En Colombia se conocen los principales elementos de la historia del conflicto armado. La Comisión de la Verdad no debe pretender establecer una verdad oficial, sino buscar ser un instrumento de reconciliación. 

Hay controversia y expectativa luego de que se integrara la Comisión de la Verdad pactada en el acuerdo suscrito con la guerrilla de las Farc. A ese cuerpo se le ha atribuido la tarea de acodar un relato sobre el conflicto que, a mi juicio, será uno más entre cientos que ya tenemos y estará lejos de ser una especie de historia oficial como algunos pretenden.

No hay condiciones para que ese relato genere una especie de consenso, entre otras razones porque no ha transcurrido el tiempo necesario para que se decante y porque seguramente será un factor más de división en medio de la enorme polarización en la que se sume la sociedad precisamente por la manera de cerrar el conflicto.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, en Colombia se sabe mucho de lo que pasó: cómo arrancó, cómo evolucionó, cómo va.

Hay centenares de decisiones judiciales que condenan a los más altos responsables de grupos guerrilleros y paramilitares y otras tantas emitidas en contra de militares de muy diversos rangos que cometieron delitos sin nombre en el marco de ese conflicto que se resiste tanto a cerrarse.

Hay centenares de informes resultado de juiciosas investigaciones académicas, científicas, periodísticas, muchas de ellas financiadas con recursos públicos que han documentado hasta el detalle casos ejemplares de crímenes horrendos cometidos por actores provenientes de todas las orillas y hay decenas de relatos serios que después de muy juiciosos análisis intentan una explicación de lo que pasó.

Se han creado comisiones varias y muy serias para hacer trabajos similares. La propia mesa de negociación entre el gobierno y las Farc convocó una que llamó Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que en realidad produjo 12 explicaciones distintas e irreconciliables. Hace treinta años el gobierno convocó una Comisión de expertos que produjo un informe condensado en un texto denominado Colombia: violencia y democracia, evocando la que se había convocado treinta años antes denominada Comisión investigadora de las causas de la violencia que produjo un informe llamado sin ambages: La violencia, un texto de dos tomos que detalla las barbaridades de la violencia partidista de la primera mitad del siglo XX, conflicto mal cerrado que en buena parte fue detonante del que nos tocó padecer a éstas generaciones.

La ley de víctimas creó el Centro de Memoria Histórica cuya misión es “Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación”.

El Centro ha hecho investigaciones rigurosas y detalladas y ha producido decenas de documentos de enorme valor no solo histórico sino seguramente reparador para las víctimas. Masacres como la de El Salado en los Montes de María de Bolívar están descritas al detalle, así como están otras muchas en las que los victimarios son las guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Colciencias abrió hace algunos años una línea de investigación a financiar sobre relatos del conflicto y anualmente se producen centenares de libros sobre el tema.

El periodismo ha hecho un aporte enorme a la compresión de los hechos. Habrá trabajos sesgados, pero hay muchos absolutamente rigurosos. El portal Verdad Abierta ha contribuido mucho y al premio Simón Bolívar al libro periodístico llegaron decenas de textos sobre el tema. En fin.

Pero, además, hay una enorme verdad judicial, los folios de las investigaciones y las condenas producidas sobre los hechos relacionados con el conflicto se cuentan por millones.

Por todo ese trabajo sabemos las barbaridades que cometieron las guerrillas: atacaron a la población civil indefensa, reclutaron niños, cometieron tropelías sin nombre contra las mujeres y un largo etc.

Se sabe que todos los grupos ilegales se han alimentado en las últimas décadas del narcotráfico y que cooptaron otras economías ilegales como la minería no autorizada, el robo de gasolina, el contrabando e incluso la corrupción en el manejo de las arcas estatales.

Se sabe que agentes del estado directamente o aliados con organizaciones paramilitares cometieron masacres, cuyos relatos escalofriantes están documentados y muchos de sus responsables condenados. Se sabe que ocurrió esa desgracia que eufemísticamente se ha llamado “falsos positivos” sobre la que nos deben no tanto verdad como perdón. Se sabe que fueron miles los jóvenes en situación de vulnerabilidad que fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros caídos en combate.

Se sabe que políticos se asociaron con los actores armados para asegurar sus elecciones y saquear recursos para obras públicas, la salud y la alimentación escolar.

Se sabe que empresarios y terratenientes escogieron aportar a las máquinas de muerte para defender sus negocios. Se sabe que pequeños finqueros y dueños de ínfimas tiendas o buses viejos fueron extorsionados y amenazados sin piedad.

Se sabe que empresarios y llamemos criminales puros se valieron de la situación para desplazar y despojar de tierras a centenares de miles de campesinos y apropiarse de extensas zonas dedicadas ahora a monocultivos en discusión.

Hay nombres propios. Hay miles de condenados. En la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado están los expedientes con todos los detalles.

Sabemos casi todosy sin embargo nos enfrascamos en una controversia sobre otra comisión de la verdad, pero no porque no la sepamos sino porque nos hemos negado a reconocerla.

Ahí está el aporte posible de esta comisión que encabeza el Padre de Roux, una especie de guía moral, que sabe al detalle la verdad porque la ha conocido no a través de todos los documentos que he mencionado, que también se los ha leído, sino caminando los escenarios de horror y hablando con víctimas y también con victimarios.

El Padre que sabe la verdad entiende que esta comisión no será útil si pretende establecer una verdad oficial, si se presta para justificar barbaridades injustificables y por eso probablemente la orientará a ser una comisión más de reconciliación que de verdad. Dentro de los escogidos hay varios que tendrán pretensiones de verdad y sesgos de justificación inaceptable. En vos confío Padre.

Héctor Riveros Serrato es un abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública...