organizaciones de todo tipo defenderán aquello en lo que creen. Eso es un país. Lo que sobreviva será su país.
Chile, Perú y México lo han hecho. Ahora le toca a Colombia.
