Con mente crítica pero corazón abierto, vale la pena persistir
Según leo en los medios, la fotografía de unos guerrilleros que toman apaciblemente el sol en la cubierta de un yate fue divulgada por el Presidente Uribe. Si ello es cierto, cabe conjeturar que fue tomada desde la distancia por adversarios de las negociaciones. Y este, como cabía esperarlo, “trina”: de cuenta de todos nosotros, y como consecuencia de la debilidad del Gobierno, que permite la dilación indefinida del proceso que transcurre en la Habana, la cúpula guerrillera goza de vacaciones mientras en Colombia soldados y policías dan la vida por la Patria. Pueden no ser estas las palabras aunque sí el sentido.
Hay una lectura alternativa de esa imagen. A pesar de todos los crímenes que han cometido los guerrilleros -¡oh descubrimiento!- son seres humanos. Se cansan, necesitan descansar, les gusta el sol y ver pasar las nubes que se persiguen unas a otras…Tan simple y fundamental como eso. Es a partir de ese reconocimiento básico que es posible adelantar una negociación, esta o cualquiera otra: se negocia -cómo no- entre humanos. No es fácil aceptarlo, y si yo lo hago es con esfuerzo: ¡Cuánto más arduo será -que no es mi caso- para quienes han sido sus víctimas!
El escolio obvio de lo anterior consiste en la necesidad ser capaces de perdonar, que es, a su vez, el paso previo a la reconciliación y a la paz, la cual entiendo -para que quede claro- no como el fin de los conflictos, que es la tesis maximalista de los alzados en armas, sino de la renuncia a estas para resolverlos, y a sabiendas de que toda solución es parcial, transitoria e imperfecta.
Por supuesto, siempre hay otra vía hacia la paz: la pacificación, el triunfo definitivo de la República contra los subversivos. Mantenerla abierta es indispensable y es lo que ha hecho el Gobierno: la presión militar continúa; no se ha aceptado -no sería este el momento de hacerlo- una tregua bilateral que el adversario utilizaría para fortalecerse. Aunque hay que reconocer que esa victoria, nítida y definitiva, con la que tantas veces nos han ilusionado, no parece estar a la vuelta de la esquina. ¿O si no por qué tardan tanto las conversaciones en La Habana?
Si a las FARC les interesa -y algunos todavía lo creemos- la firma de un acuerdo, tendría que ser conscientes de que cada día que pasa la capacidad del Gobierno para culminarlo disminuye. Es honda la fractura de la sociedad sobre ese proyecto, escasa la voluntad para asumir costos y generalizado el escepticismo de los ciudadanos sobre su culminación exitosa. Entonces, ¿qué razón habría para que actúen con tanta parsimonia?
Intento una: el temor de la dirigencia guerrillera por lo que podría pasarle a sus integrantes y sus familias -que algunos la tienen- si los acuerdos se suscriben y entran en vigor luego de un trámite que cabe imaginar largo e incierto. Para decirlo con claridad, tiene que preocuparles su vida, el riesgo de ir a parar en las cárceles colombianas por largos años, o ser extraditados por requerimiento de la Corte Penal Internacional la que podría imponerles largas penas privativas de la libertad.
No son aprehensiones vanas. Dice el refrán que “el que a hierro mata a hierro muere”, y la dirigencia guerrillera lleva a cuestas un largo inventario de cuentas pendientes; lo probable es que si regresa al país muchos pretendan cobrarlas. El exterminio de la Unión Patriótica puso de presente que el Estado fue impotente para garantizar la vida de muchos de sus militantes. Puede que ahora fuere diferente pero el riesgo es alto.
El denominado “Marco Jurídico para la Paz”, que todavía se encuentra pendiente de desarrollo legislativo, supuestamente ayudaría a disipar las consecuencias penales de un eventual acuerdo. Sin embargo, recordemos que allí se dispuso que las autoridades deben “centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.
Pues bien: un texto como este no puede generar tranquilidad a la dirigencia Fariana. Resultaría inverosímil que los jueces aceptaran la tesis de que esos graves delitos no les son imputables. Muchos de esos líderes ya han sido condenados por crímenes de esa naturaleza. Y, como se recordará, altos oficiales del Ejército han sido condenados con base en teorías que prescinden de la participación directa como supuesto de la responsabilidad penal. Basta ser miembro de una empresa criminal para que se responda por todos los delitos cometidos por sus integrantes.
Por último, recordemos que la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria -si los jueces nacionales no actúan- para juzgar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; de su comisión por las FARC no hay duda alguna. El Gobierno no puede garantizar que la Corte se inhibirá de actuar.
Quizás por estos motivos desde La Habana se insiste en convocar una asamblea constituyente, en la cual las FARC tendría un número de escaños preasignados, para validar los acuerdos y, por ende, blindar a los guerrilleros de procesos penales. Al margen de que una constituyente puede ser un mecanismo adecuado para negociar un nuevo pacto social -que fue lo que sucedió en 1991- ponerlo a marchar con el solo objetivo de ratificar lo que se acuerde en Cuba carece de factibilidad política y jurídica.
Por eso hay que pensar en un mecanismo distinto que sirva para lograr el mismo propósito y, además, proteger las vidas de los que ya carecerán de armas para defenderse por sí mismos. Piensen en este: El Gobierno Cubano, a petición del nuestro y de un grupo representativo de países que respaldan el proceso de paz, accede a conceder asilo político a los integrantes de la cúpula guerrillera tan pronto se suscriba y convalide el acuerdo de paz; y, además, se realicen las acciones necesarias para cumplirlo. Naturalmente, esto tiene unos costos económicos que estarán justificados si logramos superar un conflicto que mucho daño le hace a Colombia.
