Consulta Anticorrupción: tres veces sí

Como quedaron redactados, cuatro de los mandatos de la Consulta son inconvenientes.

La Consulta Anticorrupción que los colombianos votaremos el próximo 26 de agosto tiene siete puntos, siete mandatos que los colombianos daríamos al Congreso si los aprobamos. 

Aunque la consulta es una, a cada uno de los siete puntos debemos votar Sí o No, y el resultado de cada punto es independiente del de los demás (excepto si no se alcanza el umbral de participación, en cuyo caso ninguna pregunta queda validada). Se aprueba el punto que obtiene al menos 50%+1 de los votos válidos de esa pregunta, aún si otras preguntas no logran ese 50%+1.

Afortunadamente, porque así podemos no apoyar algunas de las propuestas, sin que por ello desaprovechemos la inusual oportunidad de hacer visible nuestra masiva indignación ante la descarada corrupción que acompaña la debilidad de nuestro Estado. 

Y es que la redacción de algunos de esos mandatos, tomada de manera literal, amarra las manos de la lucha anticorrupción de manera, a mi juicio, peligrosa. Como la senadora Claudia López contó que la consulta es “el mecanismo más vinculante …en un año esas normas deben aplicarse”, la interpretación literal parece muy probable. Creo, entonces, que es mejor votar negativamente esos puntos peligrosos.

Yo votaré Sí a los puntos 5, 6 y 7. El 5 y 6 exigen mayor transparencia de todos los funcionarios de elección popular, de una manera que me parece positiva sin ambigüedad alguna. El 7, que limita a tres el número máximo de periodos de un congresista, tiene las virtudes de asegurar una necesaria renovación de ideas en el Congreso y de reducir el alcance del clientelismo. Permite además que no sea siempre el mismo grupo de ciudadanos el que esté representado.

Aunque su alcance es limitado porque algunos de los que ven sus términos vencidos acudirán a la popular práctica de ser re-elegidos en cuerpo ajeno, encuentro que en neto es positivo.

Las propuestas 2, 3 y 4 tienen intenciones que son buenas. Uno busca hacer más transparente y competitivo del proceso de contratación con el Estado.

Otro establece presupuestos participativos para dar voz más directa a las personas en la definición de la inversión pública que los afectan. Y uno más busca hacer más costosos los actos de corrupción.

Si se tratara de expresar nuestra voluntad para cumplir esos objetivos, votaría con todo entusiasmo Sí a estos puntos. Pero la rigidez de los mandatos explícitos en estos tres puntos implica que aprobarlos sería contraproducente.

El punto 4 exige que los presupuestos participativos se implementen a través de audiencias públicas para decidir los presupuestos de inversión de todos los niveles de gobierno. Es muy importante registrar las necesidades más sentidas y las propuestas más brillantes de las personas en los distintos rincones del territorio nacional, y permitir a los ciudadanos una veeduría directa sobre los recursos públicos.

Pero estos objetivos deben balancearse con  otros igualmente importantes: que el mecanismo de decisión recoja las preferencias de muchos en lugar de unos pocos, que priorice los proyectos que mejor combinen beneficiar a muchos con generar un alto impacto en el bienestar de sus beneficiarios, y que no paralice la decisión del presupuesto.

La participación directa puede balancear bien  los distintos objetivos en la escala de presupuestos locales en localidades relativamente pequeñas, pero no en escalas mayores, mucho menos la nacional. Y aún en municipios pequeños o localidades pequeñas de ciudades grandes  una audiencia pública ofrece participación directa sin ningún balance con los objetivos de amplio cubrimiento y eficacia de decisión.

Es fácil imaginar el presupuesto paralizado en espera de agotar la instancia de audiencias. Hay mecanismos mejores que se utilizan en distintos países. Concursos de propuestas y votaciones directas sobre esas propuestas son un ejemplo. Y siempre sólo para una fracción del presupuesto de inversión y en localidades pequeñas. El resto es mejor dejarlo a la democracia participativa, aún con sus defectos.

El punto 2 obliga cárcel a los condenados por corrupción y su muerte definitiva como contratistas. No permite al juez diferenciar entre casos en que el contratista estaba en franca colusión con el funcionario, de aquellos en que hay coerción de parte de funcionarios hacia contratistas cuya única alternativa sería cerrar sus empresas y dedicarse a algo más. Y el 3 exige pliegos tipo en toda entidad del Estado.

¿Cómo garantizar que su implementación no impida la flexibilidad necesaria para que construir un viaducto de enormes proporciones no exija las mismas condiciones que hacer una acera de barrio?

Como con todas las rigideces inoperantes, éstas acabarían “pasadas por la faja”, eso sí, luego de más vueltas. Sofisticarían la corrupción, la harían más difícil de detectar, pero es improbable que la reduzcan.

 El punto que ha despertado mayor controversia, con razón, es el 1. Obliga a reducir el salario máximo de congresistas y altos funcionarios del Estado de 40 a 25 salarios mínimos, lo que implica hoy bajarlo de cerca de 30 a casi 18 millones de pesos.

Aunque, como todos, me indigno cuando sé de un congresista que se embolsilla 30 millones para ni siquiera aparecer una vez a la semana por el Congreso, encuentro que la propuesta es altamente inconveniente.

Una, implica una baja en cascada en los salarios de los demás funcionarios públicos. Los promotores del referendo insisten que esto no es cierto, pero no veo cómo puede no serlo.

El salario de los congresistas es el tope máximo de los salarios en el Estado, porque es el mismo salario del presidente y ningún funcionario puede ganar más que su superior. Los ministros, cuyos salarios están hoy cerca de 18 millones, casi tocan ese nuevo tope y por tanto tendrían que sufrir una reducción. Y de ahí para abajo.

Dos, agrava la crisis de atracción de talento humano al Estado de la que mucho se quejan los presidentes. Por supuesto que 18 millones es muchísimo más de lo que gana el trabajador promedio colombiano. Éste es el argumento pro-equidad con el que se promociona el punto 1 de la consulta.

Pero, para el puesto de ministro usted no quiere reclutar al trabajador promedio. Quiere una persona con características que en el mercado laboral privado recibirían una remuneración mucho mayor. Y tiene que convencer a la persona de que se salga de ese mercado para ir al Estado.

Los grandes dirigentes privados del país ganan tres o cuatro veces lo que un ministro. Tienen derecho a bonos que pueden ser exorbitantes. Y no enfrentan la casi-certeza de acabar en juicios de responsabilidad fiscal o disciplinaria. Es entre esos cargos y los de ministro o magistrado que estas personas están tomando su decisión laboral. Y así para cada alto cargo cuyo salario sería tocado por esta consulta.

Total, el próximo domingo yo votaré tres, no siete, veces sí.