Salomón Kalmanovitz, decano de Economía de la Tadeo y ex codirector del Banco de la República, en reciente columna de El Espectador llama la atención sobre la urgencia de que las autoridades sanitarias en Colombia “nos sepan defender de las bacterias mortales” de E. Coli y Salmonela que, por efecto del TLC, pueden llegarnos en la carne importada de los Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Salud (INS), actuando como autoridad sanitaria, nos suministra una preocupante información sobre este tipo de contaminación, pero en el agua que llega a la ciudadanía por los acueductos (ver mi anterior blog). Para poder analizar esa información y ubicar cuál es la población de cada municipio que está tomando agua con niveles de esas peligrosas bacterias que sobrepasan los límites aceptados por el INS, tramité ante el director de dicho Instituto, señor Juan Gonzalo López Casas, un derecho de petición. Allí le solicito simplemente que me suministre la misma información que publican en la página web, pero en un formato que pueda ser procesado para hacer los análisis pertinentes.
El señor López me contesta 24 días después de formulado mi derecho de petición, negándose a suministrarme esta información porque esta petición “debe ser tramitada ante el comité de propiedad intelectual” y este comité “se reunirá el próximo martes 17 de abril de 2012 para dar trámite a su solicitud” (ver anexo). Hoy, más de 25 días hábiles después de formulada mi petición, sigo sin recibir la información que solicité.
En mi concepto, el señor López está violando el artículo 74 de la ley 99 de 1993 donde se establece que toda persona tiene derecho “a formular petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana” y que “dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles”.
Surgen además varios interrogantes, sobre asuntos más graves aún que el vencimiento de términos. Por más derechos “de propiedad intelectual” que pueda tener el INS sobre esta información ¿ella no fue obtenida y procesada con recursos públicos de nuestros impuestos? ¿Puede el señor López, como director de una entidad sanitaria, restringir a la ciudadanía el acceso a información pública, argumentando razones de propiedad intelectual? ¿No es éste un atentado contra la libertad de información… y contra la salud pública!? Con este tipo de comportamientos ¿podemos esperar que las autoridades sanitarias del país nos sepan defender de este tipo de riesgos, como acertadamente demanda el profesor Kalmanovitz?
Coletilla. Sebastián Henao Arango, subgerente técnico de Aguas de Manizales S.A E.S.P, me suministró pruebas convincentes de que el agua que suministra dicho acueducto a la población de Manizales, no sobrepasa los niveles de E. Coli. Esto permite que el 99% de la población de este municipio pueda beber agua, sin riesgo alguno. Si el director del Instituto Nacional de Salud me suministrara la información que le solicité, podría contrastarla con la que nos envió Aguas de Manizales.
