Paola Meneses Mosquera

Paola Meneses Mosquera es una abogada graduada de la Universidad Javeriana.

En diciembre de 2020 el Senado la eligió magistrada de la Corte Constitucional con 67 votos de una terna que también estaba compuesta por Fernando Grillo (actual director del Departamento de la Función Pública) y José María del Castillo (decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda).

Es amiga de Iván Duque desde que estaban en el colegio; se graduaron de la misma promoción (1994) del Colegio Rochester. 

En la Javeriana, según tres personas que estudiaron al tiempo con ella, no era muy conocida ni muy visible; la recordaban porque sus padres tenían cargos importantes.

Efectivamente, Luz Stella Mosquera, su madre, había sido magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y fue magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura entre 1992 y 2000; y Álvaro Meneses, su padre, fue el director jurídico de Ecopetrol durante más de 15 años. 

Cuando Meneses se graduó, entró a trabajar cerca de un año en la Superintendencia de Notariado y Registro. Después de eso volvió a la Javeriana como coordinadora de la Especialización en Derecho Administrativo hasta septiembre de 2002.

Se fue a estudiar a España, primero una especialización en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, donde hizo su tesis sobre servicios públicos, y luego una maestría en derecho administrativo en la Universidad Carlos III, también con tesis sobre ese tema.

A su regreso a Colombia se dedicó a ese área, pues llegó a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), como abogada de la vicepresidencia jurídica y luego directora de asesoría jurídica de la secretaría general entre octubre de 2010 y junio de 2012.

Luego fue, durante tres años, secretaria general de RedGroup, las empresas de propiedad de Adriana Bernal, que se dedican a la asistencia para poseedores de seguros (con servicios como plomería de emergencia o conductores de vehículos) y del portal digital KienyKe.

De allí pasó a ser secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos, a donde llegó de la mano del político liberal Amylkar Acosta, amigo de sus padres. Allá apoyó sobre todo la expedición de la ley de licores de 2016.

Cuando su amigo Iván Duque llegó a la Presidencia, la nombró superintendente de Subsidio Familiar, un cargo en el que se encarga de supervisar a las Cajas de Compensación Familiar, un área que no manejaba. 

Trabajó cerca con la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango, ya que la Superintendencia es parte del sector que encabeza ese ministerio.

Tras un año y medio en el cargo, renunció en febrero de 2020 para pasar a ser fiscal delegada contra la criminalidad organizada, nombrada por su amigo, el recién posesionado Francisco Barbosa.

A pesar de no tener experiencia en la Fiscalía ni en el derecho penal en general, no le fue mal en esos nueve meses que trabajó allá.

“Es una mujer estratégica, que escucha, que toma decisiones, y como es súper inteligente pues entiende y es acertada”, le dijo a La Silla una persona que trabajó con ella en la Fiscalía y no es cercana a Barbosa. 

“No es lo que uno llamaría una jurista, pero es inteligente y práctica. Llegaría a aprender y haría un buen papel... aunque no sé qué tan independiente porque, eso sí, le debe a Duque su reciente carrera de funcionaria de tan alto perfil”, concluye.

En esa percepción de ser muy capaz, y muy dada a aprender, coinciden un exprofesor de ella en la universidad, tanto su exjefe Amylkar Acosta como una persona que trabajó de cerca con ella en su paso por la Superintendencia, y que no la conocía de antes. “Es muy pila, yo creo que entendió el Sistema en normas muy bien”.

El 23 de noviembre de 2020, Duque anunció que su nombre estaba dentro de la terna que le presentó al Senado para que esa corporación escogiera al nuevo magistrado, cuatro meses después de la renuncia de Carlos Bernal a la Corte.

El 9 de diciembre, cuando hablaron los ternados ante el Senado, Meneses se presentó como una candidata moderada que defendería la independencia de las tres ramas del poder público, aunque distante de las posturas más activistas de la Corte, pues dijo que ésta no debería meterse en definir las políticas públicas. 
Desde ese día se sabía que era la escogida por el Senado pues, como contamos, fue la única que hizo lobby.