Hugo Chávez se ha alzado por tercera vez con la presidencia de Venezuela. Así las cosas, no cabe duda de que el Comandante ha adquirido dimensiones de fenómeno histórico. Después de catorce años en el poder, derrotó a Henrique Capriles por una ventaja de más de un 10 por ciento y se dispone a iniciar un mandato de seis años que se extenderá hasta el 2019.   
Para los partidarios de Chávez, la explicación de tan extraordinario desempeño solo puede ser la natural inclinación del pueblo a apoyar la Revolución Bolivariana. En otras palabras, los estratos populares votan por quien defiende sus intereses y ese es Hugo Chávez.  Sin embargo, más allá de consignas y prejuicios, la realidad es bastante más compleja.
El presidente Chávez ha construido una formidable maquinaria que combina premios y castigos para controlar una fracción sustancial del electorado. El eje del sistema descansa en el predominio del Estado sobre la economía a través de su control de la renta petrolera. Los recursos provenientes del petróleo han permitido al gobierno financiar sus políticas populistas y arrinconar al sector privado sin pagar el precio de un inmediato colapso económico. Chávez ha acosado a un sector del empresariado– quienes que no le rinden pleitesía – y ahuyentado a parte de la inversión extranjera –no la de Rusia y China – con la tranquilidad de que disponía de un chorro de petrodólares para tapar los huecos producidos por esta cruzada anticapitalista.
El resultado ha sido un Estado omnipresente que se ha convertido en proveedor clave de bienes y servicios a todos los venezolanos, bien a través de programas sociales, bien como fuente de contratos para un sector privado dependiente de la generosidad del gobierno. Sobre esta base, el régimen ha extendido sus tentáculos para vigilar y controlar la voluntad política de los ciudadanos:

  • Misiones sociales y clientelismo. El gobierno venezolano ha invertido miles de millones de dólares en una variedad de programas sociales bautizados como “Misiones”. Estas iniciativas para proporcionar bienes y servicios a los sectores populares – desde salud a casas – sufren de enormes problemas de gestión que hacen incierto el acceso a los beneficios prometidos. Al mismo tiempo, las ayudas tienen un carácter netamente politizado puesto que el acceso a las mismas se presenta como fruto de los logros de la Revolución para el pueblo y no como consecuencia de un derecho ciudadano igual para todos. De hecho, el que decide quién recibe la asistencia es a la vez funcionario estatal y seguidor del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). De este modo, las “Misiones” son escenarios perfectos para el clientelismo. Los ciudadanos pueden vincularse a ellas; pero ninguno tiene la garantía de que va a obtener lo prometido a menos que cuente con las “palancas” adecuadas. Y aquí es donde se convierte en esencial la adhesión a la causa de la Revolución. Si el ciudadano requiere de una “manita” del burócrata, es fundamental que demuestre su compromiso con el gobierno.

Algunos lectores estarán pensando que lo descrito no tiene nada de nuevo. Todos los gobiernos tratan de ganarse la adhesión de los votantes ofreciéndoles algún  premio por su respaldo. Pero en el caso de Venezuela, dos factores otorgan a estas estratagemas un impacto decisivo. Por un lado, el papel central de Estado como proveedor de bienes y servicios debido a la condición raquítica del sector privado. Por otra parte, el margen de discrecionalidad de las autoridades para conceder o negar las ayudas de acuerdo con su conveniencia política.
 

En este sentido, vale la pena recordar el formato que una parte de los funcionarios estatales tuvieron que completar semanas antes de las recientes elecciones. En estos documentos, con firma y huella, se les solicitaba que declarasen en qué colegio electoral iban a votar. Ninguno de los trabajadores públicos necesitaba mucha imaginación para suponer que el documento tenía como único propósito comprobar si apoyarían al candidato de la Revolución.
Todos los funcionarios saben que votar por la oposición les pone en un riesgo real de perder su empleo. Para botón de muestra, vale la pena recordar lo sucedido con los votantes a favor de la destitución de Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.  Sus nombres terminaron reseñados en la “Lista Tascón” y la “Lista Maisanta” que fueron empleadas por el gobierno bolivariano para castigar a los disidentes. Muchos perdieron sus empleos y otros el acceso a los servicios sociales del Estado.

  • Hegemonía mediática. El gobierno Chávez ha desarrollado una doble estrategia en el ámbito de la comunicación pública. Por un lado, ha presionado a los medios de la oposición, algunos de los cuales han perdido la licencia para operar o han sido cerrados. Por otra parte, ha construido un enorme bloque de medios afines al gobierno, bien sometiendo a alguno de los existentes a la voluntad del ejecutivo, bien creando otros nuevos al servicio de la Revolución. Como señala sobre las condiciones de la competencia electoral en Venezuela, “en la televisión el predominio del gobierno es abrumador estimándose que ya en 2007 controlaba siete televisoras de alcance nacional y 35 televisoras abiertas comunitarias”.

De hecho, el acceso a los medios de comunicación de gobierno y oposición es completamente asimétrico. Solo a modo de ejemplo, el presidente Chávez ha usado y abusado de su posibilidad de realizar “cadenas” – declaraciones públicas que deben ser retransmitidas obligatoriamente por todos los medios de comunicación– hasta el punto de que desde 1999 hasta junio de este año había acumulado un total de 2334 con un promedio de 45 minutos cada una. Todo ello sin contar las declaraciones de funcionarios gubernamentales y otros recursos de propaganda institucional. Por su parte, Capriles disfrutó durante el periodo electoral de los tres minutos de televisión diarios que le autoriza la ley electoral al candidato opositor.

  • Intimidación a la oposición. Sin duda, el evento más dramático de las elecciones fue el asesinato de tres seguidores de Capriles por militantes radicales en Barinitas el 1 de octubre. Pero la campaña opositora ya había sufrido anteriormente acciones violentas. Ahí está, por ejemplo, el ataque a una concentración de partidarios de Capriles en Puerto Cabello el pasado 12 de septiembre que transcurrió ante la completa pasividad de un cercano destacamento de la Guardia Nacional.

El lenguaje de los seguidores del gobierno tampoco ha ayudado a tranquilizar. A pocos días de los comicios, en caso de que se negara a reconocer el seguro triunfo del Comandante. En semejante contexto, el riesgo de guerra civil pronosticado por Chávez en caso de una victoria de Capriles no sonaba descabellado. Así, el gobierno convirtió el voto a favor de la oposición en una opción arriesgada para cada elector y para el país en su conjunto.
Así las cosas, la victoria de Chávez parece bastante menos arrolladora. Los 1,4 millones de votos de ventaja del candidato bolivariano –cerca de un 11 por ciento del voto emitido – tienen que ser medidos contra este entramado de presiones y dádivas que explica por qué muchos venezolanos decidieron entregar su voto al Comandante. Tal vez habría que corregir al Secretario de la opositora Mesa de Unidad Democrática cuando afirmó que las elecciones fueron “libres, pero no justas”. Para muchos ciudadanos, no fueron ni lo uno, ni lo otro.
En este sentido, se podría pensar con cierta razón que Chávez y su camarilla se han salido con la suya: reinan sobre una enorme maquinaria que les permite controlar las votaciones sin necesidad de fraude. Alguien podría definirlo como la autocracia perfecta. De momento…
En realidad, el aparato político que le ha dado la victoria al chavismo presenta importantes vías de agua que podrían conducir a su hundimiento bastante antes de que el Comandante termine su nuevo periodo presidencial en 2019. Aquí están los tres problemas claves que amenazan el futuro de la Revolución:

  • El colapso económico. La mala gestión y la corrupción han llegado a ser tan rutinarias en Venezuela como para que algunos pasen por alto la decadencia económica de un país con la inflación más alta de América Latina (el 27, 6 en el 2011 según cifras oficiales) y un agudo declive en su producción petrolera (2,4 millones de barriles diarios en 2011 frente a los 3,4 del año 2000). Sin embargo, esta vez las cosas podrían estar llegando al punto de quiebre.

En el futuro próximo, la caída en los ingresos del Estado venezolano promete acelerarse. De hecho, se empieza a hacer evidente una tendencia a la baja de los precios del petróleo como fruto de la aplicación de nuevas tecnologías que permiten la explotación de yacimientos anteriormente inaccesibles o poco rentables. Según , esta tendencia implicaría una reducción de más de un 16 por ciento del precio del crudo de aquí al 2020 y el logro de autosuficiencia energética por parte de EE.UU. El asunto es que el 40 por ciento de las exportaciones de crudo de Caracas van dirigidas precisamente a Washington.
Entretanto, el endeudamiento del Estado ha superado el 60 por ciento del Producto Interior Bruto (Colombia se sitúa en el 20,6 por ciento). En particular, la expansión del de este año.  Fuentes como pronostican que la crisis financiera podría estallar entre agosto y noviembre de 2013 cuando Venezuela tenga que refinanciar 4.300 millones de dólares de deuda externa. Pero incluso si estos pronósticos son errados, la bancarrota es solo cuestión de tiempo.

  • Los costos de la radicalización. Como era previsible, el presidente Chávez ya ha anunciado una radicalización de su acción de gobierno. El objetivo sería hacer irreversible la Revolución. Para ello, el menú está claro. Por un lado, más nacionalizaciones que extenderán el control del Estado sobre la economía y engrosarán aún más la nómina de empleados públicos. Por otra parte, una transformación radical de la estructura del Estado donde las funciones de los gobiernos municipales pasarían a ser asumidas por “comunas”, unas entidades de participación socialista donde las decisiones se tomarán por votación pública de forma que todo el mundo pueda ser convenientemente vigilado.

El problema es que estos planes probablemente no les gusten a muchos, incluido a una parte de quienes se inclinaron por el lado bolivariano en las pasadas elecciones. Cambios tan extremos pondrán en riesgo los privilegios de la clase empresarial crecida a la sombra del régimen, la llamada “boliburguesía”. Semejante perspectiva tenderá a abrir la brecha entre el sector más pragmático del régimen y los partidarios de desbocar la Revolución. Eso sin contar con una oposición que ha conseguido casi 6,5 millones de votos y va a tratar de frenar esta última vuelta de tuerca que promete asfixiar definitivamente la democracia venezolana.

  • La salud presidencial. La evolución del cáncer del presidente Chávez sigue siendo un secreto de Estado; pero las señales no son alentadoras. Ciertamente, el mandatario venezolano resistió la campaña electoral- algunos alegan que gracias al empleo de drogas extremadamente agresivas – pero los observadores coinciden en que el líder bolivariano se ha visto obligado a mantener un ritmo de trabajo muy inferior al de otras ocasiones. En cualquier caso, más allá de las especulaciones, lo que resulta difícil de discutir es que de cara al futuro su capacidad para gobernar tenderá a disminuir y tarde o temprano su salud le pasará una factura definitiva.

El problema es el papel político que juega la figura del Comandante no solo a la hora de movilizar apoyo popular sino sobre todo como instrumento para mantener unido el bloque gubernamental. Sin Chávez, es fácil imaginar que el PSUV quedaría dividido por dos líneas de fractura. Por un lado, el antagonismo entre pragmáticos como el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y radicales como el gobernador del Estado de Barinas y hermano del presidente, Adán Chávez.  Por otra parte, las tensiones entre la dirección nacional del Partido en Caracas y los caciques que lo representan en las regiones. 
De este modo, la maquinaría que le ha dado la victoria al chavismo en estas elecciones podría estar en un proceso de deterioro que conduzca a su completa quiebra en un futuro no lejano. La primera prueba podría llegar con las próximas citas electorales que incluyen la elección de gobernadores el próximo diciembre y los comicios locales de abril del próximo año. En ambos casos, el PSUV podría cosechar unos resultados interiores a las presidenciales y la oposición consolidar su control de regiones claves.
Pero sobre todo el momento decisivo llegará cuando la enfermedad del presidente le obligue a retirarse del poder. De acuerdo con la Constitución, si tal eventualidad sucede durante los primeros cuatro años de su mandato, el Vicepresidente tendrá que convocar elecciones en un plazo de 30 días. Esa cita electoral encontrará al régimen con una economía quebrada, un partido dividido y una oposición empoderada. Entonces, el régimen tendrá que escoger entre una derrota cierta o… recurrir a “Chino” Carias y sus Tupamaros.