Eduardo Montealegre, abogado especializado en derecho penal en el Externado y en la Universidad de Bonn (Alemania) y en derecho constitucional en Erlangen (Alemania), ha sido profesor del Externado durante muchos años, e investigador invitado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros sobre derecho penal.
Montealegre nació en Ibagué en 1957 e hizo su bachillerato en el colegio San Simón, un colegio público de mucho prestigio. En 1982 se graduó de su especialización en derecho penal en el Externado y en 1983 se fue a estudiar a España. Cuatro años después fue miembro de la comisión redactora del Código de Procedimiento Penal, y entre 1992 y 1994 hizo la especialización en Bonn. En esos primeros años tuvo varias asesorías con el Ministerio de Justicia y trabajó como juez.
Montealegre llegó al sector público de la mano de Jaime Bernal Cuéllar, quien había sido su profesor en el Externado. Bernal lo nombró su vice procurador en 1997, aunque ya antes, en 1995, había sido parte de una Comisión revisora de la legislación ambiental que nombró el Ministerio de Medio Ambiente. En 1997 alcanzó a ser considerado por Ernesto Samper para Ministro de Justicia, pero finalmente Samper nombró a Almabeatriz Rengifo.
Fue Viceprocurador durante todo el período de Bernal Cuéllar, hasta 2001. Entre sus posiciones recordadas estuvo el apoyo a las Convivir, presumiendo que no tenían la misma lógica del paramilitarismo; su respaldo a los policías que habían sido cuestionados por la sonada muerte del italiano Giacomo Turra en Cartagena; su apoyo al proyecto que reformaba la casación y que molestó a la Corte Suprema del momento; y sus críticas a la zona de distensión del Caguán. También fue muy crítico de la fiscalía de la época, a la que señaló de “monárquica”.
De ahí pasó a la Corte Constitucional, gracias a que el Consejo de Estado lo ternó en 2000. Junto con los que luego fueron consejeros de Estado, Héctor Romero y Ligia Galvis, Montealegre hizo parte de una terna liberal. En el Senado su nombre salió adelante gracias al apoyo de la bancada de ese mismo partido; obtuvo 79 votos entre los 102 senadores.
En la Corte es recordado por ser protector de los derechos fundamentales y de la tutela. Entre sus sentencias más recordadas está la que tumbó el estatuto antiterrorista de Uribe y la que definió que en un referendo con varias preguntas se debía estudiar si cada una de ellas pasaba el umbral, lo que a la larga tumbó varias de las propuestas del referendo de Álvaro Uribe en 2003. Ese año, fue uno de los cuatro magistrados que no estuvieron de acuerdo con la caída de la conmoción interior de Uribe.
Montealegre fue objeto de críticas cuando renunció a la Corte en 2004, antes de completar su período. En ese entonces se rumoró que lo había hecho porque esperaba estar en la terna para Fiscal de la que a la postre fue elegido Mario Iguarán o porque le habían ofrecido un negocio privado muy tentador y él no quería desaprovechar la oportunidad. Montealegre alegó que su renuncia era para seguir adelante con su carrera académica, pero muchas personas se sintieron defraudadas porque renunció en un momento institucional clave cuando estaba en discusión la reelección.
Desde su salida de la Corte, Montealegre se dedicó a su profesión. Entre otros clientes, fue abogado de Alberto Ríos en EnerPereira, y de la intervenida EPS SaludCoop. Es amigo personal de Carlos Palacino, el polémico ex presidente de la EPS. Esa relación lo hizo objeto de críticas en este proceso de elección de Fiscal, en el que todos los reflectores se pusieron sobre él pues era el más opcionado. En 2011 asesoró al gobierno de Santos, junto con otros ex magistrados, en la reforma al fuero penal militar.
También fue cercano a Álvaro Uribe: sonó para integrar la terna a Fiscal en 2009 porque era parte de los abogados más cercanos al entonces presidente y alcanzó a recibir poder de Uribe para demandar a Hugo Chávez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, junto con el consejero de Estado Juan Ángel Palacio y el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia, estuvo encargado de convencer a los congresistas de que podían votar el referendo reeleccionista sin temor a estar impedidos.
Su presencia en la terna dio lugar a que algunos hablaran de una terna de uno pues las otras dos ternadas (Mónica de Greiff y María Luisa Mesa) carecían de conocimientos en el área penal. Fue elegido Fiscal por la Corte Suprema el 22 de marzo de 2012, el mismo día que los ternados presentaron sus propuestas ante el tribunal.
Debido a que en el pasado se ocupó de esos asuntos, de entrada se declaró impedido para los casos vinculados con SaludCoop, con las masacres de La Rochela, Pueblo Bello y Santo Domingo, y de la Operación Fénix, que culminó con la muerte de alias ‘Raúl Reyes’.
Su Fiscalía, que incluyó una ambiciosa reforma administrativa a la entidad, fue muy polémica por varios motivos.
Uno fue su intervención en la campaña presidencial de 2014, cuando capturó al supuesto hacker Andrés Sepúlveda, que era contratista de la campaña uribista de Óscar Iván Zuluaga y estaba traficando con información confidencial, lo que golpeó duramente la campaña de Zuluaga.
Otro fue su permanente defensa denodada de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, del lado de los críticos del proceso porque argumentaban que un Fiscal no debía meterse en esos asuntos, y del de los defensores porque en ocasiones defendió posiciones más blandas que las que tenía el Gobierno en la mesa.
El tercero fueron los millonarios contratos a dedo para una empresa familiar de la politóloga Natalia Springer, por más de 4 mil millones de pesos. El primero, para asesorar a Montealegre en el procesamiento de datos de crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado, se concretó en un informe que según su supervisor no cumplía el contrato. A pesar de eso, le dio un segundo contrato para hacer un trabajo similar con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ELN y las bacrim.
El cuarto motivo de polémica fue el fracaso de uno de los puntales de su reforma, la creación de una universidad de la Fiscalía que tras dos años de creada y más de 30 mil millones de pesos invertidos, tenía solo 31 estudiantes y tuvo que cerrar.
Y el último, quizás el más central para el funcionamiento futuro de la Fiscalía, fue el cambio en el modelo de investigación para pasar de estudiar cada caso aislado que le llegaba, sin mayor coordinación, a tener una estrategia proactiva de identificar y estudiar fenómenos criminales (lo que implicaba priorizar unos casos sobre otros) para luego avanzar en todas las investigaciones que los incluyeran, con información de contexto.
Ese cambio fue objeto de críticas porque rompía con las lógicas tradicionales de investigación, porque no es claro hasta dónde sirve como prueba lo recogido en las investigaciones de contexto y porque la priorizar unos casos sobre otros se podría entender que la Fiscalía acepta que los segundos queden impunes.
Tras salir de su cargo en 2016 se convirtió sorprendentemente en un crítico de Juan Manuel Santos, a quien acusó de incumplir compromisos y ser desleal.