Óscar González fue contralor de Bogotá de 2004 a 2007. Pereirano y educado en Barranquilla, es abogado de la Universidad Externado con especialización en Derecho Comercial y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. También tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Análisis Económico Internacional de la Universidad de Budapest e hizo estudios sobre Negociación Avanzada y Resolución de Conflictos en la Universidad de Harvard.
Durante el gobierno de Ernesto Samper fue Superintendente de Sociedades. También ha trabajado como profesor de Derecho Comercial en el Externado y la Javeriana, fue juez y ha asesorado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Es dueño de González Arana y Consultores, en donde ejerce como abogado consultor en derecho económico, financiero, comercial y salvamento empresarial.
En 2004 González fue postulado para la terna de Contralor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca luego de un concurso de méritos en el que venció a otros 100 postulantes y resultó elegido con los 32 votos de la coalición mayoritaria encabezada por el Polo Democrático.
Su afiliación a este partido y su previa participación en la campaña presidencial de Luis Eduardo Garzón le valieron críticas de sus opositores, quienes pusieron en duda su independencia, especialmente porque González tendría que vigilar a Garzón. También se interpuso una demanda en su contra que no prosperó y que pretendía invalidar su elección argumentando que la terna estaba incompleta luego de la renuncia de Luis Carvajal Basto, uno de los tres postulados.
La gestión de González alcanzó un protagonismo considerable en los medios. A pesar del aparente conflicto de intereses, en los primeros tres años el Contralor le hizo 150 controles de advertencia a Garzón. Emitió otros 24 controles a entidades públicas y logró salvar cerca de 700 mil millones de pesos. También revocó el proceso de actualización catastral de 755 mil predios, en el cual detectó fraudes e irregularidades y les declaró la guerra a los constructores de los cerros orientales para evitar el deterioro del ‘pulmón de Bogotá’.
En 2006 La W denunció que González Arana tenía bajo su nombre tres apartamentos en un exclusivo condominio en Miami. Luego de revisar las pruebas que indicaban un incremento en su patrimonio de 4.200 millones de pesos, en febrero de 2008 el Procurador Edgardo Maya le abrió un proceso disciplinario a González, quien había terminado su período el año anterior.
Al ex contralor y a su esposa Beatriz Alicia Noguera Pardey, en ese entonces asesora del entonces senador Jairo Merlano, se les comprobó que entre 2004 y 2006 tuvieron un incremento patrimonial injustificado así como inconsistencias en las declaraciones de bienes y rentas. La declaración privada que González como funcionario público estaba obligado a presentar no coincidió con su declaración de renta y ni él ni su esposa reportaron las inversiones que tenían en el exterior a pesar de que estaban en la obligación de hacerlo. Tampoco indicaron el origen de los recursos en sus cuentas de Estados Unidos.
Además, la Procuraduría encontró evidencia de 14 viajes que González había hecho a Miami entre 2004 y 2006, con estadías que sumaron más de cuatro meses y 18 que su esposa hizo durante el mismo período. La mayoría de estos viajes no fueron autorizados por el Concejo de Bogotá ni, en el caso de su esposa, por el Congreso. Los testimonios del ex contralor presentaron varias inconsistencias y en diciembre de ese mismo año la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 15 años para desempeñar cargos públicos, medida que también fue dictada contra su esposa Beatriz.
González Arana fue reemplazado por Miguel Ángel Moralesrussi, destituido e inhabilitado por 20 años cuando aún ejercía como Contralor y actualmente detenido por su papel en el ‘carrusel de la contratación’.