Armando Benedetti nació en Barranquilla y es hijo de Armando Benedetti Jimeno quien fue el ministro de Comunicaciones durante el gobierno Samper. Su hermana Ángela Benedetti fue concejal de Bogotá.
Benedetti es dicharachero, hablador y franco. Le gusta relacionarse con los medios, que conoce desde adentro.
Es comunicador social y periodista. Fue coordinador de Telecaribe en Bogotá, hizo parte de la redacción política e internacional de El Tiempo y fue reportero del noticiero QAP entre diciembre de 1990 y abril de 1991.
Del periodismo pasó al sector público. Primero, en 1991, fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego se desempeñó como secretario General del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intra) entre 1992 y 1993, cuando el Instituto estaba encabezado por la abogada boyacense Zayda Barrero de Noguera, quien antes y después ocupó varios cargos en el Distrito, fue Superintendente encargada de Notariado y Registro y fue ternada por Álvaro Uribe a la Corte Constitucional en 2009. Barrero es esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda Rodrigo Noguera.
Después fue vicepresidente comercial de Ecosalud entre 1996 y 1997, cuando la empresa estaba en liquidación y fue intervenida por la Contraloría. Benedetti renunció a su cargo en 1997 y decidió lanzarse al Concejo de Bogotá.
Benedetti llegó al Concejo con el aval del Partido Liberal, de una lista de Germán Vargas Lleras y para cuyo segundo renglón sonó Luz María Zapata, esposa de Vargas. Benedetti obtuvo 8.000 votos.
En el Concejo fue distante del entonces alcalde, Enrique Peñalosa, y, por ejemplo, se opuso al proyecto que buscaba crear peajes en las entradas de la ciudad y al cobro del alumbrado público. Además, se alejó de Vargas Lleras.
En 2001, Benedetti prefirió no lanzarse al Concejo y tratar de saltar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Consiguió el apoyo de varios concejales como Samuel Arrieta, Jorge Ernesto Salamanca, Judy Consuelo Pinzón, Abel Valoyes, Leo César Diago y Marino Bravo, y se alineó con Horacio Serpa, candidato oficial de su partido a la Presidencia. Terminó sacando más de 31.000 mil votos.
Llegó a la Cámara en 2002 y posteriormente se convirtió en defensor del gobierno de Álvaro Uribe. Inicialmente pertenecía al oficialismo liberal y era crítico de la forma en que estaba planteado el proyecto de referendo de Uribe, pero rápidamente se deslizó al uribismo, del que ya formaba parte a principios de 2003.
Esa movida terminó con Benedetti dejando el Partido Liberal y uniéndose al de La U, que estaba apenas surgiendo con las banderas de Uribe.
En las elecciones de 2006 saltó al Senado y fue elegido con el slogan “100% con Uribe”. Y con Uribe reelegido, presentó ponencia positiva al referendo que buscaba abrirle la puerta al referendo para la segunda reelección. Así se terminó de convertir en uribista 1A.
El único punto en el que discrepó de ese gobierno fue en la penalización de la dosis personal, a la que se opuso. Pero eso cambió después.
En 2010 Benedetti apoyó la candidatura de Juan Manuel Santos y fue reelegido como senador por La U para el período 2010-2014. Fue Presidente del Senado para la legislatura del 20 de julio de 2010 al 20 de julio de 2011. En ese puesto se acercó a Santos, a medida que el presidente se fue distanciando de su antecesor, y en la campaña de 2014 fue uno de los alfiles de la reelección de Santos.
En el periodo 2014-2018 Benedetti siguió acompañando a Santos en la parte final de los diálogos de paz con las Farc a los que se opuso el uribismo.
Para las elecciones de 2018 buscó la reelección y para las presidenciales respaldó a Germán Vargas Lleras. Después de criticarlo por años, dijo que acató la decisión de La U de irse con quien había sido vicepresidente de Santos y lo apoyó.
Pero ganó el uribista Iván Duque y, aunque La U se declaró en independencia a ese gobierno, Benedetti y su compañero de bancada Roy Barreras le hicieron oposición.
Por eso el 11 de septiembre de 2020 el Comité de Ética de La U le abrió una investigación a Benedetti por “violación al régimen de bancadas” por sus críticas al Gobierno y por votar a favor de la moción de censura contra el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo (QEPD). El 9 de octubre lo expulsaron, días antes de que hicieran lo mismo con Barreras.
Benedetti pudo mantener su curul, pero quedó libre de militar en cualquier partido. Ahí comenzó su nueva voltereta, pues manifestó identificarse como parte de la “centro-izquierda” y terminó anunciando que le haría campaña a Gustavo Petro, el principal líder de la izquierda en el país. Petro lo recibió sin chistar, a pesar de que Benedetti no solo no era un político alternativo, sino que cargaba varios escándalos a cuestas.
En 2016 la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el desfalco al fondo de pensiones del magisterio de Córdoba.
En 2017 la Fiscalía hizo lo mismo, esa vez por la presunto vínculo de Benedetti con la repartija de coimas que hizo la corrupta multinacional Odebrecht en Colombia. Ahí lo señaló de, supuestamente, pertenecer al grupo de congresista conocido como “Los Buldózer”, que habría ayudado a esa empresa brasileña a obtener algunas contrataciones con el Gobierno.
En 2018, meses después de haber sido reelegido como senador por La U, el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, dirigente de una empresa de interceptaciones ilegales, lo señaló de haber sido cliente y de haber participado en las “chuzadas” al exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
Benedetti lo niega todo y por esos escándalos, hasta septiembre de 2021, la Corte Suprema no le había abierto ninguna investigación formal, así que solo existían testimonios fuertes en su contra.
Pero en marzo de ese año reventó otro por el que sí está enredado: la Corte lo llamó a la indagatoria, y por lo tanto abrió formalmente un proceso penal en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito. Considera que él, con su sueldo de congresista, no tiene cómo explicar la procedencia de 2.900 millones de pesos de su patrimonio. Y él también lo niega.
A todo eso se sumó su supuesta vinculación al escándalo de contratación de Centros Poblados. Se trató de un contrato por 1 billón de pesos que le adjudicó en 2020 el Ministerio de las TIC a una unión temporal integrada por empresas cuestionadas, que al final incumplieron y no devolvieron 70 mil millones de pesos que les dio el Ministerio de anticipo.
El 27 de septiembre de 2021 Karen Abudinen, que había sido la ministra que adjudicó el contrato y que se cayó antes de que la Cámara votara una moción de censura en su contra, señaló a Benedetti de haberla llamado después de que explotó el escándalo a pedirle que no caducara el contrato con Centros Poblados, que fue lo que ella hizo, sino que lo cediera a otra firma.
Benedetti, de nuevo, lo negó, pero eso desembocó en otra denuncia penal contra Benedetti ante la Corte Suprema, que puso la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas.