Iván Velásquez Gómez

Iván Velásquez Gómez

Ministro de Defensa designado

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Penalista reconocido, nació en Medellín el 12 de mayo de 1955 y es abogado de la Universidad de Antioquia.

Empezó su carrera profesional en la década de los ochenta, cuando Pablo Escobar tenía azotada su ciudad. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados (Colegas) donde abrió debates sobre el rol de las instituciones frente al avance de las mafias. 

En 1991 pasó a ser Procurador Departamental de Antioquia, un cargo difícil porque el departamento era entonces no solo el centro de operaciones de Pablo Escobar, sino que tenía presencia de guerrillas y de los nacientes paramilitares.

Entre otras, allí investigó sobre crímenes cometidos por organismos gubernamentales, como torturas que cometió la Unidad Antisecuestro (Unase), ejecuciones extrajudiciales y abusos en contra de la población civil que se cometían en operaciones antiguerrilla. Fundó la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que atendió denuncias de detenciones clandestinas en todo el Valle de Aburrá. 

Salió en 1994 y en 1996 fue nombrado magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Duró poco pues en 1997 el entonces Fiscal General, el liberal Alfonso Gómez Méndez lo nombró director de Fiscalías de Medellín. 

Allí investigó las masacres del Aro, de Ituango y de la Granja, cometidas por grupos paramilitares con complicidad del Ejército cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. También fue clave en una operación poco visible pero de gran importancia en develar el paramilitarismo: el allanamiento del Parqueadero Padilla, donde se encontró la contabilidad de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, líderes paramilitares.

En 2000 Álvaro Orlando Pérez, magistrado de la sala Penal de la Corte Suprema, lo nombró magistrado auxiliar de su despacho. Y en 2006 la Sala entera lo nombró coordinador de una unidad especial, la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, que crearon para investigar el fenómeno de la parapolítica, de la que se empezaban a tener las primeras revelaciones. 

Los avances de las investigaciones penales que él coordinaba lo llevaron al centro del debate político del momento, y además a convertirse en una figura muy criticada por Álvaro Uribe, quien acababa de reelegirse y tenía el apoyo del grueso de la clase política, los empresarios y la opinión pública.

En 2007 un paramilitar preso, “Tasmania”, denunció que Velásquez le había ofrecido beneficios para enlodar a Uribe (luego se probó que era un montaje). Y al año siguiente Uribe lo acusó de emborrachar a un testigo para llevarla a declarar en contra de los parapolíticos. 

Velásquez fue hostigado y perseguido por el DAS, como lo fueron de diversas maneras los magistrados de la Sala Penal y otros investigadores de la parapolítica, y de hecho en octubre de 2020 la presidencia de Iván Duque, acatando una orden judicial, le pidió disculpas públicas por ello.

Las investigaciones de la Comisión sobre los vínculos entre congresistas y paramilitares llevaron a la condena de unos 50 congresistas, con 10 que siguen en instrucción o juicio y unos 130 con investigaciones abiertas todavía en 2022.

Velásquez coordinó el trabajo de la Comisión hasta el año 2012 y en octubre de 2013 las Naciones Unidas lo nombraron Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que en un acuerdo con el gobierno guatemalteco se dedicaría a investigar delitos cometidos por estructuras criminales y su relación con la clase política guatemalteca. 

Con eso hubo un claro reconocimiento de la comunidad internacional al trabajo de Velasquez en develar las relaciones entre criminales y parte del establecimiento en la parapolítica.

Entre otros casos, en la Cicig avanzó en la investigación de casos de corrupción que vincularon a personas del entorno del ex presidente Otto Pérez Molina.  Por eso, recibió el premio Right Livelihood en el año 2018, que se conoce como el Nobel Alternativo.

En 2017, junto con la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, le retiraron la inmunidad al entonces presidente, Jimmy Morales, por un caso de presunto financiamiento electoral ilícito. Morales reaccionó anunciando la expulsión de Velásquez del país, algo que frenaron la Corte Constitucional y los ministros de Morales, que no lo apoyaron.

En 2018 Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, por lo que la entidad terminó sus funciones en septiembre de 2019.

Velásquez regresó a Colombia y se acercó a la campaña de Gustavo Petro, a quien conocía desde tiempos de la parapolítica, pues Petro fue uno de los congresistas más vocales en denunciarla.

Tras la elección sonó para varios cargos y ambientó la propuesta, que Petro compartió, de crear el equivalente a la Cicig en Colombia. 

FInalmente, el 22 de junio de 2022 Petro anunció que Velásquez sería su ministro de Defensa, encargado no solo de la relación con la fuerza pública sino de organizar la salida de la Policía de ese ministerio al uno nuevo que ha propuesto Petro.

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Por investigar la parapolítica se convirtió en objeto de hostigamientos del entonces presidente.

Designado como Ministro de Defensa de Petro.