Recientemente el blog de DeJusticia hacia referencia al acercamiento entre Kenia y Colombia en materia de experiencia judicial y constitucionalidad. No es este el único tema en el que los africanos están mirando de este lado del Atlántico en busca de ejemplos y experiencias. El tema de la inversión extranjera es otro que los ocupa y preocupa sobremanera y en el que América Latina tiene un camino recorrido que los africanos miran con prevención y, por qué no decirlo, con cierto temor. Por lo menos así quedo claro durante la reunión de los países miembros de la COMESA la semana pasada en Lusaka (Zambia).*
El propósito de la reunión era discutir sobre el futuro de las políticas de inversión de los países de la región, incluyendo el tratado de inversión firmado por los países miembros de la organización. Este tratado, que se parece a los tratados firmados por Colombia en materia de promoción y protección de inversiones, no ha sido ratificado por ninguno de los países miembros luego de ser firmado por los jefes de estado con gran pompa en el 2007. La gran pregunta que se planteaba era la de saber por qué los estados no habían procedido a su ratificación. 
Más allá de las cuestiones políticas propias de ese tipo de organizaciones, dos cosas quedaron en claro: primero, la falta de claridad sobre los beneficios y la conveniencia de los tratados de inversión para los países miembros; segundo, el temor de los estados a los arbitrajes de inversión.
En cuanto al primer punto, no existe evidencia concluyente que permita afirmar que los tratados de inversión tienen un efecto directo en el aumento de los niveles de inversión en los estados que los suscriben. Los tratados per se no garantizan mayor inversión.
La pregunta sobre la conveniencia de los tratados no puede responderse en abstracto sino que debe vincularse necesariamente a la política y estrategia de inversión trazada por el respectivo gobierno. Los tratados son solo un instrumento en la consecución de los objetivos de dicha política. Si estos objetivos no son claros y no incluyen expresamente el propósito de que la inversión contribuya al desarrollo sostenible, los tratados no van a hacer maravillas y no podrán tampoco garantizar que la inversión que llega tenga una contribución social y medioambiental positiva. Pocos estados en América Latina o África se han planteado correctamente esta cuestión.
En materia de arbitraje de inversión, las estadísticas evidencian un incremento continuo del número de casos presentados ante el CIADI – el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, vinculado al grupo de instituciones del Banco Mundial. Al 31 de diciembre de 2012 se habían registrado 419 casos. Este no es el único foro para estos arbitrajes pero sí el único que lleva un registro público. El número de casos es entonces mucho mayor y las posibilidades de encontrarse defendiendo uno de estos casos crecen exponencialmente para los estados parte de los tratados de inversión. Aún si estas mismas estadísticas muestran que los estados resultan victoriosos en un número importante de arbitrajes, esto no minimiza el elevado monto de las condenas que se imponen ni reduce el desgaste y los costos que estos procedimientos suponen. Una condena puede alcanzar los miles de millones de dólares mientras la defensa de un solo caso puede llegar a costar varias decenas de millones de dólares.
Si alguien ha recorrido camino con estos tratados y estos arbitrajes son los países latinoamericanos. Las preguntas sobre la experiencia de la región no se hicieron esperar.
Aunque en la década de los noventa la mayoría de países latinoamericanos suscribieron un elevado número de tratados de inversión, las tendencias de aumento de los niveles de inversión fueron globales en toda la región y no discriminaron si el país receptor ofrecía tratados de inversión o no, como es el caso de Brasil que no ha ratificado ningún tratado de inversión hasta la actualidad y es el principal receptor de inversión extranjera de la región.
Lo que se constata hoy en día es un incremento en el número de conflictos sociales derivados de la ejecución indebida de los proyectos de inversión. En Perú, la Defensoría del Pueblo anunció a finales del 2012 que el 57% de los conflictos registrados ese año eran de tipo socio-ambiental, esto es, conflictos relacionados con el control, acceso y uso del ambiente y los recursos naturales. En El Salvador se discute en este momento la moratoria a la minería como consecuencia de los graves problemas registrados con varios proyectos de inversión extranjera en este sector.
Y ni qué decir de los arbitrajes de inversión. América Latina lidera de lejos la lista de la región con el número más alto de estos procedimientos, 30% del total de todos los casos CIADI. A la cabeza está Argentina con 51 casos, seguida por Ecuador, Venezuela y México con 25, 23 y 19 casos respectivamente (datos de finales de 2011). Venezuela, Ecuador y Bolivia se retiraron del convenio del CIADI. Ecuador ha empezado a denunciar los tratados de inversión y a preguntarse sobre las alternativas para dar seguridad a los inversionistas y al mismo obtener resultados más equitativos para el estado con un mínimo impacto medioambiental y un máximo de beneficio social. Se discute en este momento la viabilidad de un CID – Convenio de Inversiones para el Desarrollo.
De Etiopía a Zimbabue la reacción fue similar: un descontento con los tratados de inversión en su versión tradicional y una necesidad de revisar sus políticas internas de inversión extranjera para integrar los objetivos de desarrollo sostenible e identificar el tipo de tratado o acuerdo que garantice la consecución de estos nuevos objetivos de política pública. Se mencionó también la necesidad de reducir el riesgo de exposición a los arbitrajes de inversión. Esto quiere decir un replanteo de los tratados de inversión tal como los conocemos hoy y un debate más amplio sobre las alternativas de resolución de conflictos en materia de inversión.
No son solo los países africanos los que se plantean estas inquietudes. Desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por la Unión Europea y Canadá los países se han embarcado en una revisión de estos tratados cuestionando su utilidad y el alcance del arbitraje de inversión.
Estas reflexiones resultan de especial interés para Colombia que hasta hace relativamente poco tiempo empezó a ratificar los tratados de inversión y que parece mantener una política favorable a su continuar su suscripción.
 
* COMESA es una organización que agrupa a 19 estados del este y sur del continente africano con el objetivo de promover la integración económica regional y crear un mercado común. La organización reúne países con una gran disparidad de niveles de desarrollo económico y político: Egipto, Libia, Eritrea, Djibuti, Etiopia, Ruanda, Kenia, Madagascar, Zambia, Zimbabue, Seychelles, Congo, Comoras, Suazilandia, Mauricio, Burundi, Sudan, Malawi y Uganda.