Por Andrés Álvarez,
Desde, al menos, el siglo 19, con las ideas de “ventajas comparativas” y “ventajas absolutas” formuladas de manera brillante por la economía política inglesa (en particular D. Ricardo), los economistas creemos tener un argumento imparable sobre las bondades del libre comercio. En consecuencia, cuando dictamos un curso de comercio internacional seguimos una estructura lógica que consiste en empezar por estos argumentos y preguntarnos ¿por qué si son tan buenos argumentos existen todavía barreras al comercio? (ver por ejemplo el manual de Economía Internacional de P. Krugman y M. Obstfeld que es ya un clásico). Una de las respuestas más interesante a esta pregunta es: la “Economía Política”. Que en resumen puede traducirse como el poder relativo de los grupos políticos o de los gremios en las decisiones de regulación económica. Dicho de manera más directa: el lobby. En Colombia hemos asistido en los últimos días a un gran espectáculo que nos brinda la ANDI, que es la evidencia empírica más contundente sobre los problemas de Economía Política que enfrenta la liberalización comercial.
Después de repetidos elogios y constantes acciones de lobby de la ANDI en favor del TLC con Estados Unidos, le llegó el turno a la discusión sobre el TLC con Corea del Sur; que llamaré Corea simplemente porque no creo que con la otra estemos negociando TLC. En los últimos días la arremetida mediática de la ANDI y en particular de la Cámara de Industria Automotriz, sumada a ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) no ha ahorrado esfuerzos: comunicados de páginas enteras en diarios nacionales, micrófono abierto en radio y televisión y en últimas lobby directo con los negociadores del TLC. En su momento vimos cosas semejantes por parte de los agricultores y avicultores nacionales en contra de buena parte del TLC con Estados Unidos. Pero, la pregunta es: ¿puede y debe el gobierno ofrecer protección al sector de producción de autopartes o de ensamblaje de carros? La respuesta no es obvia. Frente a esta pregunta siempre sale a relucir un argumento, que contiene algo de populismo, que es: “x miles de empleos estarían en riesgo” y el debate no se resume al problema del empleo.
La Economía Política que se movió detrás del TLC con Estados Unidos nos dejó enseñanzas interesantes, y, por qué no decirlo, dolorosas. En este mismo blog, dos de mis colegas han discutido sobre los pro y los contra del programa AIS (ver y ). Sobre si era deseable subsidiar y en general pagar por programas específicos que permitieran al sector agrícola soportar la competencia de los productores agroindustrializados americanos, pueda haber algo de debate. Uno podría estar a favor de una forma de apoyo a este sector, usando los argumentos de mis dos colegas, siempre y cuando permita menguar los efectos de alguna fricción del mercado que impida la competitividad (dificultad de acceso al crédito, difícil difusión o incorporación de tecnologías, etc…) o teniendo en cuenta los elementos que van más allá del problema de eficiencia económica. Como lo dice Christian en su puesto “la analogía entre el agro y la industria en general es limitada”, porque el problema social del agro no es el mismo que el de la industria.
Mirado con ambos lentes, cualquier forma de ayuda o de protección específica al sector de producción de autopartes o de ensamblaje de carros no está justificada. Pero en este caso, existe un agravante y es: ¿a quién estaríamos protegiendo? Dada la estructura de propiedad del capital en la industria automotriz, estaríamos protegiendo a las multinacionales de sí mismas. Que el escenario de la competencia sea Colombia o sea Chile o sea cualquier otro ring de boxeo, no cambia en nada el problema. Ahora, si lo que se argumenta es que debemos proteger a la industria de los fabricantes de repuestos (o más elegantemente dicho: de autopartes), tampoco encuentro la razón: si las ensambladoras instaladas en Colombia compran un repuesto a los productores locales, seguramente lo hacen por reducción de costos asociados entre otras cosas al transporte, la diferencia en calidad es probablemente nula. La protección arancelaria debe ayudar seguramente en la protección de algunos de estos productos generando una competitividad relativa que puede desaparecer sin aranceles. Pero, no olvidemos que los argumentos de la ANDI en defensa del TLC con Estados Unidos se basan en nuestro viejo colega D. Ricardo y la noción de ventajas comparativas. Si alguien me convence de que tenemos ventajas comparativas en autopartes, entonces le diría: muy bien, pues esta industria no necesita protección. Pero si el argumento es nuevamente la protección del empleo sectorial, entonces deberíamos oponernos a cualquier TLC, que siempre encontrará una industria que se le oponga. Pero, probablemente una industria menos poderosa y con menos capacidad de lobby.