El enorme impacto que representa para los taxistas el aumento acelerado de la gasolina que, con el aplauso unánime de los economistas, ha hecho el gobierno y la manera de enfrentarlo devela la doble cara y los sesgos en los análisis de expertos, políticos y medios de comunicación, de las consecuencias de las regulaciones y las políticas públicas.
Si los taxistas estuvieran afiliados a Fenalco habría varios “estudios juiciosos” de centros de pensamiento, comentados por académicos, difundidos y repetidos por los medios de comunicación cuyo titular sería: en riesgo al menos 250.000 empleos, para predecir que de continuar el aumento de los costos sería necesario abandonar el negocio y se perderían al menos esos puestos de trabajo. Claro, la cifra en algunos estudios indicaría que el impacto podría llegar a un millón porque en un taxi trabajan varios conductores y habría que sumarle los empleos indirectos que esa actividad genera.
No, hasta ahora no hay un estudio de nadie, ni del Banco de la República que prenda esa alarma, aunque el aumento del precio de la gasolina, hasta donde va, representa entre el 20 y el 30% del ingreso de un taxista, que claro tampoco ha pensado en dejar el negocio, porque es el suyo, ni en llevarse su inversión al extranjero, sino que se han acomodado, seguramente tratado de ser más eficientes, por ejemplo, sin rodar cuando no están prestando un servicio, habrán distribuido las cargas entre el dueño del vehículo y el conductor, también, como no, tratado de presionar al gobierno a través de sus gremios para que se compense el alza de alguna manera.
Si los taxistas no fueran taxistas, sino empresarios afiliados a Fenalco, la cifra de 250 mil puestos de trabajo amenazados, todos nos la sabríamos de memoria porque todos los días se repetiría en los medios de comunicación, como nos sabemos las de los 450 mil que se van a perder si se aprueba la reforma laboral, según “los modelos” que corrieron los analistas.
Nos alcanzamos a aprender la cifra de 50 mil tiendas que iban a cerrar por el impacto de la reforma tributaria y muchos tienen claro que el aumento de los costos laborales de la reforma que propone la ministra del trabajo es de casi un 20% como consecuencia de tener que pagar algo más por recargos nocturnos o trabajo en dominicales.
De los taxis no nos sabemos ninguna cifra, hemos empezado a oír alguna derivada de los cálculos que los economistas han hecho de lo que costaría el subsidio que el gobierno ha propuesto darles a los taxistas para mitigar el impacto. La cifra se está difundiendo para señalar lo inconveniente que les parece el subsidio y el costo fiscal que tiene.
El gobierno ha improvisado dos ideas, una de tarifas diferenciales y otra a la manera de devolución del IVA a las poblaciones más pobres. La primera fue objeto de todo tipo de pruebas ácidas para demostrar que era impracticable. Qué cómo se controlaba, que iban a revender la gasolina, que los taxistas iban a cambiar de negocio y se convertirían en expendedores de gasolina, solo que, desde sus carros, que ya había pasado en las zonas de frontera y un largo etc. de preguntas complejísimas que los funcionarios arrinconados trataban de responder. La idea no funcionó porque los mecanismos de control que el Ministerio de Transporte creyó poder poner a funcionar no estaban tan disponibles como creyó.
Después el gobierno, copiando de una idea que había sido aplaudida para mitigar el impacto del IVA a productos de la canasta familiar en las familias de menores ingresos, anunció que devolvería parte del mayor valor de los combustibles a los taxistas. Ahí sí que fue con toda:
Que por qué no simplemente subían las tarifas y ya, que claro que es una pregunta que nunca se ha ocurrido para los reclamos de Fenalco, “¿por qué no simplemente suben los precios y ya?”.
Que, si para recibir el subsidio tocaba cumplir la ley, esto es, estar al día con los impuestos y tener vigente el seguro obligatorio, que eso si era imposible porque entonces los taxistas tenían que asumir el costo de cumplir la ley y les resultaba una bobada y así.
Que cómo les iban a girar el subsidio, que si eventualmente un destinatario de este fallecía después de que se había hecho el giro si esa plata entraba a la sucesión. Unas preguntas dificilísimas que no se habían hecho antes.
Que se iba a producir un efecto cascada porque también los mototaxistas, los conductores de plataformas como Uber, los carros que en muchos lugares de Colombia prestan servicios informales de transporte. En fin.
Que entonces ante la amenaza de un paro el gobierno cede a la presión y eso es inaceptable, dicho por los mismos que le pedían al gobierno que se reuniera con Fenalco y que regañaban a la ministra por decir que el presidente de ese gremio se creía la última Coca Cola del desierto.
Es cierto que la situación también devela sesgos y doble cara del gobierno que es sensible a los reclamos de lo que llama la economía popular y, en cambio, duro y oídos sordos a los sectores empresariales formales y más grandes, al revés de como solía ocurrir en los gobiernos anteriores.
Ahora, la economía popular no tiene “validadores”, centros de estudio, ni grandes megáfonos que repitan y se pongan en línea con sus pedidos.
