En el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores puede leerse la declaración de la Ministra Holguin en la cual se enuncian las razones tenidas en cuenta por el Gobierno para retirarse del “Tratado Americano de Soluciones Pacificas” -“Pacto de Bogotá”- con fundamento en el cual tuvo la Corte Internacional de Justicia competencia para dirimir la contienda limítrofe planteada por Nicaragua.

En el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores puede leerse la declaración de la Ministra Holguin en la cual se enuncian las razones tenidas en cuenta por el Gobierno para retirarse del “Tratado Americano de Soluciones Pacificas” -“Pacto de Bogotá”- con fundamento en el cual tuvo la Corte Internacional de Justicia competencia para dirimir la contienda limítrofe planteada por Nicaragua.

En ella se señala, con razón, que un buen número de países de la región jamás lo ratificaron y que algunos de los que sí lo hicieron formularon reservas que, en la práctica, lo privaron de sentido. No es, entonces, tan grave que nos retiremos de un mecanismo multilateral poco eficaz. No obstante, el comunicado contiene dos puntos que vale la pena analizar.

El primero de ellos consiste en que Colombia considera que “que los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones”.

Eso puede ser lo que el Gobierno actual considera, pero la Constitución, en su articulo 101, coloca los tratados y los fallos judiciales (o laudos arbitrales, que es lo mismo) en el mismo nivel jerárquico: “Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación”.

Por supuesto, es preferible que las disputas de limites se resuelvan por acuerdo entre las partes, pero puede ser buena alternativa que un tercero imparcial las defina. Ese es el camino, por ejemplo, que han transitado Chile y Perú. (Dando ejemplo de civilidad y para vergüenza nuestra sus presidentes han dicho, con total claridad, que acataran el fallo de la CIJ). La cuestión no es trivial. Colombia tiene en el congelador una diferencia limítrofe con Venezuela muy difícil de resolver mediante negociaciones directas; dejar abierta una opción arbitral no es mala idea.

El otro asunto -de mucho mayor entidad- es este: el Gobierno Nacional ha comunicado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos que denuncia el Tratado con efecto “a partir de la fecha”. Me da pena ser aguafiestas pero el acuerdo del que hemos decidido salirnos dice que “El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios”.

Como lo reconoce el Gobierno, la decisión que hemos tomado carece de efectos retroactivos: opera “a partir de la fecha”; en nada incide con relación al fallo de la Corte Internacional de Justicia que tanto nos mortifica. Peor aún: solo surtirá efectos un año después de la notificación a la OEA. Tiene, pues, Nicaragua tiempo suficiente para plantear otra demanda contra Colombia. Me da la impresión -pero humano es errar- que nos hemos dado “un tiro en el pie”: No logramos evitar lo que, al parecer, el Gobierno teme y mandamos al vecino país un mensaje contundente: !Pilas con la nueva demanda¡”.

Como los precedentes importan y hasta ahora he creído (aunque me puedo equivocar) que los gobiernos deben ser coherentes, recordemos que Colombia hace parte de la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma. Este organismo judicial goza de competencia con relación a una lista de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cuando las autoridades judiciales del Estado en que ellas ocurren no puedan o no quieran actuar.

El primer fiscal de la Corte, quien tiene a su cargo introducir los casos, fue un caballero argentino quien centró sus investigaciones en los países del Africa. Al terminar su período, fue designada una ciudadana de ese continente: todo parece indicar que va a “corresponder atenciones”; a nadie puede extrañar que, en America Latina, sea Colombia el primer candidato.

En el informe anual que acaba de divulgarse se señala que estamos bajo escrutinio con relación al proceso de paz que adelantamos con las FARC, el resurgir de los paramilitares, los desplazamientos forzados y los “falsos positivos”. Por supuesto, podemos confiar en que el Milagroso de Buga o el Divino Niño impidan que unos magistrados extranjeros vengan a meter sus narices aquí, aunque puede ser mejor estrategia denunciar el Tratado de Roma. Hacerlo clausuraría el riesgo.

Supongamos ahora que entre estas opciones, religiosa y jurídica, prima la segunda y decidimos darle un portazo a la Corte Penal Internacional (la cual, para colmo, funciona en La Haya; sus miembros seguramente almuerzan con esos tipos que acaban de fallar en contra nuestra). En tal caso, y “ya entrados en gastos”, resultaría lógico que nos retiráramos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí hemos perdido varios casos y es probable que perdamos otros.

Finalmente, los magníficos resultados obtenidos por nuestra selección de fútbol permiten afirmar, con absoluta certeza, que nos hemos ganado el derecho a participar en Brasil 2014. Infortunadamente, estamos expuestos al riesgo de que decisiones arbitrales injustas en los partidos que jugaremos el próximo año se interpongan en nuestro camino. Debemos, por lo tanto, notificar a la FIFA que nos reservamos el derecho de establecer si aceptamos o no los resultados luego de que un comité de expertos nacionales revise los correspondientes vídeos.

Si esta petición, formulada en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, no fuere aceptada, nos comprometeríamos desde ahora (no nos pueden volver a sorprender con fallos injustos como el de La Haya) a organizar el primer campeonato mundial de fútbol alternativo. !Viva Colombia¡

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Adición, diciembre 2: Mentiras piadosas.

Dice la Revista Semana que la decisión del Presidente Santos de retirar a Colombia del Pacto de Bogotá, que es el origen de la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir el diferendo con Nicaragua, tiene efecto inmediato: “Y es que el equipo de juristas que lo asesora, entre los cuales están Rafael Nieto Navia y Manuel José Cepeda, encontró una salida. Se apegó al segundo inciso de ese mismo artículo que, como lo dijo el propio Santos, hace que el anuncio del retiro de Colombia “surtirá efectos respecto de los procesos que se inician después de transmitido el aviso”.

Tal afirmación es rigurosamente falsa. Lo que el Tratado dispone es otra cosa. Basta leer su texto oficial:

ARTICULO LVI. El presente Tratado regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la transmitirá a las otras Partes Contratantes.

La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.