Con una reforma mala a la salud, hecha por la puerta de atrás, la Presidencia pretende hacer por decreto lo que no ha hecho por gobierno. Entre una reelección y otra, este gobierno no ha podido salir de la falacia de la autosostenibilidad financiera del sistema de salud, que no es otra cosa que pretender que los aportes al régimen contributivo de 18 millones de colombianos, alcancen para pagar lo de ellos y subsidiar a los 24 millones del régimen subsidiado. Es obvio que el sistema no es autosostenible!, que los que contribuyen no pueden sostener a los subsidiados. Que se requiere un fuerte recaudo adicional de impuestos, y administrarlos de manera que la corrupción no se los carcoma, además de fijar reglas claras para que las EPS se comporten como entidades de salud y no como entidades bancarias.
En vez de recaudar impuestos, fijar reglas, administrar y controlar; el gobierno y las EPS se dedicaron en estos años a negar la prestación de servicios, a crear regímenes de segunda para los que pagan y de quinta para los que subsidian y a desviar los recursos de los subsidios de salud a inversiones en TES, o sea el populismo y la politiquería del gobierno. Cuando vía tutela, los jueces y la Corte Constitucional le recordaron al gobierno que la salud es un derecho para todos y no un privilegio para algunos. Que ese derecho debe incluir un listado de servicios universal, igual para todos los colombianos. Que no puede haber POS de segunda y de quinta; entonces el gobierno le rebotó la obligación de prestar los servicios a los entes territoriales, pero no les transfirió la plata para pagarlos. Cuando ocurrió lo obvio, que las entidades territoriales no tenían la plata, que el Fosyga no pagaba porque invertía en TES, que la gente seguía enfermándose y demandando por tutela y que las deudas se acumularon hasta sumar billones, el gobierno descubrió el agua tibia: que el sistema no es auto sostenible y decretó la emergencia social.
Y concluyó que la culpa no es de su politiquería e ineficacia, de la falta de recaudo y administración de presupuesto sino de que la gente se enferma, los médicos recetan, los jueces lo obligan a responder y el sistema tiene que pagar. El procedimiento de sostenibilidad financiera decretado de emergencia consiste en que el gobierno agregará unos millones de presupuesto, igualará la prestación de servicios por lo bajo, le pondrá más talanqueras a la prestación de servicios, excluirá la intromisión de los jueces, deformará a los médicos en administradores, los multará si se niegan y forzará a los enfermos a que paguen por sus servicios especializados.
Habrá un POS pobre para todos que no incluye servicios especializados, es decir que supone que la gente no se enferma de nada complejo. Si se enferma complejamente y no la atienden no puede usar la tutela. Debe llevar sus ahorros y demostrar que puede pagar para que le autoricen el servicio especializado. El médico no puede recetar servicios que estén fuera del POS a menos que justifique el costo/efectividad de los servicios. Es decir, si usted tiene 50 años y cáncer es un caso de costo no efectivo, luego no se justifica. Si el médico no entiende eso tan lógico, lo podrán sancionar hasta con $25 millones. Así, el sistema volverá a ser viable!
Semejante estupidez no va a tener cinco minutos de vida constitucional. Varias normas de emergencia se van a caer y la crisis va a seguir. ¿Entonces qué?
En este punto debería parar y dejar el resto para otra entrada al blog. A riesgo de violar las normas de tiempo y espacio virtual, me voy a despachar (sí a despachar, porque como notaron, ¡estoy indignada!) la segunda parte en esta misma entrada.
Es obvio que el sistema de salud, como cualquier otro servicio público no puede ser un barril sin fondo y que los recursos son limitados. Pero la viabilidad financiera del sistema no está en que 18 paguen ilimitadamente por 42, sino en que los aportes contributivos más los públicos equivalgan a lo que se paga por la prestación de servicios universales a todos y especializados a los subsidiados, hasta la disponibilidad presupuestal. Es el gobierno, no los médicos, el que tiene que asignar y administrar los recursos escasos y responder políticamente por ello. Está bien que las juntas de médicos decidan si autorizan o no un servicio especializado sugerido por un médico, pero con base en sus conocimientos y las necesidades vitales del paciente, no sólo en el costo/efectividad. Las juntas médicas deben determinar la elegibilidad y prioridad de prestación de servicios especializados para los subsidiados.
El gobierno tiene que asignar transparentemente, y hasta donde alcance, el presupuesto público para subsidiar servicios especializados, siguiendo el orden de elegibilidad y prioridad determinado por las instancias medicas. Si hay ciudadanos del régimen subsidiado que se quedan sin servicios especializados se incrementará la presión sobre el Congreso y el gobierno para que recauden y asignen recursos adicionales. El debate democrático determinará anualmente cuánto estamos dispuestos como sociedad a pagar para cubrir el derecho fundamental de la salud o qué otras necesidades estamos dispuestos a recortar.
Un comité mixto (público y privado; académico, medico y administrativo) debe determinar las tarifas de servicios y medicamentos con las que se rigen todos los operadores del sistema, por un análisis de mercado no por la chambonada de fijación arbitraria de precios que proponen los decretos. Si un medico o un operador no actúa profesionalmente no sólo hay que sancionarlo, hay que sacarlo del sistema. Las sanciones deben acarrearlas siempre los médicos y la entidad para la que trabajan, de manera que se generen incentivos responsables para ambos. Las sanciones deben decidirlas conjuntamente agremiaciones médicas, que no estén involucradas en prestación de servicios, y los entes de vigilancia del sistema, que hasta ahora no han servido de nada.
La sostenibilidad operacional y financiera del sistema está en separar, no en mezclar las funciones del sistema y en eliminar los riesgos morales e incentivos perversos que tiene el sistema de hoy. Los decretos del gobierno hacen exactamente lo contrario, elevan los riesgos morales de los médicos, los incentivos perversos de los operadores y distribuye entre los servidores y usuarios del sistema la responsabilidad presupuestal y política del gobierno.
Claro que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, y con seguridad el gobierno también lo ha pensado. Pero en vez de hacerlo sigue en la tónica de reducir y trabar servicios, de culpar a los jueces, de difuminar su responsabilidad en los médicos, en vez de asumir el costo presupuestal y político de decir cuánto puede pagar por la salud de los colombianos. En vez de escurrir el bulto, el gobierno tiene que poner la cara y dar el debate. En vez de sorprender a todos con decreticos para seguir perseverando en el error y rebotando una emergencia anunciada!
