Cursan en el Congreso dos proyectos de reforma constitucional para permitir la reelección consecutiva de gobernadores y alcaldes para un período adicional. Se trata de un cambio sustantivo de nuestro sistema político que ha pasado desapercibido para la opinión pública. Pasemos revista a las razones de la iniciativa.
 
Se nos dice, en primer lugar, que la reelección inmediata se ha convertido en la regla general de nuestro sistema electoral, de donde debería concluirse que esa es la mejor alternativa. Este argumento constituye un insulto a la inteligencia: de que algo sea no se desprende que, por esa sola circunstancia, deba permanecer. En la actualidad se castiga a quienes porten o consuman drogas blandas como la marihuana; la tendencia regulatoria en los países que no están dominados por fundamentalistas religiosos o morales es la contraria.  Me resisto a creer que la mejor defensa de la regla que hoy se aplica es que ella existe.
 
Parecido agravio intelectual proviene de la tesis según la cual la posibilidad de reelegir a las autoridades locales profundiza la descentralización. ¿Por qué? La descentralización, desde esta dimensión política, depende de que gobernadores y alcaldes sean elegidos, como hoy sucede, mediante el voto popular; la reelección no aumenta ni disminuye el grado de descentralización. Por favor, que no nos crean, como se dice en España, “tontos del culo”. Y olé.
 
Una defensa de la idea un poco más seria es esta: la posibilidad de reelección inmediata, al remover una restricción que hoy gravita sobre los electores, profundiza la democracia. Esto es verdad si se supone que mientras menos  requisitos de elegibilidad existan, tanto mejor. Con este criterio deberíamos bajar la edad para ser Senador de la República, que hoy es de 30 años, digamos a 16. No dudo de que resultaría bacanísimo tener “Hijos” en vez de “Padres de la Patria”. Pero no estoy del todo convencido de sus bondades.
 
Tratando de remontar este marcador adverso de 2-0, el senador Juan Lozano y sus alegres compadres de la bancada de la U, nos dicen que la prohibición de la reelección inmediata “recorta el horizonte temporal de la administración e introduce una sensación de apremio que obliga a los mandatarios  a renunciar a proyectos ambiciosos, porque les urge mostrar resultados en la brevedad del tiempo disponible para gobernar”.
 
Debo ser muy cerrado del coco pero me da la impresión de que es exactamente al contrario: la necesidad de ser reelegido hace indispensable desplegar ante los electores un catalogo de realizaciones amplio, no importa que ellas no sean sostenibles. Si el período fuera de apenas un año, alcaldes y gobernadores no tendrían alternativa distinta  a  la de hacer populismo “ventiado”. Peor aun si puede ser reelegidos.
 
Los autores del proyecto son conscientes de que la reelección para el período siguiente genera un riesgo grande de desigualdad en la competencia entre quien ejerce el cargo y quien desde el pavimento lo desafía. Por eso proponen un conjunto de medidas para evitar que así suceda: acceso igualitario a los medios de comunicación, garantías a la oposición, prohibición de usar los bienes del Estado durante la campaña, etc.  Aquí el problema es de amnesia aguda. Olvidan que hasta hace poco el Presidente Uribe estuvo en campaña para su reelección sin siquiera haberse inscrito como candidato. Para restablecer la equidad el único camino que el Procurador creyó viable fue darle algunos consejos de buen comportamiento. No tuvo mucho éxito, creo recordar…
 
La verdad es que la reelección inmediata, comenzando por la del Presidente de la Republica, fue una mala decisión que el Congreso adoptó en 2005 impresionado por los incuestionables logros de Uribe y, según ahora se debate ante la Justicia, gracias a uno que otro halago no muy católico. Y lo es porque en un país como este, en el que la pobreza es alta y el gasto social, en proporción creciente, se materializa en subsidios directos, de modo casi inexorable se genera un vinculo perverso entre el gobernante de turno y los electores: “ahí les mando esa platica, hijos míos, pero acuérdense de mí el día de elecciones”.
 
Este gigantesco riesgo de clientelización del país es mayor en  las entidades territoriales de menor grado de desarrollo; en ellas el Estado es el mayor y a veces casi el único agente económico. El que no mama de la ubre pública, de repente se queda sin mamar. Es, entonces, remota la posibilidad de que quien no controla el presupuesto y la burocracia pueda ser elegido.
 
La  propuesta de reelección de gobernadores y alcaldes  fue llevada al Congreso sin éxito numerosas veces durante el octenio pasado pero ahora se mueve con rapidez. ¿Qué ha cambiado en el entorno político para hacerla posible? Boten corriente sobre esto; la semana entrante les doy mi opinión.