Hay miles de candidatos con investigaciones por delitos graves, otros comprometidos con organizaciones delictivas, algunos son familiares de mafiosos o vienen de largas líneas de mando dedicadas a saquear el Estado. Precisamente por eso, la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre los avales de Cambio Radical es una vergüenza para el país; dejó sin herramientas a los partidos para responder ante una crisis moral en la política que afecta la legitimidad de la democracia.

Carlos Galán, como Director de Cambio Radical, pidió la revocatoria de los avales de candidatos incursos en investigaciones graves y algunos otros que el partido calificó como “inconvenientes políticamente”. El Consejo Nacional Electoral los dejó en firme, con la tesis de que una vez otorgado el aval no se puede retirar sino por razones jurídicas, pues la inscripción ya se hizo. Se trata de una interpretación aberrante de la seguridad jurídica; condena a los partidos a que si, por ejemplo, mañana uno de sus candidatos hace algo indebido, tengan que mantener el aval.

El bien jurídico tutelado por un partido que pide la revocatoria de avales es la democracia. De lo que se trata es de que los partidos puedan reaccionar ante los escándalos que sacuden al acontecer nacional. La democracia y la responsabilidad política son bienes jurídicos de mayor jerarquía que el derecho de esos personajes a poder ser revocados sólo por razones jurídicas.

Más aún, los partidos son organismos eminentemente políticos y  así mismo han de ser sus decisiones; de alma y tinte político. En ese sentido vale la pena recordar que la responsabilidad jurídica –la que la ley impone- es la más laxa de todas, pues recoge los mínimos necesarios para vivir en comunidad.

La pirámide de las responsabilidades se hace más estricta a medida que desciende; pasa de la responsabilidad legal, a la ética y a la moralidad. Cada tipo tiene sus reglas y las autoridades que las ejercen y todas son más severas: la religión -donde se peca incluso con el pensamiento-; la social que ni siquiera admite defensa; los Comités Éticos de las profesiones que analizan conductas que si bien no son subsumibles en responsabilidades jurídicas pueden dar lugar a cancelación del derecho de ejercer la profesión, finalmente la política que debe atender a los intereses de la nación y el sentimiento de las sociedades.

Así las cosas, las decisiones políticas de los partidos no deben ser despreciadas aduciendo razones jurídicas, que son aplicables más bien a las responsabilidades de ese tipo. Si hubiera responsabilidades jurídicas, no serían los partidos los encargados de aplicarlas, sino que los entes estatales competentes para ello lo harían.

La responsabilidad política es otro tipo de responsabilidad, es más amplia, más exigente y más estricta; y debe ser aplicada no sólo por los electores sino también por los partidos. Así que un Partido podría excluir a un militante o retirar un aval a pesar de que el individuo haya sido absuelto en las instancias judiciales, pues se trata de otra responsabilidad, y de preservar los valores políticos y éticos de la organización en defensa de la democracia.

Mal hace el tribunal de la política en desconocer que los avales son un tema político más que jurídico; lo que se juega es el buen nombre de las organizaciones políticas, y el control y la responsabilidad que imponen sobre quienes quieren ejercer funciones públicas.

Ojalá la Registraduría acoja la petición de Cambio Radical y revoque los avales; solo así se puede proteger la democracia desde los partidos.

El otro ámbito de protección son los electores que con su voto premian o sancionan a las colectividades políticas. Pero cabe preguntarse por la efectividad: ¿Ha dejado de votar por el candidato de un Partido por encontrar en ese mismo partido personajes indeseables? ¿Qué lo motiva a votar por un candidato determinado? ¿Qué lo desmotiva a hacerlo?