Desde hace algunos años, las entidades públicas tienen la obligación de publicar sus contratos en el Portal Único de Contratación. Igualmente, el Ministerio de Hacienda reporta regularmente en su página web los informes mensuales de ejecución presupuestal de la Nación. Ahora tenemos otra excelente noticia: empezó a funcionar el Portal de Transparencia Económica en donde se hace pública, de manera sistemática y regular, la información de la ejecución presupuestal y de los pagos realizados por las entidades que ejecutan el Presupuesto General de la Nación.
Todos estos son importantes avances para poder ejercer el mínimo derecho a la información sobre el manejo de los recursos públicos. Tener acceso a esta información equivale al derecho que tiene el cliente de un banco a recibir, de manera actualizada y oportuna, el extracto de su cuenta.
Pero los recursos públicos no se expresan sólo en dinero. Los recursos naturales no renovables como los minerales, y aquellos renovables como el agua, son también recursos públicos.
Por esta razón el Estado establece las condiciones requeridas para que los particulares puedan usarlos para beneficio propio, pero de manera adecuada y sostenible. Por ejemplo, cuando se otorga una licencia ambiental a un proyecto de inversión, allí se definen los derechos y las obligaciones de las partes, incluyendo los compromisos que adquiere el usuario de aplicar un plan de manejo ambiental. Este plan establece detalladamente las acciones de prevención, mitigación, reparación y compensación de los impactos del proyecto sobre el medio ambiente.
Es decir, las licencias ambientales y los estudios y planes de manejo que las sustentan, corresponden a acuerdos entre el Estado y los particulares, equivalentes a los contratos que suscriben las entidades del gobierno con los recursos públicos. Como en el caso de esos contratos, estos acuerdos deberían estar también disponibles para consulta de la ciudadanía desde el mismo momento en que se establecen.
Así mismo, de manera regular y sistemática debería la ciudadanía estar informada sobre la evolución de los compromisos y sobre las obligaciones que adquiere el particular para usar estos recursos públicos.
Las restricciones para acceder a esta información alimentan la codicia y estimulan los conflictos de intereses. Son caldo de cultivo para la corrupción: la ocasión hace al ladrón. En el mundo actual, con los desarrollos tecnológicos masivos y de bajo costo, no hay disculpa para que esta información no esté a disposición del ciudadano de manera ágil, oportuna y de libre acceso. Hay que subirla ya, de manera urgente, a la nube informática.
