QUIÉN ES QUIÉN

Los últimos

9 Conexiones.


Catalina Díaz Gómez es magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y quien ha estado al frente del caso de los falsos positivos. 

Estudió derecho en la Universidad del Rosario. Fue becaria Fullbright en la maestría en Derecho en Interés Público en la Universidad de Nueva York y tiene una maestría en Sociología de la Universidad de Oxford.

Después de trabajar unos años como abogada en bufetes y un breve trabajo como auxiliar judicial de su profesor, el exmagistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy Cabra, trabajó como abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, por 3 años. Allí hizo seguimiento de proyectos de ley con impacto en derechos humanos, asesoró a comunidades del Chocó en asuntos de Derecho Internacional Humanitario. 

Fue en 2004, cuando estuvo en la Universidad de Nueva York, que tuvo una clase de justicia transicional y quedó enganchada. En esa misma universidad conoció al actual Relator Especial de las Naciones Unidas en temas de verdad, justicia y reparación, Pablo de Greiff. Y de su mano, entró a trabajar en el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), donde estuvo como asociada desde 2005 hasta el 2010. 

Allí participó en la creación de la sede de esta dependencia en Colombia, también estuvo como asesora del equipo de Timor Oriental y apoyó a la Comisión de la Verdad de Ecuador.

En el 2012, fue nombrada directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Inicialmente trabajó con Ruth Stella Correa y Farid Samir Benavides, la respectiva ministra y el viceministro de la época. Duró 5 años en el cargo y trabajó al lado de varios ministros de Justicia de Juan Manuel Santos: Miguel Samper, Alfonso Gómez Méndez,  Ana María Ramos, Yesid Reyes y Jorge Eduardo Londoño. 

En este cargo, ayudó a formular la política de justicia transicional y contribuyó a formular el marco legal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Como parte del equipo técnico del Ministerio de Justicia durante las negociaciones del Acuerdo de Paz con las FARC, contribuyó en el punto 5 que habla sobre los derechos de las víctimas. 

En 2018 fue elegida Magistrada titular de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, y se convirtió en la relatora del subcaso 03, que trata sobre los “Falsos Positivos” en el Catatumbo, donde imputaron a 11 militares por homicidio y desaparición forzada. También fue relatora del subcaso 06 que trata de la victimización a miembros de la Unión Patriótica en el conflicto.

Ver perfil completo
2 Conexiones.

Carmen Ligia Valderrama es la Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Reemplazó a Karen Abudinen quien renunció al cargo tras el escándalo de Centros Poblados.

Es abogada y especialista en derecho de los negocios de la Universidad Externado de Colombia. Fue profesora en la misma institución desde 1995 hasta el 2018. Dictó clases de derecho del consumo, competencia y propiedad industrial.

En ese periodo coincidió en la universidad con el superintendente de Transporte, Camilo Pabón, y con Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que también eran docentes del Externado. Es cercana a ambos.

Valderrama tiene también un Máster en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues & Andersen en Madrid, España.

Antes de ser nombrada en el MinTic, fue viceministra de Transporte, siendo ministra Ángela María Orozco, y previo a eso fue Superintendente de Transporte. En ese cargo reestructuró la Superintendencia y creó el Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Usuarios del Sector Transporte.

En ambos cargos del sector transporte tuvo responsabilidades en la regulación de las aplicaciones de transportes como Picap y Uber, un proceso en el que el Gobierno brilló por su ausencia

Antes de su llegada al sector transporte, Valderrama  ocupó diferentes cargos en la Superintendencia de Industria y Comercio, fue Asesora Jurídica, Secretaria General, Asesora del Superintendente y  Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.  En este cargo estaba encargada del régimen de protección de usuarios de telecomunicaciones, servicios postales, televisión, una experiencia cercana al sector de las TIC, en el que fue nombrada ministra.

Además fue asesora del Grupo de Expertos de Competencia y Protección al Consumidor en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y representante de Colombia en los organismos internacionales en temas de Protección al Consumidor, como: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Organización de Estados Americanos (OEA), International Consumer Protection and Enforcement Network (Icpen) y Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor. 

Su nombramiento fue criticado por quienes le reclaman su falta de acción frente a la regulación de las plataformas de transporte, y su poca experiencia en el sector tic. Uno de los críticos fue el representante verde Mauricio Toro.

Aunque también fue aplaudido desde otros sectores que valoran su conocimiento en temas regulatorios y administración pública, como reconoció en su Twitter el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Su experiencia fue uno de los puntos resaltados por el presidente Iván Duque cuando anunció su nombramiento: “Esperamos que su conocimiento en la contratación pública, su conocimiento en la gestión del Estado y sobre todo, su conocimiento en supervisión y vigilancia, nos permita a nosotros avanzar en varios objetivos”.

Esto es clave porque Valderrama llega al Ministerio, justo cuando esta cartera debe resolver el escándalo más grande de este gobierno, que justamente está relacionados con errores en un proceso de licitación que terminó dando un contrato de 1 billón de pesos, a un consorcio que presentó garantías falsas y que era manejado tras bambalinas por el corrupto condenado Emilio Tapias. 

También tendrá como desafío llevar conexión de internet al 70 % de la población.

Ver perfil completo
2 Conexiones.

Juan José Cantillo Pushaina nació en Manaure el 27 de septiembre de 1975. Es indígena wayuu del E'irukuu Pushaina de la ranchería Shooin en la Alta Guajira y abogado de la Universidad del Norte. 

En 2002 se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Libre y en 2016 en Derecho Administrativo en la Universidad Santiago de Cali. Es magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá (2014) y en Derecho Procesal Penal en la Universidad Sergio Arboleda (2014). ). Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés.

Cantillo hizo su judicatura en 1998 en la sala laboral del Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla. Entre 1999 y 2000 se desempeñó como jefe de unidad de investigación y fenecimiento de la Contraloría Municipal de Manaure y en 2001 trabajó en el Centro de Conciliación de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Manaure.

Fue escogido como defensor público de la Defensoría del Pueblo en la regional de La Guajira y en 2005 llegó a Bogotá como asesor de gestión de esa entidad cuando Volmar Pérez Ortiz era el Defensor del Pueblo. Cinco años después, fue nuevamente designado como defensor público y en ese cargo tuvo la oportunidad de ser el primer Coordinador de la Unidad de Víctimas de Justicia y Paz en defensoría pública de Bogotá en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. 

Entre 2010 y 2013 fue defensor y coordinador administrativo y de gestión de la regional de la Defensoría en el Guaviare donde se desempeñó como defensor regional en asignación de funciones. Entre el 2013 y 2017 fue abogado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el que se desempeñó como coordinador del grupo de actividad legislativa de la oficina asesora jurídica.

Cantillo también tiene trayectoria en la academia. Ha enseñado en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, en la Universidad de Santiago de Cali y en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia). 

Fue elegido como magistrado de las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se posesionó en enero de 2018. Ha sido dos veces presidente de la Sala de Amnistía o Indulto.

Ver perfil completo