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Juan José Cantillo Pushaina nació en Manaure el 27 de septiembre de 1975. Es indígena wayuu del E'irukuu Pushaina de la ranchería Shooin en la Alta Guajira y abogado de la Universidad del Norte. 

En 2002 se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Libre y en 2016 en Derecho Administrativo en la Universidad Santiago de Cali. Es magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Alcalá (2014) y en Derecho Procesal Penal en la Universidad Sergio Arboleda (2014). ). Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés.

Cantillo hizo su judicatura en 1998 en la sala laboral del Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla. Entre 1999 y 2000 se desempeñó como jefe de unidad de investigación y fenecimiento de la Contraloría Municipal de Manaure y en 2001 trabajó en el Centro de Conciliación de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Manaure.

Fue escogido como defensor público de la Defensoría del Pueblo en la regional de La Guajira y en 2005 llegó a Bogotá como asesor de gestión de esa entidad cuando Volmar Pérez Ortiz era el Defensor del Pueblo. Cinco años después, fue nuevamente designado como defensor público y en ese cargo tuvo la oportunidad de ser el primer Coordinador de la Unidad de Víctimas de Justicia y Paz en defensoría pública de Bogotá en la implementación de la Ley de Justicia y Paz. 

Entre 2010 y 2013 fue defensor y coordinador administrativo y de gestión de la regional de la Defensoría en el Guaviare donde se desempeñó como defensor regional en asignación de funciones. Entre el 2013 y 2017 fue abogado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el que se desempeñó como coordinador del grupo de actividad legislativa de la oficina asesora jurídica.

Cantillo también tiene trayectoria en la academia. Ha enseñado en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, en la Universidad de Santiago de Cali y en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia). 

Fue elegido como magistrado de las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se posesionó en enero de 2018. Ha sido dos veces presidente de la Sala de Amnistía o Indulto.

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Desde el 19 de febrero de 2018 Monzón es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado (UBPD), una de las tres instituciones que creó el Acuerdo de Paz firmado con las Farc junto a la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

Monzón nació en 1964 en Villavicencio y es abogada de la Universidad Gran Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional y especialista en Derechos Humanos, y Ciencias Forenses y Criminológicas. Desempeñó tareas de colaboración procesal en juzgados penales municipales y de circuito, fue juez de instrucción penal militar y docente en las universidades Externado de Colombia, Industrial de Santander y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Estuvo vinculada entre 1997 y 2009 a la Comisión Colombiana de Juristas desde donde litigó importantes casos judiciales como la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la masacre de Pueblo Bello, Antioquia, en 1988; y los crímenes del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) y el periodista Jaime Garzón (1999).

Participó en la coordinación del proyecto Derecho a la justicia como garantía para la no repetición, una iniciativa del Centro Nacional de Memoria Histórica que analizó casos de procesos judiciales en los que se obstaculizó el derecho a la justicia en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos. 

En 2012, asesoró y acompañó a la Comisión Internacional de Esclarecimiento, un grupo de expertos nacionales e internacionales cuya misión fue la de explicar cuál fue el papel del Estado en la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos, actores, formas de victimización y hechos relacionados con desapariciones forzadas en la Comuna 13 de Medellín entre 2003 y 2006. También, fue representante de las organizaciones sociales ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un organismo creado en el año 2000.

Ong de derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEU), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), fueron algunas de las más de 130 entidades que respaldaron su llegada a la dirección de la UBPD, una decisión tomada por el Comité de escogencia para la selección de miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición conformado por los expertos Claudia Vaca González, José Francisco Acuña, Diego García-Sayán, Álvaro Gil Robles y Juan Méndez. 

La gestión de Monzón frente a la entidad que dirige supone grandes retos. Esclarecer las cifras de desaparecidos en el país, quiénes son y dar respuesta a por lo menos 12.946 solicitudes radicadas de familiares que buscan a sus seres queridos son las tareas principales.  Sobre todo, cumplir las expectativas de las víctimas que llevan años, a veces décadas, esperando una respuesta sobre qué pasó con sus seres queridos.

 

 
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Julieta Lemaitre Ripoll nació en Cartagena el 18 de octubre de 1969 y se graduó como abogada de la Universidad de los Andes. Cursó una maestría en Género y Estudios de la Religión de la Universidad de Nueva York en 1998 y un doctorado en Ciencias Jurídicas con especialización en Derecho y Teoría Social de la Escuela de Derecho de Harvard en 2007. Lemaitre fue investigadora visitante en la Escuela de Derecho de Yale y Global Fellow de PRIO  (Peace Research Institute at Oslo).

Su trayectoria profesional comienza en 1998 como abogada asesora en la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer hasta 1999. A partir de ese año, Lemaitre comenzó a trabajar como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, un cargo que tuvo hasta que la nombraron como magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP en 2015. Fue la autora y líder del auto 001 sobre el secuestro, el primero de la JEP.  Imputó por crímenes de lesa humanidad a ocho ex miembros del Secretariado de las Farc dentro de los cuales se encuentra Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en las Farc.  Esa imputación ha servido como modelo de aproximación a otros casos de la JEP.

Julieta también es reconocida por su trayectoria como escritora e investigadora. Cuenta con múltiples artículos académicos que han sido publicados en importantes revistas como The International Journal of Constitutional Law (Pensilvania), Harvard Human Rights Journal (Estados Unidos), Feminist Legal Studies (Suiza), Law and Society Review y Social and Legal Studies (Reino Unido).

Su producción académica se enfoca en temas sobre paz y reconciliación, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer y movimientos sociales. Fue compiladora de “La Quintiada” (2013) y “Derechos Enterrados” (2011). Es autora de los libros “La Paz en Cuestión” (2011), “El Estado siempre llega tarde” (2019), “Perspectivas jurídicas para la paz” (2016) y “El Derecho como Conjuro”, publicado en 2009, que explica el fetichismo legal que existe en Colombia y el valor que tiene para el movimiento social.

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