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El estímulo al emprendimiento es un problema en el ambiente colombiano porque nuestro sector empresarial no se caracteriza por un déficit de emprendedores, sino por un exceso de los mismos.
Ahora que entramos en etapa de debates en el Congreso para el Plan Nacional de Desarrollo, vale la pena ponerle la lupa a aspectos que han pasado de agache en la discusión inicial. Una dimensión de crucial importancia es la que define la hoja de ruta para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico.
De los tres “pactos estructurales” que son eje del plan (artículo 3), el que está dedicado al crecimiento se denomina de “emprendimiento”. Las bases del plan, que quedan aprobadas con el mismo por ser parte integral (artículo 2), aclaran que se refiere a un “Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad”. Una apuesta por la productividad, prefiero pensar yo. Punto positivo para el gobierno por incorporar el de la productividad como un eje clave, merecedor de capítulo aparte. Como comenté en alguna otra entrada, el crecimiento debe ser prioridad número uno, y la productividad es el motor del crecimiento.
El problema es que en el articulado ese eje queda reducido al emprendimiento, y que en las bases del plan el énfasis de emprendimiento se traduce en metas y programas de creación de empresas y creación de una cultura proclive al emprendimiento. ¿Un problema?, se preguntará usted, ¿cómo puede ser el emprendimiento un problema?
Pues bien, el estímulo al emprendimiento es un problema en el ambiente colombiano porque nuestro sector empresarial no se caracteriza por un déficit de emprendedores, sino por un exceso de los mismos.
Estamos inundados de emprendimientos que arrancan como alternativa de generación de ingresos, una alternativa de subsistencia, ante unas pobres posibilidades laborales. Colombia tiene la tasa más alta de empleo por cuenta propia de la OECD y una enorme concentración del empleo en microempresas, muy por encima de países desarrollados a los que nos queremos parecer. Mejor dicho, lejos de tener poca creación de empresas, lo que tenemos es demasiada.
Hay un déficit, eso sí, de emprendedores y emprendimiento con alto potencial y alto logro de crecimiento. Esos que generan empleo de calidad, exportaciones, sofisticación de la canasta de productos, y que cumplen las reglas. Es decir, los compatibles con todas las demás metas del pacto por la productividad de las bases del plan.
Que el problema de Colombia (y Latinoamérica en general) no es la cantidad de emprendimiento sino el tipo de emprendedores es algo bien identificado. Informes recientes sobre emprendimiento en América Latina del Banco Mundial y la CAF, para no ir más lejos, se subtitulan respectivamente “Muchas empresas y poca innovación” y “Desde la subsistencia hacia la transformación productiva”.
Seguramente el emprendimiento de alto impacto es el que tenían en mente al escribir el plan y sus bases. Pero, no sólo el lenguaje no diferencia entre éste y el emprendimiento de subsistencia, sino que se incorporan metas y programas que refuerzan el estímulo a este último: amplios programas de microcrédito, énfasis en la empresarialidad en todos los niveles de educación, metas de creación de empresas.
En plata blanca, el plan de inversiones plurianual le asigna a estos ítems un presupuesto de 10 billones, mientras que el componente de transformación productiva se lleva cerca de un billón, y la mejora regulatoria 600mil millones.
Sería clave que en la discusión el eje hoy llamado de emprendimiento recupere la “productividad” en su nombre, y le añada el apellido de “alto impacto” al nombre de emprendimiento.
También que se revalúe la incorporación de programas que pueden acabar incentivando el emprendimiento de supervivencia, y se ajusten las cargas presupuestales para invertir más en los programas que más pueden mejorar la productividad.
Las bases del plan traen mucho más, y mucho de lo que hay es positivo, en términos de estímulo al crecimiento. Aplaudo el énfasis en provisión de bienes públicos para la productividad, como infraestructura de transporte, regulación simple y de calidad, prácticas mejoradas de certificación de la calidad. Las bases le dan dientes a la mejora regulatoria al exigir la obligatoriedad del Análisis de Impacto Normativo, aunque desafortunadamente sólo para algunas normas (sin mucha claridad sobre cuáles) por fuera del articulado principal, y con muy poco presupuesto.
También al contemplar la adopción de cláusulas de extinción de las normas nuevas y esquemas de eliminación de n normas viejas cada vez que entra una nueva, al pedir la evaluación de impacto posterior a la introducción de normas, y al otorgar al Presidente facultades extraordinarias para eliminar o modificar trámites engorrosos.
También hay un importante énfasis en la formalidad, aunque sólo desde el punto de vista del registro de las empresas. Hay muchas otras dimensiones clave de la informalidad. Entre las más costosas, por ser fuente de competencia desleal y pérdidas para quienes sí cumplen, está el incumplimiento de la regulación que atañe a cada sector.
La mejora regulatoria sería infructuosa si se refiere a normas que sólo están en el papel, o que se cumplen sólo para unos pocos. El plan debería incorporar un componente de legalidad en el cumplimiento de la regulación empresarial, que además serviría de puente entre el eje de productividad y el de legalidad.
Y, muy importante, el plan reconoce la necesidad de hacer seguimiento a la fisonomía del aparato productivo para una adecuada focalización de políticas. Se compromete así con la realización de un censo empresarial, única herramienta con la cual se puede caracterizar la totalidad del sector productivo y no solamente la fracción formal.
Aunque las mejores prácticas reclaman un censo cada cinco años, en Colombia el último es de comienzos de los noventa (sí, ¡casi treinta años sin esta herramienta!). Clave sería que el articulado se ajuste para que no sólo comprometa a este gobierno con la recolección de un censo, sino que convierta en una política de Estado la recolección periódica de esta información.
