La euforia colectiva que vivimos con la maravillosa actuación de la Selección, nos ha hecho olvidar que se está jugando otro partido, el de la elección de uno de los cargos claves del Estado: La Contraloría.
Desde hace mas de un año, cuando la realidad política indicaba una segura y tranquila reelección de Juan Manuel Santos, se empezó a armar el proceso para elegir el reemplazo de la Contralora Morelli.
Por esas épocas, la casa Gaviria decidió que uno de sus pupilos -el entonces Magistrado Gilberto Rondón-, renunciase a su cargo como magistrado del Consejo Electoral para no inhabilitarse y aspirar a la contraloría.
De igual manera, uno de sus colegas, el también magistrado electoral Carlos Ardila Ballesteros renunció a la magistratura a la que había llegado de la mano de su jefe político, el hoy vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Desde ese momento empezó la disputa por el órgano de control, entre quienes después se convertirían en parte fundamental de la reñida victoria electoral del segundo gobierno Santos: Vargas-Gaviria.
Al inicio de la campaña el ambiente electoral presidencial era tan soso y la victoria santista, aparentemente tan fácil, que cuando las tres altas cortes abrieron sus convocatorias para confeccionar la terna para Contraloría, fueron muy pocos los que se inscribieron; solo los que sentían tener un guiño de los protagonistas de la gesta reeleccionista, se atrevieron a hacerlo.
Abúlicamente, doce personas llegaron al Consejo de Estado, cinco a la Corte Suprema y solo otros cinco tenían reales posibilidades en la Constitucional.
En medio del proceso, la carrera presidencial dio un vuelco total, dejó de ser un seguro triunfo santista y la realidad política derivada de la victoria de Oscar Iván Zuluaga en primera vuelta y las consecuentes adhesiones y trabajo electoral de diversos grupos políticos y sociales para poder derrotarlo en la segunda, cambiaron esos tácitos pactos que disponían dejar la contraloría en manos gaviristas o vargas-lleristas.
La primera en reaccionar al nuevo orden político fue la Corte Constitucional, donde el candidato de Vargas Lleras era el ex Procurador Edgardo Maya Villazón.
Después del triunfo de Zuluaga el 25 de mayo y las encuestas que lo daban como posible presidente, echando mano del reglamento y del voto en blanco de Nilson Pinilla, la corporación decidió no elegir a ninguno de los contendientes (todos santistas que en un eventual triunfo de Zuluaga, no tendrían ninguna opción política de ser elegidos como Contralor) y abrir una nueva convocatoria.
Ya con la baraja política abierta, las inscripciones aumentaron: llegó desde la sede zuluaguista la Conchi Araújo -uribista de los puros- y muchos otros candidatos venidos del liberalismo, de la academia, del conservatismo: un total de 53 que están hoy en disputa.
Los zuluaguistas se la jugaron con la Conchi Araújo esperanzados en que Oscar Iván llegase a la Presidencia para que la Constitucional pudiera ternar a la única uribista inscrita en los órganos encargados de armar la terna. Los inscritos de otros sectores se la jugaron a que el aporte electoral de sus partidos o conglomerados, desbarataría el compromiso de que la contraloría sería para Gaviria o Vargas Lleras, en caso de que Santos remontase a su crecido rival.
Esa real politik desbarató los planes anticipados tejidos por quienes calcularon el juego para llenar la Contraloría en el segundo periodo de Santos; hoy lo que se vive es un trancón electoral en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema.
En el primero de ellos, de los doce inscritos inicialmente, las cosas se decantaron según lo previsto y están en la puja, el abiertamente candidato de la casa Gaviria, el ex magistrado Rondón y el soterradamente candidato de Vargas Lleras, el abogado Iván Darío Gómez Lee, que cuenta con el apoyo abierto de la contralora Morelli.
La pelea política en la puja por la herencia del poder en el liberalismo con miras a futuras aspiraciones presidenciales entre Vargas Lleras y la casa Gaviria, se ha trasladado a las altas cortes: tiene al Consejo de Estado paralizado y polarizado entre los candidatos de esos dos sectores.
Ni quienes votan al candidato gavirista, ni quienes lo hacen por el de Vargas LLeras-Morelli han logrado las mayorías para imponer al de sus preferencias. Ante esa situación, el Consejo de Estado decidió citar a una sala el próximo mártes, en la cual oirán a tres de los inscritos: los dos pupilos de las casas políticas y un tercero, el académico Carlos Alberto Atehortúa.
¿Se inclinarán por la tercería ante la imposibilidad de que los pesos pesados de la política cedan en sus aspiraciones de alzarse con la Contraloría?
Si por el Consejo de Estado llueve, por los lados de la Corte Suprema no escampa. Allí se inscribieron solamente cinco personas pero la riña se ha concentrado entre Carlos Ardila Ballesteros, estandarte de Cambio Tadical para obtener la nominación y el actual contralor de Bogotá, Diego Ardila.
Allí la puja podría estar mas enredada porque a los ingredientes políticos se suman otros, también políticos pero de pujas de poder interno de la Rama Judicial. Carlos Ardila Ballesteros, no solamente cuenta con el apoyo de Vargas Lleras, sino que es el candidato de la próxima a culminar su periodo, la poderosa baronesa electoral inter-corte, la conocida por sus paseos en crucero: Ruth Marina Díaz.
Carlos Ardila, santandereano como ella y como el mentor de ese poder en la Rama Judicial, el procurador Ordoñez, seguramente no logrará mayorías para su postulación porque al interior de la Suprema viene creciendo una ola anti Ruth Marina y anti Ordoñez, que surge desde la sala penal y que, ante la inminencia de la terminación del periodo de la cabeza visible de ese grupo de poder, busca quedarse con su trono.
Los contradictores de Ruth Marina no van a votar por su candidato a contralor. La misma suerte puede sufrir su contrincante, Diego Ardila, porque sin los votos de los adeptos de Ruth Marina, no hay mayorías posibles.
¿Cómo podrán desempatar semejante polarización si no hay una lista de inscritos que tenga candidatos viables políticamente hablando?
Seguramente harán alguna interpretación de alta hermenéutica jurídica del reglamento interno, al mejor estilo de la Constitucional, con el fin de habilitar una nueva inscripción para que lleguen candidatos que puedan pelear en el Congreso una de las posiciones con mayor poder, presupuesto y burocracia estatal.
Por si fuera poco el enredo, en los últimos días se viene comentando en los pasillos del poder que, algunos magistrados de la Constitucional quieren revivir la candidatura de Edgardo Maya, quien además del apoyo de Vargas Lleras, tendría también el de la Contralora Morelli, de cuyo despacho ha obtenido millonarios contratos, tal como consta en los reportes contractuales de la contraloría.
Mientras todo esto ocurre, las fuerzas políticas ganadoras en las elecciones presidenciales distintas al Gavirismo y al Vargas Llerismo, se preguntan si le votaron a Santos pero eligieron a Cesar, a Simón y a Germán.
Es vox populi que el gavirismo conservará la hegemonía en el partido Liberal y que Simón será ministro en el segundo tiempo de Santos. También es de conocimiento público que la vicepresidencia de Vargas Lleras será ejecutiva, lo cual es un eufemismo para justificar que se le entregará el Ministerio de Transporte y se le conservará el de Vivienda.
¿Además de tener juego en el ejecutivo, quieren tener el órgano de control que los vigilará a ellos mismos y al resto del Estado? Ya veremos si la U, los conservadores y la izquierda santista se aguantan ese desequilibrio en el reparto de la torta del poder estatal.
PD. Horas después de publicada esta entrada, los magistrados Pretelt y Rojas de la Constitucional abanderaron una tesis de “alta hermeneútica jurídica” para resucitar, tal como anuncié, la candidatura de Edgardo Maya. Lo lograron y ternaron al candidato de Vargas Lleras y al contratista de la Morelli. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado anuló la elección de Rojas, el controvertido magistrado se va, no sin antes pegarle un mordisco a la torta.
