Dejemos la hipocresía. Colombia siempre ha negociado con los narcotraficantes. Lo que pasa es que lo ha hecho de manera perversa, utilitaria y protegiendo al poder mafioso incrustado en las élites y con el rabo de paja entre las piernas.
Cuando Ernesto Samper propuso desde la ANIF la legalización de la marihuana en 1979, se encontró con la fuerte oposición del presidente Turbay Ayala a quien le respiraba en la nuca la embajada de Estados Unidos con múltiples informes de inteligencia que hablaban de su relación con los narcos.
Nos ha tomado 45 años de guerra, de muertes, entender que el cannabis es una oportunidad para el desarrollo del país y no el demonio. Ahí vamos a paso de tortuga en el camino de la legalización, mientras las mafias se carcomen el poco Estado y la poca democracia que hemos construido en medio de una brutal violencia.
En 1984 Belisario Betancur autorizó aquella reunión en Panamá entre Alfonso López Michelsen y el Cartel de Medellín. Pablo Escobar y sus secuaces acababan de matar a Rodrigo Lara y buscaban un acuerdo con el Estado para frenar una guerra en ciernes. Pero preferimos la inmoralidad de la guerra a la inmoralidad de un acuerdo con esos delincuentes, muy a pesar de que ellos habían financiado las campañas de muchos de quienes se rasgaron las vestiduras.
No deja de ser paradójico que el escándalo mediático que hizo inviable seguir adelante en esa conversación haya estallado después de que Juan Manuel Santos publicara en El Tiempo la “chiva” sobre dicho encuentro. Santos, cuatro décadas después, es hoy el más activo defensor del cambio de paradigma en la lucha contra las drogas, y reconoce el fracaso de la guerra en esta materia.
Ah… pero cuando los narcos ya tenían arrodillado al país con su violencia hubo negociación. Durante el gobierno de Gaviria el clan Ochoa se sometió a la justicia y hoy sus miembros son abuelos venerables y… multimillonarios. Allá están también los 12 del patíbulo disfrutando de sus dólares, devenidos, casi todos, en empresarios de dudoso comportamiento. No es bueno repetir los errores, pero sí aprender de ellos. Lo mínimo que se les debió exigir a los señores narcos fue la verdad. Por ejemplo, sobre quién realmente y por qué voló en 1989 un avión de Avianca con 107 personas a bordo. Estas son quizá las víctimas más olvidadas de este país.
Hipocresía es lo que hubo en torno a la muerte de Pablo Escobar, ejecutada por los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Un Estado que negoció en las sombras con los más poderosos narcotraficantes, cuya participación en esa operación les dio patente de corso para convertirse en ejércitos paramilitares. Con gran astucia los narcos entendieron que serían tolerados por el establecimiento siempre y cuando se metieran al proyecto contrainsurgente. Eso fue el MAS y eso fueron las ACCU y las AUC. Tolerancia, siempre que sus armas apuntaran contra quienes les disputaban el poder. Las narrativas de la autodefensa tan bien diseñadas mediáticamente emborronaron ese origen mafioso de los Castaño y sus aliados.
Tan exitosa fue la operación que ahora tenemos a Macaco, capo de capos, fungiendo como hombre de guerra. Se les vistió de camuflado, se les creó la figura de sediciosos bajo el argumento de que defendían a un Estado y a unas elites en jaque. Consumado el acuerdo de Ralito la justicia rompió el encanto y como en el cuento de la cenicienta volvieron a vestir sus harapos de delincuentes comunes. Así pues, pasamos de tener un proceso de paz con las AUC a tener en la práctica uno de sometimiento a la justicia transicional.
Y ahí estamos. O estábamos, hasta que vino la Paz Total y el globo al aire que acaba de soltar Petro de que habrá una ley para reconciliarnos hasta con el diablo, es decir, hasta con los narcos. Como suele ocurrir, nadie sabe a ciencia cierta de que habla Petro. Sin embargo, es oportuno reflexionar sobre el contexto actual y sobre la necesidad de no cancelar este debate antes de tiempo.
Por un lado, es hora de reconocer la profundidad del impacto del narcotráfico en nuestra economía, en la política y en la vida social. Ya no tenemos un Pablo Escobar y posiblemente no tenemos un Macaco, sino miles de personas asociadas a ese negocio en todos sus eslabones. Muchos son los “apuntados” en los embarques. Sus billeteras han mantenido a flote la economía. Y sus pérdidas tienen los ajustes de cuentas al rojo vivo.
Segundo, el cambio en el patrón de consumo en Estados Unidos, de la cocaína al fentanilo abre una oportunidad que Colombia tiene que aprovechar para avanzar en un camino de despenalización. ¿Si no es ahora cuando? ¿Cuándo las mafias colombianas estén produciendo el mejor fentanilo del mundo y hayan desplazado al resto?
Tercero, la Paz Total, si se hace con más rigor, abre las puertas para que los narcotraficantes se acojan a la justicia, abandonen la violencia, y tramiten sus graves crímenes contra la población civil. Estamos de acuerdo en que no se deben meter todos los grupos en un mismo saco, y que el crimen organizado debe ser tratado desde un sometimiento a la justicia. Pero no podemos devolvernos en la historia. La Ley de Justicia y Paz es el mínimo aplicable porque el crimen organizado ha dejado miles de víctimas.
Y sí, tal vez sea prematuro hablar de reconciliación. Porque el camino es largo. Implica cambiar no solo a los narcos, sino a esta sociedad impregnada de la doble moral respecto a las drogas. Las experiencias del pasado indican que primero hay que transitar por la verdad, por una justicia ejemplar, por la reparación a las víctimas y, sobre todo, garantizar la no repetición. La no repetición es la clave. ¿Pero cómo?
El camino de la regulación de coca no está tan lejos como algunos piensan. Hay señales de cambio que debemos leer. ¿Por qué no darnos la oportunidad de salir de la guerra contra las drogas? ¿Por qué no pensar que podemos acabar con el sistema mafioso en el que tan confortablemente vivimos? ¿Por qué no sinceramos el debate?
